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El kirchnerismo arremete contra los jueces y el Poder Judicial

Javier Bonilla Saus

Resumen

A lo largo de este año 2014, una clara tendencia se ha ido destacando, de manera consistente, en la conducta política de los abundantes regímenes populistas latinoamericanos que nos rodean.

En nuestra anterior nota editorial expusimos -(quizás demasiado extensamente)- la terrible realidad de México e intentamos señalar, a aquellos lectores que no siguen de cerca la realidad de aquel país, cómo unos alcaldillos de cuarta categoría y del “progresista” PRD de Cuauhtémoc Cárdenas (hijo), habían ordenado la ejecución de más de medio centenar de estudiantes normalistas en un perdida ciudad del Estado de Guerrero. Que nadie se llame a engaño: el PRD, partido supuestamente “de izquierda”, en los hechos opera y siempre operó bajo la cobertura de la autarquía priísta. Los izquierdistas de Iguala estaban protegidos por el entonces Gobernador de Guerrero -(amante de la esposa del presidente municipal de Iguala y candidata a reemplazar a su esposo en su cargo actual)-, también perredista, pero personaje muy cercano al PRI que optó por un “cambio de partido” cuando el PRI no lo postuló como él había deseado.

Es que la pertenencia al PRD o al PRI es un detalle menor, ante el tamaño de los desbordes populistas sobre las reglas constituciones, legales y reglamentarias en los populismos latinoamericanos. En realidad hay que decir que resulta casi imposible seguir semanalmente el ritmo del avasallamiento del derecho y de las instituciones al que asistimos sistemáticamente en un buen número de países latinoamericanos.

En pocas semanas tuvimos la novedad de que Evo Morales se preparaba para ser Presidente-Monarca de Bolivia y que estaba articulando los mecanismos necesarios para su reelección eterna. Nada de muy original hay en ello porque Morales sigue, en parte, los pasos de Correa que, además de ser ya candidato a la reelección eterna, de hecho ha terminado con cualquier cosa que se parezca a libertad de prensa en Ecuador.

Casi simultáneamente, el caricaturesco Daniel Ortega negociaba sólo y en “tête à tête” con los chinos su antojito personal de hacerse un “Canal de Nicaragua” para competir con el odiado y capitalista Panamá. Que el lector ni se agite. Daniel Ortega no decidirá nada sobre un proyecto de esa envergadura: no tiene ni la más pálida idea de lo que se trata. De realizarse algo parecido en un lejano futuro, esa obra será propiedad de los chinos o, previamente, los pocos gobiernos serios del hemisferio se habrán encargado de tomar cartas en el asunto para prevenir los nunca evaluados impactos comerciales, políticos, ambientales del capricho del tiranuelo centroamericano. Y eximimos, por esta vez, a los lectores de comentario alguno sobre las otras exacciones populistas recientes como las venezolanas de Maduro y, desde luego, ni mencionamos la vergüenza latinoamericana del totalitarismo cubano.

Desgraciadamente, esta película, que hemos visto repetidas veces, no solamente no terminó sino que, en realidad, se está repitiendo, una y otra vez, desde los siglos XIX y XX en América Latina, con muy pocas y honrosas excepciones.

Hoy nuestro tema es una variante de la misma patología populista: la campaña contra los jueces y el Poder Judicial que está instrumentando la inefable Cristina Kirchner y sus diferentes grupos de secuaces.

Para el radicalismo -(o lo que queda de él para ser más precisos)- lo que el gobierno pretende es “copar la justicia”. Es muy probable que la expresión sea un tanto benévola. Para cualquier observador objetivo, con cierta sensibilidad y preocupación por la institucionalidad democrática y por las libertades cívicas, en realidad, en la Argentina, ya desde las manipulaciones de Néstor Kirchner destinadas a reformar a su favor -(para contrarrestar las previas manipulaciones que oportunamente impusiere Carlos Menem)- el perfil de la Corte Suprema, la independencia de la Justicia hace tiempo que se ha perdido. Por ello, lo que el gobierno de Cristina Kirchner quiere es, directamente, someter totalmente la Justicia a su voluntad y a la del Ejecutivo.

El senador radical Ernesto Sanz entiende que: "Lo que no pudieron (el gobierno) lograr por vía de las leyes, lo van a lograr ahora por las vías de hecho", en referencia a los proyectos contra la Justicia impulsados por el Poder Ejecutivo y señaló que toda esta operación de sumisión de los jueces y de la Justicia ha sido bautizada por la autocracia oficialista, en un acto casi de farsa siniestra, como un proceso de “democratización de la justicia”. Sin otorgar que el que “no pudieron” por la vía legal sea así -(porque también por vía legal han avanzado sobre la Justicia)-, es evidente que, ahora, los sectores de gobierno “van por todo” como acostumbra a decirse en el lunfardo kirchnerista.

Todo parece indicar que la operadora principal designada para llevar adelante esta arremetida de sometimiento total de la Justicia al Ejecutivo, es la titular de la Procuraduría General de la Nación, Alejandra Gils Carbó (http://www.lanacion.com.ar/1748695-denuncian-a-gils-carbo-por-designaciones-arbitrarias) que, al parecer, por lo que indica la prensa argentina, es esencialmente "…una herramienta del Gobierno para copar la justicia" en la más pura tradición del servilismo político de los juristas afiliados al peronismo. La semana pasada el Gobierno procedió a tomar el control del Consejo de Magistratura imponiendo un presidente kirchnerista y designó, de manera arbitraria, al administrador del Poder Judicial. Como es sabido, Cristina siempre está atenta al control de la Caja.

Simultáneamente, el gobierno consiguió que el abogado constitucionalista y kirchnerista, Eduardo Barcesat, muy cercano al Gobierno, denunciara por el delito de sedición -(nótese la moderación de la acusación)- a los senadores de la oposición que se comprometieron a no elegir un nuevo integrante de la Corte Suprema antes de las elecciones de 2015 para no permitir que el Ejecutivo se arme una mayoría “a su medida”.

Para entender esta abrupta radicalización del gobierno peronista argentino en torno al tema de la Justicia es necesario recordar que Cristina Kirchner es consciente que su ciclo ha llegado a su fin. Y, como suele suceder con los ciclos populistas, el final puede tener tonalidades dramáticas

En primer lugar, la Presidenta teme perder toda capacidad de participar con suficiente fuerza política para influir en el proceso político sucesorio. Como sabemos, en la lógica populista la cuestión no es quién será el elegido por el pueblo. La cuestión es, como tan bien ha enseñado México al mundo, quién será el designado por el dedo de Cristina para ser votado y aplaudido por “el pueblo”. O sea que lo que está en juego es ni más ni menos que su futuro.

En efecto, si no logra designar mediante alguna versión del “dedazo” a un manso Scioli, a un Randazzo o al bastante menos domesticado Macri, Cristina pierde toda capacidad para orientar el perfil de la Presidencia futura. Por un lado parecería claro que ya entendió que no tiene chance alguna de re-reelección -(como ella soñara en un principio, imitando a sus colegas populistas andinos)-. Y, por el otro, al menos según la opinión expresada por los especialistas que siguen la política argentina de cerca, todos parecen pensar que la patota de “La Cámpora” no logrará nunca transformar en “Delfín” a su hijo.

Ese escenario es altamente peligroso para la Presidenta porque, en esas condiciones, ello puede significar que termine lisa y llanamente presa. Desde la falta menor de su usurpación del título de abogada, hasta los innumerables indicios de todo tipo de corrupción y de enriquecimiento ilícito, tanto de ella como de toda su familia, todo brinda elementos para que un gobierno futuro, que no le sea favorable, la ponga directamente ante algún juez.

Por eso es que el control de la Justicia tiene tal urgencia para los kirchneristas. Se trata, pura y simplemente, de encontrar la forma de garantizar la impunidad de más de una década de robo, corrupción y, en términos generales, de transgresión de las normas constitucionales y legales. Y, en esta patética carrera contra la posibilidad de que la Justicia la atrape realmente, Cristina solo tiene como aliado la inconcebible debilidad de la oposición y la fragilidad del sistema judicial. Por ello es que seguirá arremetiendo contra este último mientras que le quede el más tenue resto de poder político.

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