LA COMISIÓN EUROPEA APRUEBA LOS PRESUPUESTOS DE LA EUROZONA

Resumen

En su último acto político de relevancia, la actual Comisión Europea aprobó el martes 28 de octubre, de manera provisional, los 18 presupuestos de los países de la eurozona. Este acuerdo llega luego de múltiples discusiones y roces importantes con el gobierno francés y el gobierno italiano, tras el pedido de la Comisión de revisión y ajuste de los niveles de déficit anunciados por estos países. En los últimos años, y a fin de evitar que se repita una crisis financiera en la eurozona como la de 2009, la Comisión ha ampliado sus poderes en materia de control y fiscalización de los presupuestos nacionales de los Estados miembros. El pacto de Estabilidad y Crecimiento aprobado en 1997 y modificado en 2005 define los criterios a respetar por los países de la eurozona, el más importante siendo el de mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB y la deuda pública por debajo del 60% del PIB. Ciertas excepciones, introducidas en 2005, son posibles, en particular para aquellos países que se encuentran en situación de recesión económica. Entre las medidas de las que dispone el ejecutivo de Bruselas para castigar a los infractores, la más extrema es una multa que puede oscilar entre el 0.2 y 0.5% del PBI.

La aprobación de los presupuestos “conflictivos” pone un fin momentáneo al proceso de escalada entre Bruselas y Francia e Italia (por citar sólo a los más recalcitrantes) que se venía dando desde la publicación, por parte del Gobierno italiano, de una carta “estrictamente confidencial” donde la Comisión cuestionaba el presupuesto presentado para aprobación por estos países. El contraataque italiano ante este “llamado de atención” no se hizo esperar y Matteo Renzi no solamente publicó la carta sino que criticó abiertamente la actitud de la Comisión, sin duda más pensando en el electorado italiano que en el efecto que sus amenazas de investigar a fondo y divulgar el tren de vida de los burócratas de Bruselas pueda tener a la hora de influenciar el juicio de Katainen (el Comisionado Europeo para asuntos económicos) y de sus pares de la Comisión.

El principal cuestionamiento a Francia, según la Comisión, es su importante déficit fiscal, mientras que el de Italia es el déficit, pero sobre todo su importante deuda pública, que será equivalente en 2015 al 133% de su PBI.

Francia anunció tiempo atrás que su déficit fiscal para 2015 será de 4.3% del PIB, bien por encima del 3% que acordaron los países miembros de la eurozona. Luego de hacerse pública la carta de advertencia enviada por Bruselas, y tras un ejercicio de comunicación un tanto demagógico destinado a su electorado (cf. Renzi), al cual se le garantizó la soberanía e independencia del gobierno en materia fiscal y económica, el Ministro de Finanzas Michel Sapin finalmente envió el lunes 27 una serie de medidas destinadas a complacer las exigencias de Bruselas. Estas medidas permitirían, en teoría, ahorrarle al Estado francés 3.600 millones de euros. Estas economías serían en parte posibles por la baja de las tasas de interés (reduciendo el costo de la deuda), permitiendo así una reducción del déficit estructural de 0.5% del PIB (mientras que Bruselas demandaba una reducción del 0.8%). Sin embargo, ciertos analistas ponen en duda la capacidad de Francia de cumplir con lo anunciado en virtud de un crecimiento económico para 2015 que sería inferior al 1% anunciado (mientras que el crecimiento del producto para 2014 será de tan sólo 0.4%). Italia por su parte también ha prometido hacer mayores esfuerzos para reducir su deuda pública y se ha comprometido igualmente a desbloquear 3.300 millones de euros para combatir el déficit estructural (déficit fiscal “descontados” los efectos de la coyuntura económica).

La decisión final de la Comisión era muy esperada no sólo por los países en cuestión sino también por el resto de los miembros de la eurozona, en particular por aquellos que en el pasado han tenido que realizar importantes medidas de ajuste para respetar la austeridad fiscal, como Grecia, Irlanda o Portugal. La Comisión debía de enviar un mensaje fuerte, a saber que las reglas de juego son las mismas para todos, y que los Estados grandes y poderosos no cuentan con ningún passe-droit. Esta noción no parece claramente incorporada por todos, en particular precisamente por los Estados poderosos, que sufren últimamente del “síndrome de la billetera ajena”, a saber que son mucho más estrictos y principistas cuando se trata de imponer las medidas de austeridad y estabilidad a los pequeños miembros, que cuando se trata de ajustarse ellos mismos a dichas reglas. El último ejemplo en fecha siendo el del Gobierno de David Cameron que se niega a pagar el reajuste de la cotización del Reino Unido al presupuesto de la UE.

El presupuesto de la UE está compuesto por la cotización que aporta cada Estado miembro en función de su PNB declarado (diferente del PIB en la medida que excluye de su cálculo a los extranjeros que trabajan en suelo nacional e incluye a los nacionales trabajando en el extranjero). En 2013, Alemania, el mayor contribuyente de la UE, aportó 26.100 millones de euros y Francia, el segundo más importante, 21.800 millones. El Reino Unido aportaba en 2013 14.500 millones de euros como contribución al presupuesto europeo. Debido a un cambio en la metodología utilizada para calcular el PIB (por ejemplo con la incorporación en las cuentas oficiales de los ingresos provenientes de actividades ilegales como el tráfico de drogas y la prostitución), el Reino Unido vio su PIB aumentar en 0,5%, provocando un reajuste de su cotización al presupuesto comunitario de 2.100 millones de euros suplementarios. Frente a esta situación, el Primer Ministro Cameron ha advertido que no piensa “sacar la chequera”. La Comisión ha respondido que, en primer lugar, son los propios Estados los que presentan sus datos económicos a la UE (y la decisión de incorporar las actividades ilegales a la contabilidad nacional fue tomada por el Reino Unido; otros países como Francia, por ejemplo, se niegan a hacerlo) y que, en caso de no pago del presupuesto para la fecha límite del 1º de diciembre, el Reino Unido se expone a una penalidad de un 2% de interés sobre la cotización, más 0.25% adicionales por mes suplementario de retraso.

Es poco factible que Cameron vaya hasta el final con sus amenazas. En primer lugar, porque debilitaría aún más la posición de Gran Bretaña en el seno de la UE. En segundo lugar, porque podría sentar un peligroso precedente y, si otros países estuviesen tentados de seguir ese camino, es toda la estabilidad de la Unión Europea la que estaría en riesgo. Pero, la posición de Cameron, tal como la de Renzi, Hollande o tantos otros líderes europeos, debe hacernos reflexionar sobre la percepción que tienen los ciudadanos europeos del rol de las Instituciones Europeas y del camino que ha tomado la integración, así como del riesgo de instrumentalización por parte de los políticos del descontento popular generalizado hacia lo que es percibido como el “abuso de las élites tecnocráticas de Bruselas”.

La postura de Cameron es, claramente, una respuesta interna al auge del UKIP (victoria en las elecciones europeas e ingreso por primera vez al parlamento nacional tras las últimas elecciones legislativas). Cameron pretende recuperar parte del electorado conservador que ha fugado hacia la plataforma política del UKIP, intentando capitalizar el siempre presente rechazo de una parte de la ciudadanía inglesa a la idea de la integración europea y a la apertura de las fronteras. Hollande, por su parte, intenta descargar en Bruselas parte de la responsabilidad del fracaso de su política económica. Renzi busca reforzar aún más su creciente popularidad como un líder político vehemente, anti-compromiso y popular, enfrentándose a las instituciones “no democráticas” y elitistas de la Comisión. Sea cual sea la justificación que cada líder político esgrima o secretamente tenga, es preocupante para el futuro de la integración que, inclusive en países de larga tradición pro europea, el “euro-bashing” se haya transformado en una estrategia de política electoralista. Los principios fundacionales de la Unión se resquebrajan cada día un poco más.
 

Germán Clulow es Licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad ORT –Uruguay, Master en Ciencia Política por la Université de Genève – Suiza, y Master en Estudios de Desarrollo por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo (IHEID-The Graduate Institute) Ginebra, Suiza.