Nicaragua: entre la política y la guerrilla

Resumen

El pasado domingo 9 de noviembre los nicaragüenses votaron a los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales en 146 de los 153 municipios del país (habiendo sido postergados para el 2009 aquellos pertenecientes a la Región autónoma del Atlántico Norte, debido a las importantes secuelas del huracán Félix).

Lo que podría ser pensado como un simple proceso de acción cívica, se ha convertido en un conflicto que ya ha cobrado al menos dos muertos y una decena de heridos en enfrentamientos ocurridos en la capital del país. Los disturbios comenzaron a raíz de reclamos del partido de oposición, de tendencia “derechista”, por supuestas irregularidades en el proceso de escrutinio.

Los principales protagonistas del conflicto son los simpatizantes del partido en el gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y los del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC); las dos fuerzas políticas con más posibilidades de triunfar en las elecciones.

En realidad cabe comenzar por reconocer que estas elecciones se han tornado dificultosas no por azar, sino por el largo proceso histórico que, siendo igual de conflictivo, ha llevado a Nicaragua hacia un gobierno “fuerte” pero de democracia débil…

En buena parte del siglo XX (entre 1934 y 1979) el país centroamericano fue dirigido por la “dinastía” de los Somoza, influyente familia que engendró un régimen cada vez más autoritario y caracterizado por reiteradas sino sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

En parte por tal motivo, un movimiento político de oposición, con fuertes bases de izquierda, es creado en 1961; el Frente Nacional de Liberación Sandinista (FSLN), así denominado en honor a César Augusto Sandino, considerado héroe de la resistencia nicaragüense contra la ocupación norteamericana. Desde sus inicios, el movimiento se mostró en contra de los Somoza, de la influencia norteamericana y a favor de establecer un régimen socialista.

Tras años de formación y movilización armada, en 1978 el FSLN se levanta en armas contra el gobierno “dinástico”, desatándose así una serie de sangrientos combates entre el gobierno y la oposición. Tras varias vicisitudes guerrilleras, los sandinistas se hicieron con el gobierno de Nicaragua en julio de 1979.

Una vez en el poder, el FSLN, liderado por Daniel Ortega, propugnó una política de repartición de tierras de los latifundios, la nacionalización de la banca así como la expropiación de los bienes de la familia Somoza. Sin embargo, no practicó una política económica de estilo soviético, ni acabó totalmente con las libertades individuales, cívicas o partidarias

El nuevo gobierno de Nicaragua era, sin dudas, disfuncional para los intereses de Estados Unidos, el cual, todavía en plena Guerra Fría, consideró al país centroamericano como un peligroso aliado de la unión Soviética.

Por consiguiente, Washington comenzó acciones orientadas a derrocar al régimen sandinista. Para el año 1981, el gobierno de Reagan, con el argumento (absolutamente cierto) de que los sandinistas brindaban apoyo al movimiento guerrillero de El Salvador, bloquea económicamente a Nicaragua y organiza, financiándolo a través de la venta de armas de manera ilegal a Irán, un movimiento contrarrevolucionario (principalmente compuesto por ex-somocistas) denominado “Los Contras” (hecho negado, luego, por el Senado norteamericano, causa del escándalo denominado Irán-Contras).

Los sandinistas respondieron a este intento "contrarrevolucionario" con nuevos levantamientos armados y así se desencadenó, nuevamente, una situación de guerra que dejó como saldo a más de 38.000 muertos e importantes pérdidas materiales y económicas.

La contienda logra resolverse en 1988 mediante conversaciones entre el gobierno sandinista y “Los Contras”. Al año siguiente se llega a un acuerdo en donde se pactaba la disolución de los últimos y la creación de reformas constitucionales que “garantizaban” la coparticipación política. Los sandinistas se mantendrían de esa forma en el poder hasta 1990, cuando son desplazados en las urnas por el Partido Liberal, antecedente del actual PLC.

El liberalismo nicaragüense había nacido a mediados del siglo XX (1944), en contra de la pretensión continuista de los Somoza, y fue consolidada instrumentando la confluencia en el Partido Liberal Independiente (PLI) -un partido “paraguas” de las distintas corrientes del liberalismo-, que, en muchos casos, había transitado por caminos más conservadores que estrictamente liberales. Dos grandes consignas ideológicas caracterizan a esta corriente política y en su mera enunciación queda explícito el carácter ambiguo del liberalismo nicaragüense: la fidelidad a la Iglesia y las bondades del sistema democrático representativo.

Regresando ya al presente, la campaña electoral culminó oficialmente el pasado 5 de noviembre; los partidos desde entonces se encuentran a la espera de la publicación de los resultados oficiales, a realizarse el próximo domingo 23 (según el calendario oficial de las elecciones). Como dijimos, los partidos candidatos son: la Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderado por el presidente Daniel Ortega, y la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC), encabezado por el ex presidente Arnoldo Alemán (condenado a 20 años de cárcel por delitos de corrupción durante su gestión de 1997 a 2001). También son candidatos el Partido Alternativa por el Cambio, la Alianza Liberal Nicaragüense y el Partido de Resistencia Nicaragüense.

¿Cuál es la raíz del problema? Los partidos históricos se disputan el control de la alcaldía de Managua, capital, región más desarrollada (económica e industrialmente) y principal fuente de ingresos por impuestos del país. El candidato a alcalde por el FSLN es el ex boxeador Alexis Arguello, teniendo por rival de derecha al banquero liberal Eduardo Montealegre. Hay varios intereses en juego. Al parecer, la oposición busca convertir las elecciones en un referendo contra el gobernante del FSLN mientras este último busca obtener la victoria en la mayoría de los 146 municipios, lo que se traduciría en un voto de confianza para Ortega que le permitiría avanzar en su proyecto de reforma constitucional para garantizar su reelección presidencial. El FSLN propondría entonces negociar reformas con el Partido Liberal, con la intención de instaurar un sistema semi-parlamentario que cerraría aún más los espacios de poder y participación a otros grupos.

La campaña fue una dura batalla electoral. Los sandinistas no perdieron su tiempo y se enfocaron en proclamarse vencedores por todos los medios posibles, muchos de ellos populistas. Sin dudas no escatimaron recursos, dado que proporcionaron casas, créditos, bicicletas, cocinas y tanques de gas a sus partidarios y personas menos favorecidas económicamente. También fumigaron viviendas, autorizaron reducir la tarifa de luz, bajaron el precio de algunos productos de primera necesidad (como el arroz). Asimismo, según la oposición, no han dudado en desalentar el voto a los adversarios con campañas publicitarias amenazantes y agresivas que, según dicen, buscaban fomentar el temor y la abstención (siendo Nicaragua el único país de Centroamérica que permite el voto voluntario) de sus partidarios en los comicios.
La elaborada campaña política de los sandinistas les valió liderar los sondeos que se han traducido a los hechos: según un primer escrutinio del Consejo Supremo Electoral (CSE), el FSLN tendría ventaja en al menos 101 de las 146 municipalidades, incluyendo, por supuesto, la de Managua, donde se suscitó el problema luego de las elecciones. La oposición ha denunciado irregularidades en el proceso de escrutinio, diciendo que sólo se están haciendo públicos los resultados en las juntas en las que venció el FSLN y reclama nuevos conteos ante posible fraude electoral.

Según informan los medios locales, varios ataques se suscitaron luego de las votaciones: primero una caravana del PLC fue atacada por desconocidos, lo que provocó aguerridos enfrentamientos entre ambas partes que concluyeron en la muerte de José Estaban Sandoval (fiscal del PLC) y en la de una niña de ocho años. Asimismo, un grupo de simpatizantes del PLC apedreó la residencia de Edén Pastora Gómez, conocido como Comandante Cero (quien, en 1978, lideró un comando sandinista que asaltó el Palacio Nacional e hizo rehenes a los legisladores presentes) aliado del presidente Daniel Ortega.

A raíz de los acontecimientos, los habitantes de Managua se muestran temerosos de más violencia dado que no se descarta que en las últimas horas se produzcan más manifestaciones por parte de la oposición.

Lo intrincado de la situación no culmina allí, puesto que al parecer, el candidato Montealegre se encuentra convencido de que ha ganado las elecciones, denunciando fraude electoral por parte del oficialismo, y ha solicitado la intervención de organismos nacionales e internacionales (como la OEA) para un racconto en todas las Juntas Receptoras de Votos del país (acto al cual se había negado previamente el Tribunal Electoral). Los opositores al gobierno sandinista, han denunciado también una supuesta intervención de Caracas. Acusan al sandinismo de haber recibido dinero del presidente Hugo Chávez para su campaña, a través de dos embarques de combustible a Nicaragua, para que las alcaldías sandinistas destinaran el producto de su venta a promover la candidatura de Ortega. Hecho que, de ser confirmado, constituiría una flagrante violación del Derecho Internacional, que condena, de manera explícita, cualquier tipo de intervención extranjera en los asuntos internos de un país.

Por su parte, los sandinistas acusan a los liberales de utilizar fondos de campaña provenientes del lavado de dinero, producto de fondos desviados al Estado de Nicaragua. De ser probado esto, el PLC sería suspendido de inmediato por personería jurídica (según la Ley Electoral, artículo 72). No sólo se vería frustrada su campaña política, sino que además, todos sus gobiernos electos, además de sus diputados, tendrían que ser destituidos ipso facto: esto llevaría a Nicaragua a la peor crisis política de su historia, porque ni siquiera se podría llamar a una Asamblea Constituyente.

No cabe duda que la histórica política de “hacienda” aún perdura en el país. La política, fielmente aliada del ámbito social, aún encuentra sus mecanismos de acción más eficaces en él; confabulándose una peligrosa mezcla entre la sociedad y la política. De no separarse estos dos ámbitos, es natural pensar que ocurran disputas políticas como las que actualmente está viviendo el país.

Una escritora y autora nicaragüense, Sofía Montenegro, en un análisis sobre su actualidad nacional -y en referencia a la figura de la iglesia católica-, ha comentado que debido a la casi nula secularización del Estado nicaragüense, el país vive en la actualidad en un período de “inhibición” de la modernización, persistiendo un pensamiento pre-moderno. De hecho, la educación clerical que reciben los ciudadanos, los ha hecho, según la autora, seres pasivos y sumisos, confluyendo en lo que ella ha denominado (brillantemente) un “pragmatismo resignado”. De ser cierto esto, la población nicaragüense debería estar sumida en la impotencia, social, política y cultural; lo que ha contribuido, sin duda, a que la sociedad misma reaccione de esta manera ante un problema como el actual. Si a esto le sumamos un sistema político elitista, que aún mantiene relacionado el providencialismo con el autoritarismo, se produce como resultado, el obvio aislamiento cultural de Nicaragua, como bien diría Sofía Montenegro.

No cabe duda, que el país centroamericano, con su presente casi igual a su pasado, tiene serias carencias institucionales: una democracia de pocos y para pocos. No es de extrañar el comportamiento de los simpatizantes sandinistas y liberales: si las masas están desesperadas y la política sigue caminos de los intereses de unos pocos, ese vacío institucional deja a una Nicaragua vulnerable, frente a cualquier intento de quiebre del orden constitucional.

Estudiante de la Licenciatura en Estudios Internacionales.
FACS - ORT