La Nacionalización K

Abstract

La Argentina tiene como una de sus características centrales la ausencia del punto medio, es un país en el que los consensos son raramente buscados y donde las decisiones en materia política y económica suelen pasar de un extremo al otro.

Tal vez un análisis sobre esta característica tan particular, se puede hacer tomando como base la relación del estado con las empresas privadas, no solo las que ofrecen aquellos servicios básicos, sino también las ubicadas en otros sectores de la economía.

Y, es que en los años noventa, el estado argentino se desprendió en poco tiempo de todas las empresas públicas, desde el agua hasta la luz, pasando por su línea aérea y el transporte ferroviario, con el fundamento, no irreal, de que las mismas eran deficitarias, ineficientes y mal administradas.

Este proceso de privatización siempre fue considerado, por la mayoría de los analistas, como un proceso cargado de desprolijidades, tanto en la relación contractual que el estado establecía con los nuevos propietarios como con las obligaciones que los mismos asumían como nuevos concesionarios de dichas empresas.

El resultado en algunos casos, no en todos, fue un mal servicio, caro, con bajo nivel de inversión, y lo que es peor, con la sensación constante por parte de la población de que se encontraban frente a una pérdida de sus recursos más preciados, incluso en sectores como la telefonía, donde era clara y notoria la mejora de la situación post privatización.

Así como los noventa marco esta tendencia, la implosión económica que significo la crisis del 2001/2002, comenzó lentamente a sembrar la semilla de que el camino correcto no estaba en la concesión de empresas estatales, sino que volvió a surgir lenta, pero constantemente, la lectura de que el estado podía y debía ofrecer a los argentinos esos servicios, de forma eficiente y con ganancias que no fueran “expropiadas”.

Si bien el gobierno de Eduardo Duhalde fue un gobierno de transición, ya era notoria la sensación de que en el mediano plazo, el camino de la renacionalización era una opción que estaba cercana.

Ya con Néstor Kirchner, en mayo del 2003, se comienza a recorrer ese camino, a través de la nacionalización de algunas empresas, como el Correo Argentino o Aguas Argentinas, que retornan a la órbita estatal para su administración, bajo el argumento de ausencia de inversiones o tarifas elevadas.

Estos dos no fueron los únicos casos, si bien los más notorios, ya que se tratan de empresas con un amplio alcance nacional en su red de servicios.

Pero un nuevo capítulo se acaba de abrir con la reciente eliminación del sistema de administración privado de jubilaciones (AFJP). Y es que las AFJP tenían como opción de inversión la posibilidad de colocar parte de los fondos administrados en acciones de empresas que cotizaran en la bolsa de Buenos Aires.

Si bien la participación de las AFJP en las distintas empresas es variada, lo cierto es que el sistema anterior permitía a las administradoras a suscribir hasta el 5% de las acciones de una compañía, y estas a su vez, podían colocar hasta el 25% de sus acciones entre las AFJP.

De esta forma entonces, hay empresas que colocaron ese 25% que la ley les autorizaba a través de cinco AFJP distintas, pero, como la nueva ley elimina las AFJP y el Estado Argentino pasa a ser el administrador de todas la inversiones de las AFJP, se da la situación de que el Estado pasa simultáneamente a ser el accionista del 25% de varias empresas.

Esta situación no es menor ni irrelevante, ya que implica de facto, la participación accionaria del Estado en empresas tan variadas como el Banco Galicia, Molinos Rio o Telecom.

Si bien es temprano para anticipar que hará el Estado con esas acciones, no es inconcebible pensar que pueda a llegar a exigir una mayor participación en la toma de decisiones, a través de un delegado en los directorios respectivos o incluso, de presiones no deseadas ni buscadas, como las observadas en Venezuela en los últimos años.

Sin duda no es el mejor momento de caja del gobierno para aventurarse en expropiaciones totales, pero este proceso comenzado en 2003 no carece de un fundamento ideológico, que si bien es rechazado por parte de la sociedad argentina, encuentra en variados sectores, la atractiva posibilidad de volver a ser parte en la administración y reparto de valiosos recursos.

Profesor de Comercio Internacional. FACS - ORT