La "Epidemia Andina". Colombia: ¿un nuevo foco?

Resumen

Las aspiraciones presidenciales a perpetuarse en el poder parecen expandirse en la región andina casi por contagio. Durante los últimos meses, se han producido varias reformas constitucionales que han habilitado la figura de la reelección presidencial en sus diversas manifestaciones, fortaleciendo así la concentración del poder en las personas en desmedro de la institucionalidad.

El primer brote se originó en Ecuador. En setiembre de 2008, mediante referendo popular, el pueblo ecuatoriano aprobó la reforma constitucional promovida por el presidente Rafael Correa que habilita la reelección presidencial. A partir de esta reforma la Asamblea Nacional, bajo el denominado “régimen de transición”, adelantó las elecciones presidenciales a conveniencia y Correa fue reelecto con el 51,9% de los votos. Como la nueva Constitución desconoce el gobierno anterior de Correa, éste podrá ser candidato para un tercer mandato.

En la misma línea, en octubre de 2008, el presidente de Bolivia Evo Morales, en un intento fallido de imitar la fórmula de Correa, tuvo que negociar con la oposición y renunciar a su aspiración de tres mandatos consecutivos para asegurar así la reforma constitucional que él propició, pero que sólo permite una reelección. Mediante un referendum popular en enero de este año, la reforma fue aprobada y en diciembre Evo Morales tendrá la posibilidad de ser reelecto.

El tercer brote se produjo en febrero de este año. A través de un referendum popular, el presidente venezolano Hugo Chavez –después de un primer intento frustrado- logró reformar la Constitución venezolana para postularse indefinidamente a las elecciones presidenciales. Este triunfo de Chávez ha sido otra instancia de acumulación de poder que hace evidente el vicio que no ha podido abandonar desde hace ya más de diez años.

Salvando las diferencias, la República de Colombia transita una situación similar, aunque aún no hay nada definido. El martes 19 el Senado de ese país aprobó con 62 votos a favor y sólo 5 en contra, un proyecto de ley para convocar a un referendum popular para la segunda reelección del Presidente Álvaro Uribe en el 2010. Anteriormente, la Cámara de Representantes sancionó en diciembre del año pasado el proyecto de reelección presidencial que fue promovido por inciativa popular a través de la recolección de aproximadamente cinco millones de firmas. Sin embargo, por un error en la redacción del proyecto, la segunda reelección únicamente sería posible en el 2014.

Por lo tanto, aún faltan tres etapas importantes para la concreción de la reforma constitucional. La concertación entre las comisiones de ambas cámaras para elegir por mayoría simple uno de los dos proyectos (aparentemente se llegría a un acuerdo); la revisión de la legalidad del proyecto en la Corte Constitucional que podría demorar varios meses; y el triunfo del referendo por mayoría absoluta en las elecciones que, adicionalmente, deberán alcanzar una participación de al menos un cuarto del censo electoral (7.2 millones de electores).

En Colombia se ha instalado una discusión que, en el fondo, no es más que la extensión de uno de los debates clásicos de la filosofía política, el de la conveniencia del gobierno de las leyes o del gobierno de los hombres. En términos actuales y aplicados al caso, no es más (ni menos) que el dilema entre la perpetuación democrática en el poder de un presidente exitoso o la salud de las instituciones democráticas y el equilibrio de poderes.

Colombia ha padecido la guerra civil más duradera de Américia Latina. Se trata de un conflicto de más de 50 años que ha dificultado el desarrollo de la democracia y que ha puesto en jaque el monopolio legítimo de la fuerza del Estado dentro del territorio que lo comprende. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son un claro ejemplo de un movimiento guerrillero financiado por el narcotráfico que ha violado el principio antes mencionado, como también lo son los grupos paramilitares que nacieron a raiz de la violencia como contrarrevolucionarios que actúan más allá de la ley.

En ese marco de inestabilidad política y de debilidad del Estado colombiano, Álvaro Uribe asumió como presidente de Colombia (con sólo 49 años) en 2002. Desde entonces, su principal logro ha sido justamente una reducción significativa de la violencia mediante la “Política de Seguridad Democrática” basada en la lucha directa contra las FARC y el narcotráfico en el marco del “Plan Colombia”. La estabilidad que ha logrado el gobierno de Uribe, sumada al éxito en materia económica, ha consolidado la popularidad del mandatario. Esto lo condujo a ser reelecto en 2006, luego de la reforma consititucional que impulsó su gobierno para hacer posible dicha reelección.

La popularidad de Uribe se ha mantenido desde entonces y actualmente es uno de los presidentes de América Latina con mayor porcentaje de aceptación en su país. Esta realidad política, que refleja claramente su capacidad de liderazgo, hace plausible la reforma de la Constitución (proceso que ya está en juego y que se inció popularmente) y presenta una oferta tentadora para Uribe, quien deja correr el proyecto sin pronunciarse al respecto.

Según el filósofo político Norberto Bobbio, el argumento más fuerte para el gobierno de los hombres es el “Estado de excepción”, porque históricamente, estos gobiernos han aparecido cuando el gobierno de las leyes muestra su inconveniencia frente a las crisis.  Este argumento podría justificar la primera reelección de Uribe, pues, podría sostenerse que era necesaria para continuar una política exitosa que necesitaba la determinación y la capacidad de liderzgo del presidente colombiano para intentar curar al país, definitivamente, de su enfermedad más grave. Lo que traería aparejado sería en realidad un fortalecimiento institucional.

El problema se produce cuando el incremento del poder personal conduce al debilitamiento de las instituciones. La Constitución colombiana de 1991 ha sufrido once modificaciones a la fecha y la reforma que propone la segunda reelección presidencial podría convertirse en la décimo segunda. Adicionalmente, hay dos proyectos de reforma consitucional (uno que pretende declarar el agua como un derecho fundamental y el otro que establece la pena de muerte para los violadores de menores) que también serán sometidos a referendum.

Al tratamiento de la Constitución como una especie de borrador se añade el clima de tensión política por las ya habituales denuncias a varios senadores de la coalición - entre ellos el Senador Mario Uribe, primo del presidente- por tener vínculos con grupos paramilitares. También genera ansiedad el escándalo por las denuncias a tres funcionarios del Departamento de Seguridad Administrativa por el supuesto espionaje a opositores, miembros de la Suprema Corte de Justucia y periodistas.

Por estos motivos y otros, la renovación es necesaria para evitar la concentración del poder en manos de una persona. El éxito de un país no depende ni debería depender de una sola persona. Un país donde eso es imaginable es un país que no ha conocido un gobierno de las leyes real, pues, las instituciones democráticas son los anticuerpos de la concentración del poder personal.

El cuadro aún no se ha completado para realizar un diagnóstico, pues, faltan algunas etapas por concretarse, pero son varios los síntomas que sugieren la aparición de un nuevo foco. El que calla...otorga.

(1) Aclaro que por gobierno de los hombres, me refiero no a un gobierno que no respeta las reglas de juego sino a un gobierno que las modifica mediante el debido proceso para fortalecer su poder en detrimento de las instituciones.

 
Lic. en Estudios Internacionales. 
Universidad ORT - Uruguay