El laberinto hondureño: pensando una salida democrática

Abstract

A un mes de que el Presidente Manuel Zelaya fuese depuesto y expulsado de Honduras debido a los repetidos intentos de transgredir la constitución para posibilitar su reelección, la probabilidad de una solución acordada entre las partes no se vislumbra y las recientes sugerencias de algunos países de la región se desvían cada vez más del quid del problema.

Este ínterin ha sido inundado por una lluvia de reacciones de los gobiernos de todo el continente. Como se mencionó en la columna anterior sobre este tema, la respuesta de la comunidad internacional ha sido extrañamente unánime e imparcial al exigir la restitución inmediata de Zelaya y desconocer su accionar anticonstitucional. Sin embargo, el modus operandi para lograr la restitución de Zelaya ha variado de un gobierno a otro, oscilando entre la prudencia diplomática y un excibicionismo desatinado.

Reflejo de esto último ha sido el ingenuo intento frustrado de Zelaya de regresar en avión a Honduras apoyado por Chávez y acompañado por los presidentes Correa, Lugo, Fernández y el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza; la irresponsabilidad de Daniel Ortega al darle vía libre a Zelaya para llamar a la insurrección en Honduras desde Nicaragua y amenazar con entrar al país desde la frontera; y las desafortunadas declaraciones de Insulza al afirmar que la OEA no reconocería al gobierno que surja de las elecciones previstas constitucionalmente para fines de noviembre. Éstos son ejemplos ilustrativos de un estilo confrontativo de aproximación que sólo ha conducido a polarizar las posturas y a agravar el problema.

Además de las numerosas condenas internacionales, se han implementado mecanismos de presión de carácter político y económico. Estados Unidos ha negado algunas visas a funcionarios diplomáticos del gobierno de Micheletti y, al igual que la Unión Europea y el Sistema Centroamerciano de Integración, ha suspendido millones de dólares en asistencia y préstamos para el desarrollo de Honduras. Adicionalmente, la OEA ha suspendido a este país del organismo regional. A través de estas medidas se ha procurado sofocar al nuevo gobierno hondureño para lograr el retorno de Zelaya.

Entre las estrategias más moderadas para restituir a Zelaya, algunos gobiernos han propiciado la negociación entre los contendientes. A partir de los contactos con ambas partes, el Departamento de Estado de EE.UU. sentó las bases para que comenzaran las negociaciones con la mediación del presidente de Costa Rica Oscar Arias, quien se había ofrecido para conducir dichas instancias. La primera ronda de negociaciones entre los representantes de las partes se produjo el 9 de julio en San José, Costa Rica y, desde ese momento a la fecha Arias elaboró dos propuestas.

La primera contenía siete puntos. Éstos abarcaban la “legítima restitución de José Manuel Zelaya Rosales en la Presidencia de la República...”; la “confirmación de un gobierno de unidad y reconciliación nacional”, la “declaración de una amnistía general exclusivamente para todos los delitos políticos cometidos en ocasión de este conflicto...”; la “renuncia expresa de Zelaya, y de su gobierno, de la pretensión de colocar una cuarta urna o cualquier consulta no autorizada expresamente por la Constitución...”; el “adelantamiento de las elecciones del 29 de noviembre al último domingo de octubre...”; el traslado del comando de las fuerzas armadas del poder ejecutivo al Tribunal Supremo Electoral, un mes antes de las elecciones, para garantizar la transparencia y normalidad del sufragio...”; y la “integración de una comisión de verificación compuesta por hondureños notables y miembros de organismos internacionales, en especial por representantes de la OEA, que vigile el cumplimiento de estos acuerdos y supervise el correcto retorno al orden constitucional”.

Ante la contundente negativa del gobierno de Micheletti a aceptar la restitución de Zelaya, el 22 de julio Arias propuso el excesivamente optimista Acuerdo de San José -no existe tal “acuerdo” porque es un documento redactado unilaterlamente por Arias- que añadió la creación de la comisión de verificación y comisión de la verdad, y que incorporó algunas cuestiones sobre eventuales problemas de interpretación del acuerdo. Pero ese mismo día, la delegación de Zelaya dio por finalizadas las negociaciones. Por su parte, el gobierno de Micheletti puso el documento a disposición de la Comisión de Dictamen del Congreso de Honduras para evaluar la posibilidad de aceptar lo estipulado sobre la amnistía de los delitos políticos y sobre la probabilidad de adelantar las elecciones.

En estos días, el gobierno chileno ha manejado la idea de conformar una comisión de notables integrada por referentes como el ex presidente de Chile Ricardo Lagos, el dos veces presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti y el ex secretario general de la ONU, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, para convencer a las partes de que acepten el acuerdo elaborado por Arias. Sin embargo, los acontecimientos desarrollados son contundentes.

Existen dos posiciones irreconciliables. Zelaya desea reintegrarse al poder, al menos, hasta enero de 2010, según lo que estipula la constitución. Eso es inconcebible no sólo para Micheletti, quien al asumir la presidencia con el apoyo del Congeso manifestó que dejaría el poder una vez finalizadas las elecciones presidenciales de noviembre, sino también para casi toda la clase política hondureña, incluido el partido de Zelaya. Por consiguiente, toda propuesta que estipule la restitución de Zelaya está condenada al fracaso, como también lo está aquella que la soslaye. Lo único que podría alterar esta premisa es una coerción económica internacional tal que asfixie al gobierno impuesto y lo obligue a ceder. Según lo expuesto precedentemente, la presión ha comenzado pero la probabilidad que alcance esa magnitud en tan poco tiempo es incierta, y la experiencia indica que los bloqueos económicos no han sido herramientas eficientes para sucumbir gobiernos, aunque se trata de un país pobre y sin aliados por el momento.

El tiempo es un factor clave para entender la viabilidad de una solución. Ya ha transcurrido un mes desde el quiebre institucional y restan tan sólo cuatro meses para las elecciones presidenciales. Eso implica que Zelaya corre una carrera contra el tiempo con el respaldo de la comunidad internacional de un lado de la tribuna, y con la resistencia generalizada del sistema político hondureño en la tribuna opuesta. Cada día que pasa, es una oportunidad perdida para retornar al poder, en consecuencia, cuanto más pasa el tiempo, menos propósito tiene la negociación ¿Qué sentido tendría que volviese un presidente que quiso quebrantar la constitución, que carece del apoyo popular, del respaldo de la clase política y de las fuerzas armadas, para gobernar durante un período tan breve?

Dicho esto, hay dos alternativas inmediatas posibles: la acción militar de una coalición regional para derrocar a Micheletti o descartar la restitución de Zelaya que, al fin y al cabo, es la parte inflexible de la negociación, pues la única solución que contaría con su aprobación sería retornar al poder sin ser sancionado por sus excesos. Sin embargo, si el fin último de los países de la región es la paz del pueblo hondureño y el triunfo de las instituciones democráticas liberales, sólo la segunda opción se ajustaría a esos principios.

La OEA debería comprometerse a reconocer al eventual presidente de Honduras que surja a partir de las elecciones previstas, a cambio de que el gobierno de Micheletti se obligue unilateralmente a cumplir tres condiciones fundamentales: proclamar formalmente su carácter transitorio; permitir la participación de observadores internacionales en las elecciones, y conceder la amnistía política de Zelaya y sus secuaces para que puedan volver al país luego de celebradas las elecciones. El gobierno de Micheletti ya ha mostrado cierta flexibilidad para aceptar estos condicionamientos.

Para ello, la comisión de notables -que erráticamente se pretende conformar para convencer a la Micheletti de la restitución de Zelaya- debe ser establecida para negociar y supervisar el cumplimiento de estas cláusulas y para convertirse en el nexo entre la OEA y el gobierno de transición.

La propuesta del presidente Arias está cada vez más lejos de concretarse. La perseverancia es una virtud que fácilmente puede transformarse en un defecto, la obstinación. Si los estados de la región no revalúan su posición, podrían contribuir al agravamiento de la crisis. El tiempo se agota.

 
Lic. en Estudios Internacionales. 
Universidad ORT - Uruguay