LA MANIPULACIÓN DEL ÍNDICE DE INFLACIÓN EN ARGENTINA - Parte I

Resumen

Argentina ha estado gobernada desde 2003 por una particular coalición política denominada kirchnerismo. El primer mandato fue encabezado por Néstor Kirchner entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007. Por primera vez en la historia moderna de las democracias occidentales, Kichner pasó el bastón de mando a su esposa, Cristina Fernández de Kichner. Cristina Fernández fue reelecta en 2011 y dejará el poder en diciembre de 2015. La temprana muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010 imposibilitó la aspiración de sucederse en el poder salteándose la cláusula constitucional que prohíbe la reelección indefinida.

El ciclo político kirchnerista se ha caracterizado por la sucesión de acontecimientos extraordinarios. Desde su propio origen, este proceso político enfrentó una coyuntura crítica. Desde ese origen excepcional se puede entender el amplio apoyo popular posterior. El kirchnerismo fue capaz de consolidar su poder a partir del uso y abuso de las situaciones excepcionales. Así, llevó a cabo una excepcional reestructuración de la deuda en default, realizó un (excepcional) pago de todo lo adeudado al FMI en diciembre de 2005, incrementó en forma notable la participación del gasto público en la economía y alcanzó tasas de crecimiento muy altas en el período 2003-2011 (con la sola salvedad de 2009).

Lo excepcional en el kirchnerismo se encuentra íntimamente relacionado a la sistemática vocación de violentar las reglas de juego. Siguiendo esa premisa es que nos planteamos analizar la incapacidad de las 3 administraciones Kirchner para lidiar con la creciente tasa de inflación. ¿Qué es la inflación? Por cierto, el aumento sostenido de los precios pero, más aún, es una manera no brutal de violar los derechos de propiedad.

Es decir, cuando el problema de la inflación dejó de tener potenciales soluciones excepcionales, la primera administración Kirchner (2003-2007) fue incapaz de pensar y articular soluciones previsibles y razonables. En cambio, tomó la inédita decisión de comenzar a manipular el índice de precios al consumidor (en adelante, IPC). Así, encontró una manera excepcional (e ilegal) de lidiar con un problema no excepcional.

Un poco de historia

La economía argentina colapsó en diciembre de 2001 con la salida de la Caja de Conversión o Convertibilidad. La economía se encontraba en recesión desde mediados de 1998 por lo que la fuerte devaluación post convertibilidad hizo que la tasa de inflación se estabilizara ya en el año 2003.

Como mencionamos, el kirchnerismo aprovechó al máximo la combinación de un escenario político y económico excepcional pero no pudo adaptarse a la resolución eficiente y razonable de un problema normal. Este problema normal consistía en una tasa de inflación creciente debido a un tipo de cambio artificialmente competitivo en un contexto de creciente gasto público y donde un ineficiente proceso de sustitución de importaciones repercutía en una baja productividad. Es decir, la inflación se convertía en el problema clásico de una economía con un tipo de cambio competitivo que, a su vez, enfrentaba la ausencia de crédito e inversión.

Ante este cuadro clásico de un problema clásico, el kirchnerismo no quiso o no supo articular una respuesta clásica. Sin embargo, el grado de excepcionalidad que le incorporó a su respuesta supuso el comienzo de una sucesión de violaciones a los derechos de propiedad que tienen y seguramente tendrán consecuencias serias.

Por su parte, la manipulación del índice de inflación tuvo como consecuencia el incumplimiento del pago del bono atado a dicho índice. Por cierto, la manipulación del IPC ha contribuido a manipular la variación del PIB. Esto se debe a que ante una cantidad de bienes dada, la sub-representación de sus respectivos precios supone una sobre-representación de la cantidad de bienes existentes en una economía. Argentina había emitido bonos para la reestructuración de su deuda que se encontraban atados a la evolución del PIB y ello ha tenido la consecuencia de pagar dos mil millones de dólares adicionales. El bono atado al crecimiento del PIB suponía un aliciente para el potencial acreedor que apostara por el buen desempeño de la economía argentina. Es decir, era una manera de asociarlo en la bonanza para generar un “afecto societatis”. Como mencionamos, ello derivó en una situación totalmente distinta: el gobierno argentino no sólo pagó dos mil millones de dólares adicionales sino que lo hizo cuando no correspondía (profundizaremos sobre esta cuestión en la segunda parte de este trabajo).

El IPC comenzó a manipularse en enero de 2007. La variación entre el indicador formal y el indicador real fue obviamente divergiendo crecientemente. En marzo de 2014, el ministro de Economía Axel Kicillof introdujo un nuevo índice, incorporando en la canasta la evolución de bienes y servicios de todo el país en lugar del IPC clásico, que contenía una canasta de bienes y servicios del área metropolitana (que está constituido por el conglomerado urbano de la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires). Después de 5 meses de vigencia del nuevo índice, ya es posible comenzar a dudar de su rigurosidad.

¿Cuál es la relación entre la manipulación del IPC y el nuevo problema que enfrenta Argentina a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos confirmando la sentencia anterior del Juez de Distrito del Estado de Nueva York Thomas Griesa? La relación es directa: según el juez Griesa, Argentina no ha tenido buena fe y ha intentando dilatar todo lo posible la normalización de la parte impaga de la deuda, a cuyos tenedores se los denomina popularmente como Fondos Buitres.

Argentina no ha normalizado su frente externo en parte porque no ha querido, y eso refleja mala fe y en parte porque no ha podido, y esto refleja la imposibilidad de salir al mercado voluntario de deuda para un país que es percibido no sólo como mal pagador sino como un actor que no tiene interés en modificar sus conductas pasadas.

Como último punto de esta primera parte, es necesario marcar que la manipulación del IPC ha sido otra forma menos violenta pero igualmente nociva de violación de los derechos de propiedad por parte del Estado argentino. Sin embargo, es sorprendente la subestimación que el gobierno y la clase dirigente argentina hicieron de esa situación. La violación sistemática de los derechos de propiedad por parte de un gobierno y la indiferencia al respecto que refleja la sociedad contribuyen a generar una incertidumbre que en el corto plazo redundará en el nivel de la tasa de interés y en el mediano redundará en la imposibilidad de acceder al mercado de crédito internacional. En ese sentido, Argentina tiene vedado incluso el acceso al financiamiento a través del FMI.

Cristina Edbrooke es Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina), donde ha sido Profesora Adjunta de Historia Económica.