Populismo latinoamericano: El caso de Daniel Ortega en Nicaragua
Abstract
Últimamente, han aparecido en el mapa político latinoamericano una serie de gobiernos cuyos rasgos particulares son, a veces, difíciles de retratar por la teoría política. Con un discurso que se auto-proclama “progresista”, con un accionar pronunciadamente autócrata y con un fuerte respaldo, a veces irracional, de grandes masas de población; el populismo vuelve a aparecer en Latinoamérica. Digo “vuelve” porque, como todos sabemos, estas formas de gobernar no son desconocidas por la historia latinoamericana. Es por eso que la denominación del fenómeno como “neo-populismo” parece del todo correcta.
Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Kirchner en Suramérica y el derrocado Manuel Zelaya y Daniel Ortega en Centroamérica, parecen ser la nueva y pintoresca “camada” de personalidades populistas que se han instalado, con ánimos de quedarse, en el sub-continente. Quisiera detenerme en éste último, Daniel Ortega, cuya ruidosa segunda Presidencia de Nicaragua ya está dando que hablar.
Como señalé hace unos instantes, está en curso el segundo mandato de Daniel Ortega. Si bien su primer gobierno legítimo (es decir, elegido por elecciones democráticas) se materializó con una victoria importante (63% de los votos aproximadamente) en 1985, no podemos dejar de apuntar que Ortega venía de pasar por una experiencia gubernamental previa, al ser privilegiado miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Esa junta se constituyó como un gobierno de transición luego de que estallase y, finalmente, triunfase la revolución sandinista del año 1979. Definitivamente, dicha pertenencia a la junta, es un componente importante de la historia política de Daniel Ortega, cuya relevancia hay recalcar. Más aún cuando tenemos en cuenta que, para el año 80 y tras el abandono de los otros miembros, Ortega quedó como el regente de facto del Estado nicaragüense.
Impregnado por el legado marxista-leninista de la revolución sandinista, la primera presidencia de Daniel Ortega se caracterizaría por adoptar medidas de corte comunista, la mayoría de ellas inspiradas por el castrismo de Cuba. Su período de gobierno transcurrió bajo el Estado de Emergencia, lo que le permitió gobernar de manera autoritaria, por lo cual, y entre otras cosas, pudo censurar a varios medios de comunicación. Dado los buenos lazos que el país centroamericano tenía con Cuba y con la Unión Soviética, los Estados Unidos, con Reagan a la cabeza, se incomodaron con el gobierno provisional y con el posterior de Ortega. Esta situación llevó a una tensión interna que se tradujo en una guerra civil entre los “Contras” (financiados por Reagan) y el gobierno sandinista. Dicha guerra interna insumió el esfuerzo bélico y los escasos recursos económicos del gobierno de Ortega, quien llamó a elecciones, en 1990, una vez culminado el enfrentamiento belicoso. Contra todo pronóstico, Ortega perdería contra la “derechista” Violeta Chamorro, cuyo gobierno culminaría, en cierta medida, con el auge sandinista que venía desde el final de los años setenta.
Tras varios intentos de retomar la presidencia, Daniel Ortega, la obtendría nuevamente el 5 de noviembre de 2006, que tendrá culminación en el 2012. El modo en que este personaje llegaba a la presidencia ya hacía notar que la formalidad, la transparencia, la mesura o simplemente la defensa de las ideas no tendrían demasiado espacio de allí en más. Varios elementos apuntalan tal argumento.
Por un lado, Ortega consigue hacerse del gobierno a través de un extraño, dudoso, por no decir escandaloso, acuerdo, realizado en el año 1998, con el entonces presidente nicaragüense, Arnoldo Alemán. Mediante el pacto, los contratantes se repartían, literalmente, parcelas de poder dentro del Estado. En dicho acuerdo, se concertaba la protección de Arnoldo Alemán quien había sido condenado a 20 años de cárcel por lavado de dinero y vaciamiento de las arcas del Estado por unos USD 250 millones. El pacto, le aseguraba que su condena sería cumplida encerrado en la comodidad de su casa, lo que finalmente sucedió (recientemente le ha sido devuelta toda su libertad). De división de poderes nada. Esa ruidosa sentencia fue posible gracias a que la Corte nicaragüense es un órgano partidario que está compuesto por integrantes de los distintos partidos y que toma decisiones en base a los votos de éstos. A cambio de esa verdaderamente increíble maniobra, Arnoldo Alemán se comprometía a que sus legisladores votasen para cambiar la ley electoral (es decir, el sistema de segunda ronda), lo que finalmente se hizo. Gracias a esa modificación, es que Ortega concreta este segundo mandato con un no demasiado abultado margen electoral (el 37% de los votos) pero sin tener que disputarlo en segunda vuelta. Ese porcentaje relativamente menor, si lo comparásemos con el que han recibido sus pares (Chávez, Correa o Morales) ha de deberse, seguramente, al sistema político multipartidario que se constata en Nicaragua.
Por otro lado, es de destacar el enfoque que tuvo su campaña electoral. Buscando atraer la simpatía de los sectores más conservadores del espectro social nicaragüense, el ahora Presidente se presentó con una alocución pacifista e, increíblemente, olvidó su pasado de directa confrontación con la Iglesia Católica, y en sus presentaciones no faltaron alusiones a Dios. Esta “pirueta” política no sólo resulta paradójica porque todos bien sabemos lo que dice Marx sobre las religiones, sino porque nos hace pensar que las ideas le significan, al señor Ortega, menos de lo que un cálculo político. Un ejemplo de este cambio rotundo, fue su posición con respecto al aborto. De ser uno de sus principales defensores, pasó a ser uno de sus principales detractores, prohibiéndolo en cualquier caso y circunstancia.
Los dos años que van de esta segunda Presidencia de Ortega, ponen de relieve situaciones que se desencuentran con los principios básicos que exige una democracia liberal. El ejemplo más alevoso de esto es su intrincada relación con la prensa. Pese a que la prensa fue, en su momento, una de las fuerzas que propiciaron la revolución sandinista, y, por ende, la asunción de Ortega al gobierno, la relación de éste último, tras las críticas periodísticas, han llegado a extremos insostenibles. Acusados de ser financiados por la CIA, los medios nicaragüenses prácticamente han quedado vedados de su derecho de informar o criticar las actividades del gobierno. Primero, porque prácticamente todos los medios privados son ignorados por el gobierno (es decir, nunca se dictaron conferencias de prensa ni tampoco se dan entrevistas con funcionarios). Segundo, porque el gobierno da a conocer su accionar sólo a los medios pro-gubernamentales (los hijos de Ortega cuentan con un canal propio, en donde difunden informes tal y como son dictados por el gobierno) o a periodistas amigos de los círculos políticos. A ningún funcionario le está permitido hablar sin antes haber pedido permiso a la entidad autorizante: la no menos autoritaria esposa de Ortega, la señora Rosario Murillo.
Ahora bien, la cosa se torna más oscura cuando, amén del manifiesto cuarteamiento de la libertad de prensa, se emprenden acciones ofensivas explícitas, con violencia verbal y física incluidas. Las elecciones municipales serían el disparador de este preocupante desmejoramiento de las relaciones gobierno-prensa. Realizadas en noviembre del año pasado, las elecciones municipales estuvieron teñidas de un lóbrego clima de fuertes acusaciones de manipulación, fraude, destrucción de urnas a lo que se le sumó la sospechosa no autorización de observadores, tanto nacionales como extranjeros, para que éstos pudieran supervisar las elecciones. Por si eso fuera poco, falta lo peor. Dos partidos opositores fueron descalificados previamente a los comicios, por lo que no pudieron participar de las elecciones. Este escándalo le valió al gobierno nicaragüense el retiro del apoyo financiero por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos, de unos USD 120 millones aproximadamente.
En medio de un alboroto social, y con protestas en las calles masivas, la relación prensa-gobierno se encrudecería, y no faltarían fuertes críticas cruzadas. Para el 19 de noviembre se constató un hecho lamentable. Tres radios privadas fueron atacadas por activistas que, armados con todo tipo de elementos (armas, piedras, palos, etc.) destruyeron sus instalaciones y equipos. Debemos señalar que, anteriormente, más precisamente en octubre de ese mismo año, la organización no gubernamental (CINCO), dirigida por el hijo de la ex-presidenta Chamorro, fue allanada, en un acto de atropello absoluto, bajo las órdenes de un juez que no supo explicar muy bien el por qué de dicha investigación. Al poco tiempo, y por la presión internacional, se abandonó la causa, sin más. La violencia, sin embargo, no parece venir sólo del gobierno. La propia oposición también se ha visto envuelta en hechos realmente turbulentos. Un ejemplo de ello fue el ataque a un periodista pro-Ortega, que terminó, nada más ni nada menos, que con su apuñalamiento. Lo que muestra claramente que el sistema político nicaragüense no es lo sufrientemente maduro como para dirimir sus diferencias civilizadamente.
Como la mayoría de la cuadrilla populista latinoamericana, Daniel Ortega no es ajeno al síndrome de la reelección. Al igual que para otros presidentes populistas, la Constitución es el impedimento para concretar mandatos consecutivos. Así que ya ha comenzado a preparar la estratagema a utilizar para reformarla. El medio más propicio sería convocar a Asamblea Nacional y aprobar las nuevas disposiciones. Según el partido sandinista, los votos estarían para que se concretasen dichas modificaciones. A esta situación, se le suma, además, los casos de corrupción que ya empiezan a sonar y las acusaciones de enriquecimiento ilícito de la familia Ortega.
Poco se puede agregar después de pintar semejante panorama. Si la situación con el actual gobierno, ésta empeora cuando vemos que, en realidad, no parece haber una verdadera alternativa política que pueda garantizar un cambio. Lo que invita a la población, y a los extranjeros, a generar una suerte de desconfianza generalizada en el sistema político nicaragüense. Y una nación sin sistema político creíble, es una nación en claro peligro. El tiempo dirá como terminará esta historia.
* Estudiante de la Licenciatura en Estudios Internacionales.
Depto de Estudios Internacionales.
FACS - ORT Uruguay.
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