NARCOTRÁFICO EN MÉXICO: UN ESTADO A PRUEBA

Resumen

Desde hace ya más de tres años, México vive una guerra. Este país de 107.8 millones de habitantes, octava potencia económica mundial, sufre un conflicto armado interno que no parece tener fin y del cual su presidente, Felipe Calderón Hinojosa, parece no encontrar salida. La guerra interna entre las autoridades policiales y militares y los poderosos carteles de la droga ha resultado en la aterradora cifra de 13,120 muertes desde el año 2006. 13,120 muertes. En el correr del 2009, las muertes ligadas al narcotráfico en México sobrepasan las muertes en Iraq, con 3,397 contra 2,739 (Reforma). Un clima de inseguridad y de violencia reina en México. Varios medios de comunicación presentan sus “ejecutómetros”, contabilizando las muertes ligadas a la lucha contra el narcotráfico día a día. Como si fuera poco, a estos asesinatos se suma su carácter brutal y macabro: torturas, decapitaciones, secuestros y amenazas. En septiembre 2008, una granada lanzada voluntariamente en una plaza dejó el saldo de 8 civiles muertos y cientos de heridos en Morelia, Michoacán. ¿Cómo se llegó a esta situación?

El narcotráfico en México: un negocio cada vez más lucrativo.

El narcotráfico en México, el comercio de drogas en grandes cantidades, es una mina de oro. El país siempre ha sido productor y corredor de importantes cantidades droga hacia Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra mundial, el cierre de las rutas asiáticas del opio causó una gran penuria de morfina en los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses descubrieron que la región colindante de los tres estados mexicanos de Sinaloa, Chihuahua y Durango era particularmente propicia para el cultivo de la planta adormidera. Años después, resultó que ese “Triangulo Dorado”, era igualmente fértil para el cultivo de marihuana, cuya demanda en los EEUU explotó a partir de los años 1960’. El consumo de cocaína producida en los Andes y transportada por México y el Caribe, también conoció un aumento exponencial, durante los años 1950’ y 1960’ entre las elites norteamericanas y siguió su expansión con el aumento del consumo de ‘crack’ durante los 1980’. Finalmente, a principios de los 1990’, nació un gran mercado de meta-anfetaminas en Estados Unidos, que los carteles de la droga mexicanos no tardaron en controlar.

La actividad del narcotraficante mexicano consiste en responder a la demanda del principal país consumidor de drogas a nivel mundial. En México, un país donde los bajos salarios y nivel de vida tocan a la mayoría de la población, arriesgarse en un negocio ilegal y peligroso, pero muy fructífero, resulta ser una alternativa atractiva. El salario de un policía oscila entre 2000 y 4000 pesos mexicanos mensuales (U$150-U$300). Se estima que trabajar con un cartel garantiza un ingreso por lo menos dos veces superior (http://www.el-universal.com.mx/nacion/152039.html). A la sólida demanda estadounidense y la precaria situación económica de la población mexicana, se puede agregar un elemento más reciente que ha contribuido al aumento del narcotráfico: el exitoso cierre de la entrada de estupefacientes a EEUU a través de la histórica ruta del Caribe, como parte de la lucha contra el narcotráfico llevada acabo por los gobiernos de Colombia y EEUU durante los años 1990’ en el marco del Plan Colombia. México pasó a ser la única ruta de entrada de cocaína andina a EEUU y se contribuyó, así, a valorizar aún más el ya multimillonario negocio.

De la tolerancia silenciosa al ataque frontal

Durante muchos años las autoridades mexicanas optaron por una política de equilibrio, acordando tácitamente en tolerar las actividades ilícitas en cambio de paz civil y, naturalmente, de una parte de las ganancias. Sin embargo, a partir de 1985, EEUU presionó un cambio de actitud después del descubrimiento del cadáver de Enrique Camarena, un agente estadounidense de la DEA (Drug Enforcement Authority) en las inmediaciones de Guadalajara, Jalisco. El caso conmocionó a la opinión pública norteamericana y sus autoridades presionaron a sus pares mexicanas, cuya parsimonia en las investigaciones aumentaron las sospechas de nexos entre altos dirigentes y el narcotráfico. Durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en 1994, EEUU insistió en la necesidad de atacar a los carteles. Con la llegada de Vicente Fox y del Partido de Acción Nacional al poder en el año 2000, empezó el verdadero cambio. El PAN había siempre optado por una política de acción frontal al narcotráfico en sus gobiernos estatales. Felipe Calderón, al declararle la guerra abiertamente al narcotráfico después de su victoria a la presidencia de diciembre 2006, comenzó oficialmente una nueva página.

Varias son las teorías en cuanto a las motivaciones de Calderón para hacer de la lucha contra el narcotráfico un pilar fundamental de su sexenio. Los más escépticos consideran la iniciativa como una manera eficaz de distraer a la opinión pública de la campaña de deslegitimación contra Calderón, llevada acabo por su rival derrotado en diciembre 2006, Andrés Manuel López Obrador. De igual manera, enfrentar al narcotráfico significó presentarse como el hombre fuerte del momento. Otros ven la iniciativa como una continuación lógica a una situación ya insostenible que revela la inherente debilidad de un Estado mexicano, incapaz de controlar la integralidad de su territorio. Al llamar al ejército y movilizar 45.000 de sus soldados y 5.000 policías federales en toda la República, Calderón contaba con atacar rápida y mortalmente a los cárteles. Sin embargo, la iniciativa se atascó frente a dos obstáculos. Por un lado, el poder de los carteles. Se estima que los carteles movilizan alrededor de 150.000 personas, cifra similar al número de soldados del ejercito mexicano, y que el ingreso de la venta de drogas en EEUU se eleva a entre U$15 a U$25 billones de dólares anuales. Este dinero financia la compra de armas y la corrupción a las autoridades. Por otra parte, la administración se enfrenta a los viejos problemas estructurales del estado mexicano.

Corrupción endémica y ejército abusivo.

La corrupción es quizás el mayor obstáculo de la administración de Calderón, verdadero cáncer que abarca todos los niveles de gobierno. A fines de mayo de este año, 10 presidentes municipales y 18 oficiales de policía y de gobierno fueron arrestados por presuntos nexos con el narcotráfico. En noviembre 2008, dos ex-dirigentes de Interpol-México fueron arrestados por la misma razón. En diciembre del mismo año, Calderón declaró que, desde el inicio de su campaña, 11.500 empleados públicos habían sido sancionados por corrupción ligada al narcotráfico.

Como si ésto fuera poco, Calderón debe enfrentarse a fuertes críticas de organizaciones de defensa de derechos humanos que reciben a diario denuncias de abusos por parte del ejército. Un informe de Human Rights Watch, publicado en abril, presenta casos de “crímenes atroces”, como desapariciones, asesinatos, torturas y violaciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó 1.200 denuncias contra el ejército durante el año 2008.

EEUU: Una estrategia errada

A pesar de estos obstáculos, Calderón cuenta con el apoyo de una aliado no menor: EEUU. Este apoyo se cristalizó en octubre 1997 a través de la Iniciativa Mérida, acuerdo firmado entre George W. Bush Jr. y Felipe Calderón que prevé una ayuda de U$1.4 billones durante tres años, a través de entrenamiento y tecnología. ¿Pero es ésta la solución adecuada al problema? El Servicio de Investigación del Congreso de EEUU publicó recientemente su último informe sobre la violencia ligada al narcotráfico en México. En éste se precisa cual es el rol de los EEUU en esta lucha:

- “Brindar asistencia a México para vencer a los carteles y terminar con la violencia
- Tomar medidas del lado estadounidense de la frontera para impedir empresas de contrabando
- Evitar y prepararse para un eventual desborde de violencia del lado estadounidense”

Retomemos la famosa metáfora de Franklin D. Roosevelt, en alusión a la ayuda a Inglaterra en su lucha contra la Alemania nazi: si la casa de mi vecino se incendia, es natural que yo le preste mi manguera. Hoy, la violencia del narcotráfico en México es el incendio. Y naturalmente, hay riesgos de contagio a EEUU. Los carteles tienen capacidad de distribución en 230 ciudades de EEUU y asesinatos y secuestros ya han tenido lugar en Phoenix, McAllen, Dallas, Las Vegas y San Diego. ¡Sin embargo, el vecino de la manguera parece ignorar que desde su garaje, una importante fuga de gasolina está nutriendo el fuego de la casa de su vecino en llamas!

La actitud y las medidas de EEUU reflejan una visión centrada únicamente en la garantía de la seguridad física de sus ciudadanos. Son medidas coyunturales y superficiales. Omiten la raíz del problema: la demanda de drogas desde EEUU es la principal causa del narcotráfico. Asistir a México militarmente y reforzar la seguridad fronteriza no es más que atacarse a la punta del iceberg. A esta demanda sólida y eterna, se agrega el hecho siguiente: el flujo de armamento de EEUU a México se estima en 2.000 armas por día. Se pueden comprar en las 7.000 tiendas que se encuentran en los estados del lado norte de la frontera. Por estas razones, hasta que EEUU no tome medidas radicales apuntando a bajar drásticamente el consumo de drogas y regular la venta de armas, su ayuda será de corto alcance.

Un combate crucial para el Estado mexicano

El actual esfuerzo de Calderón por erradicar el narcotráfico del país esconde una vieja realidad: México es, sin duda alguna, un estado, pero es un estado débil y cuyas instituciones sufren una grave falta de credibilidad entre su población. Sorprende entonces que Calderón pensara que la tarea podría ser corta. Basta con visitar varios estados mexicanos para descubrir lugares recónditos donde la presencia estatal no existe o es fuertemente contestada. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, se ven aún los conocidos paneles informando al pasante la entrada en territorio zapatista : “Zona Zapatista: Aquí el pueblo manda y el gobierno obedece”. En dichos territorios, los zapatistas controlan la producción y administran escuelas y regulan el consumo de alcohol. Por otra parte, las instituciones estatales sufren de muy poca credibilidad y son más bien asociadas con corrupción e ineficacia. 90% de los secuestros no son denunciados a las autoridades por miedo a que éstas negocien con los secuestradores.

México vive actualmente un momento sangriento de su historia. Sin embargo, es un momento crucial. Después de haber puesto fin a 71 años de poder del PRI, una eventual victoria contra los carteles de la droga significaría otro logro histórico y un estímulo de credibilidad y legitimidad que permitiría a los mexicanos creer en sus instituciones. El desafío es inmenso. Últimamente, autoridades mexicanas y estadounidenses han convenido en la necesidad de cooperar contra un problema que les concierne a ambos. Las declaraciones de Obama, durante su última visita en abril, parecen vislumbrar una visión más amplia del problema de parte de la administración estadounidense: “…más de 90% de las armas incautadas a los narcotraficantes en México vienen de los EEUU.” Admitiendo así que EEUU es parte del problema, dicho país debe, en lugar de ofrecer paliativos puntuales, atacarse a la raíz del fenómeno, con medidas de envergadura y profundidad, si es que desea evitar la inestabilidad de su vecino al Sur y el riesgo de contagio de la ola de violencia en su territorio.

*Licenciado en Historia y Ciencia Política
Candidato a Maestría en Ciencia Política 
Universidad de Paris I, Panthéon-Sorbonne