Guatemala: entre la elección presidencial y la consolidación de un Estado

Resumen

El pasado 11 de septiembre, opacada por la conmemoración del décimo aniversario de los atentados terroristas de 2001 contra el World Trade Center y el Pentágono, transcurrió la primera vuelta electoral en Guatemala.

A pesar de su escasa la repercusión, resulta fundamental la comprensión de los hechos que suceden hoy en el país centroamericano, pues en el proceso se pone en juego mucho más que la sola designación de las futuras autoridades.

Situación del país

Guatemala es un país marcado por la violencia. La guerra civil, que se extendió por 36 años (desde 1960 hasta 1996) dejó tras ella – además de la escalofriante cifra de 200 mil muertos y 50 mil desaparecidos – una sociedad fragmentada y un Estado carente de la fuerza necesaria para tomar las riendas y encauzar al país por el camino de la democracia.  

Hoy, Guatemala es uno de los países más violentos del mundo. Un promedio de 30 personas son asesinadas diariamente y las estadísticas hablan de 47 asesinatos cada 100 mil habitantes. El Gobierno central, incapaz de hacer frente a las organizaciones criminales que se han expandido de forma exponencial tras la desintegración de las guerrillas, no logra ejercer el poder en ciertas zonas de “ingobernabilidad”, donde caudillos locales u organizaciones criminales – como el cártel mexicano de Los Zetas, que opera al norte del país – suplen su función. 

A esto se suma la deplorable situación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuyos funcionarios trabajan, en muchos casos, directamente para organizaciones criminales. Tal es el caso en la actual administración de Presidente Álvaro Colom, cuya jefa de policía reportó al asumir sus funciones que la mayoría de las patrullas carecían de ruedas pues éstas, junto con una gran cantidad de armas, habían sido vendidas a grupos de narcotraficantes. 

La situación de la Justicia no es mucho mejor. De la totalidad de los crímenes cometidos, tan solo el 3% llega a constituir una causa judicial. El enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias no son un delito a pesar de la fuerte presión internacional para que así sea. Esto, como puede esperarse, ha propiciado la intromisión tanto de las organizaciones criminales como de todo tipo de intereses particulares en el seno del Gobierno. Ejemplo de ello es el gasto desmedido que se ha producido en la campaña (23 millones dólares), con procedencia dudosa, y el hecho de que los tres principales partidos (PP, LIDER y UNE-Gana) sobrepasaron los límites constitucionales del gasto, delito para el cual la multa es de… solamente 125 dólares.

Sistema político

Al igual que su sociedad, el sistema político guatemalteco se encuentra fragmentado.
Los partidos políticos no han logrado convertirse en instituciones que trasciendan más allá de las personas y por tanto su duración, en muchos casos, no es mayor a la del proceso electoral. 

Los caudillos regionales dominan la arena política, pues gozan de un poder en ocasiones desmedido, y el limitado alcance del poder del Gobierno central constituye un incentivo para la creación de “feudos” que se rigen según sus propias reglas.

En el último medio siglo 59 son los partidos que han desaparecido, incluyendo los tres de mayor tradición del sistema: la Democracia Cristiana Guatemalteca, el Partido Revolucionario y el Movimiento Nacional de Liberación.

En las elecciones de 2007 participaron 22 partidos con 14 candidatos a la presidencia, cifra similar a la de 2011, donde se presentaron 27 partidos con 10 candidatos para presidir el país.

Sin embargo, a pesar de la inestabilidad que evidencia la estructura de partidos, desde el retorno a la democracia en 1986, el sistema nos permite advertir cierta lógica. 

En los últimos tres comicios, los candidatos vencedores (Alfonso Portillo, Óscar Berger y Álvaro Colom) han sido quienes obtuvieron el segundo lugar en las anteriores elecciones. Por otra parte, ningún partido ha logrado gobernar durante dos periodos consecutivos.

Elecciones y resultados

A pesar de esta lógica que dirige ciertos aspectos del proceso electoral, las últimas elecciones han tenido sus particularidades.

La más notoria fue la postulación de la primera dama, Sandra Torres, como candidata a la Presidencia por el partido de Gobierno UNE-Gana. Torres, poseedora de cierto apoyo popular por ser la impulsora de la labor social de Gobierno de Colom, fue protagonista de una de las mayores demostraciones de desprecio por la legalidad de toda la campaña. 

Pretendió, junto a su marido, que el divorcio le permitiría evadir la norma constitucional que impide a los parientes directos de los mandatarios participar en las elecciones inmediatas a su mandato. 

Sin embargo, el máximo órgano de la justicia le impidió presentarse a pesar del divorcio orquestado y el oficialismo se quedó sin candidato.

Sin el oficialismo en campaña, dos candidatos lograron obtener más del 20% del total de los votos, quedando así muy por encima de los otros ocho, que obtuvieron porcentajes irrisorios.

El 65% de los habilitados concurrió a votar en la primera vuelta, lo que constituye un dato alentador en un país donde el voto no es obligatorio.

El vencedor, con el 36% de los votos, fue el ex militar Otto Pérez Medina, de 61 años, quien perdiera en 2007 ante el actual Presidente Álvaro Colom. Pérez Medina, un ex general que participó en la Guerra Civil, lidera el Partido Patriota (PP) y ha hecho de la inseguridad y la lucha contra la violencia su buque insignia. Su propuesta es resumida en dos palabras: “Mano dura”.

El candidato del PP ha hecho hincapié durante toda la campaña en la necesidad de reforzar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como plataforma para luchar contra la delincuencia y el crimen organizado.

Sin embargo, el ex militar también presenta otras propuestas. Entre ellas se encuentra el “pacto fiscal”, que promete aumentar la recaudación en un país donde la tasa impositiva es de apenas el 10% del PBI, y donde cerca del 80% de los trabajadores se mueve en el mercado informal de trabajo. Además, promete una política económica que permita a Guatemala crecer a tasas de entre 4 y 5% anual, y se comprometió a profundizar la labor social iniciada en el Gobierno de Colom, en un claro intento de captar al electorado “satisfecho” con esas políticas sociales.

El otro candidato que logró acceder al balotaje fijado para el próximo 6 de noviembre es Manuel Baldizón, líder del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), un millonario abogado que  practica una política claramente populista.

Baldizón, de 41 años, logró el 26,2 % de los votos y se perfila para obtener el apoyo del electorado más moderado, que teme ante la posibilidad del retorno de un militar al poder luego de 26 años.

El candidato del LIDER ha ganado apoyo a causa de sus propuestas electoralistas, como el “Bono 15”, un salario adicional cada enero para todos los trabajadores; o la implementación de la pena de muerte como castigo para los siete delitos más graves. Ha llegado a decir, incluso, que de ser Presidente llevaría a la selección guatemalteca de fútbol a disputar la final de un campeonato mundial.

A diferencia de Pérez Molina, que plantea una política exterior abierta a gobiernos tan distintos como los de Venezuela y Chile, Baldizón promete reforzar las relaciones con Estados Unidos.

La presencia de Baldizón en la contienda electoral constituye sin lugar a dudas un factor  de “peligro” para el balotaje.  Sus promesas desmedidas pondrían llevar a una escalada de promesas que el futuro Gobierno no sea capaz de cumplir.

Sin lugar a dudas, Guatemala se jugará mucho más que los próximos cuatro años el 6 de noviembre. El próximo Presidente deberá encauzar el país frente a las organizaciones criminales con una lucha constante contra la violencia y la corrupción. Deberá decidir, en definitiva, entre continuar transitando el camino del “Estado fallido” o emprender la senda de una verdadera democracia representativa, con una base social sólida y políticas que permitan el desarrollo.

Sea cual fuere el vencedor, tendrá mucho trabajo por realizar.

* Estudiante de la Licenciatura en Estudios Internacionales. 
Depto de Estudios Internacionales. 
FACS - Universidad ORT Uruguay