“ARGENTINA CUESTA ABAJO”

Resumen

El martes 10 de diciembre, nuevamente la Argentina le demostró al mundo su profunda incapacidad de organizarse políticamente de manera mínimamente democrática, ciudadana, solidaria y pacífica.

Ese día el Gobierno argentina emperifollaba el centro de Buenos Aires para festejar 30 años de Gobierno en “democracia” (casi todos bajo dirección peronista). La presidenta Cristina Fernández, a pesar de que ha reducido en forma tajante su exposición pública, tenía ya planeado pronunciar un discurso en Casa Rosada. Formaba parte de los festejos un concierto al aire libre con la actuación de grandes artistas locales (de corte “nacional y popular”, faltaba más) para que la población notara el profundo apego del gobierno peronista para con la democracia.

En un acto insólito, el gobierno había previsto la invitación de los cuatro expresidentes –(Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde y a la familia de Raúl Alfonsín)- que estuvieron al mando del país durante el período “democrático”. Con la excepción de De la Rúa y Alfonsín, los otros fueron todos conspiradores conspicuos contra sus más diversos correligionarios peronistas por lo que, programar una serie de ceremonias en la que se pretendía poner en evidencia los supuestos valores de continuidad institucional, civilismo y solidaridad nacional lindaba entre el mal gusto o la tomadura de pelo.

Pero hay veces que la historia, siempre partera de imprevistos, se encarga de poner las cosas en su sitio. Los años de corrupción oficial y societal, los ataques sistemáticos a distintos sectores de la sociedad, el mandoneo rutinario sobre la población y la profunda vocación anti-democrática que, en realidad, reinó durante todo el período “festejado” (quedan obviamente excluidos De la Rúa y Alfonsín de este diagnóstico) repentinamente mostraron sus frutos.

El acto se transformó radicalmente. Desde algunos días antes, los saqueos estaban en vías de generalizarse en varias de las provincias del país, mientras que la “nomenklatura” kirchnerista se aprestaba a jugar a la fiesta de “la democracia”. En un municipio cercano a la ciudad de Buenos Aires, el supermercado de un integrante de la comunidad china fue asaltado por las turbas de “piqueteros”, incendiado el local y muerto el propietario que pretendía defender algo llamado “derecho de propiedad”.

Mientras tanto, en la ciudad de Córdoba, ante el retiro y acuartelamiento durante 35 horas de la policía de la provincia por sus reclamaciones salariales no satisfechas, centenares y centenares de locales de todo tipo fueron vaciados y destruidos. Casi simultáneamente en la provincia de Entre Ríos se repetían las escenas de Córdoba en Concordia. Lo de Córdoba en particular fue el doble disparador para dos fenómenos que se dieron en paralelo. Por un lado, ante el aumento de urgencia otorgado a la policía de la Provincia, el reclamo policial se generalizó. En más de una docena de provincias del país los reclamos policiales se dispararon. El gobierno nacional y los provinciales cedieron, más o menos rápidamente, a aumentos demenciales e impagables. En el interim, mientras se buscaban arreglos con las policías, el caos, el saqueo de locales y el ejercicio de la violencia más disparatada se extendió por buena parte de la Argentina causando, en el momento que se escribe esta nota editorial, ya once muertos, un número indeterminados de heridos y daños de montos difíciles de calcular ya que se calculan en unos 1900 los comercios atacados, saqueados y destruidos.

Alcanza con ver las tomas televisivas para advertir que los saqueos tienen una relación muy lejana con una hipotética situación de pobreza de aquellos sectores de la población transformados en “saqueadores”. Son muy variados los orígenes sociales de los argentinos que participan en los saqueos que se han ido extendiendo, finalmente, a lo largo de 20 provincias del territorio y que nadie sabe si han realmente concluido. En los últimos días, el despliegue de la Gendarmería para proteger todo tipo de comercios ha enlentecido en algo el contagio de los saqueos.

A pesar de los análisis edificantes de los distintos sociólogos que han salido a “explicar” situaciones de pobreza, niveles de ingreso e índices Gini diversos como supuestas “causas” del la instalación del caos, es evidente que se trata de un problema de (falta absoluta de) dirección política de la sociedad y no de un problema “social”. Argentina está ante una crisis de gobernabilidad en toda la línea.

El Gobernador de la Provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, connotado anti-kirchnerista, y ejemplo mismo de peronista irredimible, declaraba sin rubor alguno: “(Era) impensable para cualquier gobernante que esta reclamación salarial (de la policía) derivara en esta situación que se vive en las provincias. (…) Se rompió el contrato social”.

La declaración es inaudita porque presupone, o bien que la Policía, sistemáticamente mal paga, hubiese roto un contrato social del que el peronismo fuese un sabio guardián. O, peor aún, permite leer la posibilidad de que los saqueadores hubiese “roto el contrato social” cuando toda la Argentina sabe dos cosas fundamentales. La primera, que los saqueos, como bien dijo al presidenta (que conoce bien el mecanismo porque es experta en la materia), fueron como siempre organizados por las organizaciones de base y los “punteros” peronistas de nivel barrial. Y la segunda es que de la Sota finge ignorar que, de 1945 hasta la fecha, el peronismo y las Fuerzas Armadas han atacado sistemáticamente todo intento de mantener nada parecido a un contrato social estable.

El gran violador del contrato social en la República Argentina es, hoy, un gobierno peronista que, en la mejor tradición de Juan Domingo Perón, ignora lo que debería ser el Estado de Derecho. El gobierno kirchnerista persigue a los periodistas, pretende manipular medios de prensa, intenta expropiar a los sectores de productores rurales, saquea empresas nacionales y extranjeras, pretende “inventar” los precios de la economía mintiendo abiertamente en las cifras macro-económicas, etc. por lo que hace muchas décadas que la sociedad argentina y los simples ciudadanos saben que viven más en una situación casi hobbesiana que en una sociedad regida por algo parecido a un contrato social. Y decimos “casi” porque, en Hobbes, la hipótesis que abona al “estado de naturaleza”, supone una “guerra de todos contra todos” donde los contendientes son hombres “iguales por naturaleza” los que se enfrentan. En la Argentina, en cambio, los grandes agresores y transgresores de la paz cívica y social han sido históricamente los gobiernos peronistas y los gobiernos militares que se ensañan, desde siempre, sobre la población.

Por ello es que no deben de sorprender a nadie, en el mundo lejano que no conoce a la “Argentina profunda”, las declaraciones de una saqueadora de iniciales E.G. publicadas por “El País” de Madrid:

“La mayoría roba, pero uno va a saquear para dar de comer a los chiquitos. Cuando vas a decir al intendente (alcalde) que no tenés para comer, te dice que no tiene nada más que una bolsa con un paquete de fideos, uno de arroz, uno de azúcar, uno de puré de tomate y una botella de aceite por mes, pero te dura dos días”, se queja. E. G. se entera de la organización de saqueos por el boca a boca y Facebook, aunque hace una semana se le descompuso el ordenador. En 2012 fue a saquear porque su marido solo tenía trabajo un día por semana, ganaba 90 euros al mes y con otros 155 de subvención estatal su familia comía una vez por día. “No tenía miedo porque fui con mi papá”, cuenta. Ahora su marido consiguió empleo formal, cobra 790 euros, sus hijos han vuelto a comer dos veces por día, pero ella planeaba saquear porque la carne vacuna y el pan “aumentan mucho” de precio. Aclara que otros vecinos roban electrodomésticos o ropa para después revenderlos y comprar después bienes básicos. También están los que no participan de saqueos por razones morales o por el riesgo de resultar heridos. Esta vez la presencia de gendarmes la disuadió de ir. “Ni loca voy a que me maten”, cuenta y reconoce que delincuentes y policías de civil participan también de saqueos mientras que punteros (dirigentes políticos barriales) los promueven.” (Edición Internacional del 11/12/2013).

Poco queda que agregar a las declaraciones de esta “ciudadana”. La espontaneidad de su amoralidad la exime de cualquier comentario. ¿Qué de censurable hay en el saqueo y el robo si ella ha visto multiplicarse de manera exponencial en pocos años el patrimonio de la pareja Nestor/Cristina, si toda la población comenta cotidianamente los negociados del vice-presidente Amado Boudou, si la clase política peronista es el centro de corrupción de la sociedad argentina y si la policía también es parte del esquema general de corrupción, para no nombrar mas que los casos más notorios ?

Mientras que el debilitamiento de la gobernabilidad se hace cada vez más notorio en el país, los personajes de la política peronista intentar encontrar la forma de sacar réditos del desastre. “Las influencias de la dictadura” o “las corporaciones” son ahora el nuevo “tema” que han desenterrado los auto-llamados “intelectuales peronistas” integrantes de un movimiento llamado “Carta Abierta”. Y mientras estos personajes juegan a ser políticos, la República de China eleva un tanto el tono exigiendo que el gobierno garantice la seguridad de los inmigrantes chinos afincados en Argentina. El gesto es meramente protocolar porque la China sabe, perfectamente, que el gobierno de la Argentina es absolutamente incapaz de ofrecer garantías, o seguridad, en tema alguno.