JAPÓN: LOS DESAFÍOS DE SHINZO ABE - Parte I

Authors

  • Christopher Batista

Abstract

Con la victoria del Partido Liberal Democrático (PLD), junto con su socio de coalición, el Partido Nuevo Komeito, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta de la Dieta japonesa, se ha logrado poner fin a una crisis política que paralizaba la toma de decisiones y hacía insostenible llevar a cabo cualquier agenda de gobierno.

Desde la vigésimo-primera elección de la Cámara de Concejales en 2007, este fenómeno de inoperancia política, producto del control que partidos opositores tenían sobre ambas cámaras de la Dieta, ha sido lo que ha caracterizado la política japonesa. Este periodo se ha distinguido por un constante cambio de líderes políticos. En seis años llegó a haber seis Primeros Ministros, nueve Ministros de Relaciones Exteriores y otros nueve de Defensa. Claro está que este escenario ha impactado en la fuerza de la presencia de Japón a nivel internacional.

Luego de haber sido Primer Ministro de 2006 a 2007, Shinzo Abe reaparece en la escena política japonesa en las elecciones de diciembre 2012 para convertirse en uno de los líderes con mayor aprobación pública de Japón. Esta segunda oportunidad es vista como un mandato del público para seguir adelante con sus dos mayores prioridades: la política nuclear y las reformas económicas.

Shinzo Abe se encuentra actualmente en una posición más fuerte que cualquier otro líder político japonés desde Junichiro Koizumi, Primer Ministro entre 2001 y 2006. Conservando mayoría en ambas cámaras de la Dieta, sin ningún partido que ofrezca una oposición seria y sin la necesidad de elecciones nacionales hasta julio de 2016, Shinzo Abe tiene vía libre para llevar a cabo su agenda política y económica, además de poder profundizar sus metas en política exterior. Sin embargo, a pesar de este escenario, el primer ministro japonés encuentra que su grado de libertad no es tan alto en vista de su agenda política. En las dos partes sucesivas de este artículo, intentaremos considerar los temas urgentes y prioritarios para la gestión de Abe.

1 - Política nuclear

A partir del accidente del 11 de marzo del 2011 en la planta nuclear de Fukushima Dai-ichi, todas menos dos de las 50 plantas nucleares del país se han puesto fuera de servicio para realizar inspecciones de seguridad. Desde ese momento Japón perdió casi toda su capacidad nuclear para generar energía, con la que cubría un 30% de sus necesidades. Este shock generó una creciente importación de recursos energéticos y conllevó una correlativa suba de precios de la energía.

Siendo Japón un país pobre en recursos energéticos, tiene una de las tasas de autosuficiencia energética más bajas entre los países industriales avanzados, y se ha transformado en el mayor importador de gas natural licuado del mundo, el segundo mayor importador de carbón y el tercer mayor importador de petróleo neto en un breve plazo.

Esto no sólo atañe a una cuestión económica o ecológica; el país ha generado un abultado déficit comercial por primera vez en décadas y las emisiones de gas invernadero se han incrementado. Es una cuestión también estratégica ya que, con más del 80% del petróleo crudo importado proveniente de Oriente Medio, asegurar una fuente estable de energía es algo fundamental para la seguridad nacional.

A comienzos de abril, la coalición en el poder aprobó un borrador donde se estipula el nuevo plan energético del país de medio a largo plazo. Es el primer documento referente a política energética publicado desde la crisis nuclear de Fukushima. En él se presenta al poder nuclear, tratado como una forma estable de generar energía a bajo costo las 24 horas del día y con un bajo impacto en la atmósfera, como un recurso importante a tener en cuenta dentro del “mix” energético propuesto por el gobierno. Así, no sólo se da luz verde a la reapertura de los reactores nucleares fuera de servicio, luego de que estos aprueben los estrictos estándares de la recientemente creada Autoridad de Regulación Nuclear (NRA, por sus siglas en inglés), sino que, además, queda la vía libre para la construcción de nuevas plantas nucleares.

Esta línea política, además de revertir los objetivos de anteriores administraciones, que pretendían un Japón libre de energía nuclear para 2030, encuentra oposición tanto dentro del Partido Liberal Democrático como del partido de coalición el Nuevo Komeito. A todo esto, la opinión pública mantiene un marcado rechazo respecto al retorno a la energía nuclear. Según una encuesta realizada por el diario “Asahi Shimbun”, en marzo de este año un 59% del público estaba en contra del reinicio de la actividad nuclear mientras que sólo un 28% apoya la iniciativa. En la misma encuesta, se consultó al público en relación a un posible accidente nuclear: un 36% respondió que estaba “muy ansioso” mientras que un 50% “ansioso en algún grado”, solamente un 12% confesó no sentir ansiedad alguna con respecto a nuevos accidentes.

Entre los obstáculos que afronta el Primer Ministro por el retorno a la energía nuclear se encuentra el que las centrales cumplan con los criterios de seguridad con éxito y logren conseguir el consentimiento de los municipios y las prefecturas donde se localizan las plantas. A partir de 2011 las zonas de evacuación en caso de accidente ampliaron su radio 30 kilómetros más, lo que incluye, ahora, un total de 156 municipios.

Un estudio del servicio de noticias “Kyodo News” en febrero de 2014 revela que sólo 37 de esos 156 gobiernos locales estarían dispuestos a dar el visto bueno a la reapertura de las centrales: 13 lo harían sin condiciones mientras que 24 estarían dispuestos a aceptarla con determinados requisitos. Otros 66 municipios se mostraron incapaces de emitir un juicio al respecto, inclusive en el caso de que las centrales cumplieran con las normas de seguridad de la NRA.

La triple fusión del núcleo en la planta nuclear de Fukushima provocó el desplazamiento de más de 300.000 personas, de las cuales actualmente hay 130.000 incapaces de regresar a sus hogares. Ciudades, pueblos, tierras agrícolas, negocios y casas cercanos al incidente no podrán ser habitables en décadas a causa de los altos niveles de radiación. La incapacidad de la Compañía Eléctrica de Tokio, propietaria de la central de Fukushima, para manejar el incidente, sumada a la ineficacia de las instituciones reguladoras nucleares del momento, ha hecho que el público pierda la confianza tanto en las centrales como en los organismos que la regulan.

Desde la llegada al poder de Shinzo Abe en diciembre de 2012 se ha puesto en marcha un plan de crecimiento económico con la intención de revitalizar la tercera mayor economía del mundo y así poner fin a las décadas de estancamiento financiero y deflación. Las iniciativas del Primer Ministro resultaron en una depreciación del yen en un 20% lo que no deja de promover una mayor rentabilidad en las exportaciones. A pesar de este escenario, el déficit comercial sigue creciendo. Por ejemplo, el déficit comercial de febrero 2014, de ¥ 800.3 mil millones, fue el mayor desde 1979. Gran parte de esta situación se asocia al alza de las importaciones de energéticos.

Las importaciones de combustibles fósiles han afectado fuertemente el presupuesto de las compañías eléctricas. Así, el costo de generación de energía en 2012 fue de $ 30 mil millones más en comparación con 2010, representando un crecimiento de más del 40%. Esto se ha traducido principalmente en un aumento de los impuestos y de las tarifas eléctricas.

En este contexto, el Primer Ministro enfrenta fuertes presiones de parte de los lobbies industriales y empresariales para la reapertura de las plantas nucleares.

A comienzos de junio 2014, tres grandes lobbies empresariales, la Federación de Organizaciones Económicas (Keidanren), la Cámara de Comercio de Japón y la Asociación de Ejecutivos Corporativos de Japón, presentaron una propuesta a Toshimitsu Motegi, actual Ministro de Economía, para la reapertura adelantada de los reactores. En ella se señala “The top priority in energy policy is a quick return to inexpensive and stable supplies of electricity”. Las empresas tienen dificultades para financiar los costos energéticos sin perder competitividad, e incluso se ven obligadas, a veces, a moverse al extranjero. Más aún, un país con una moneda en declive junto con una deuda de más del 200% del PIB es incapaz de seguir subsidiando los incrementos en los costos de energía.

Para continuar con su política económica, popularmente conocida como “Abenomics”, el Primer Ministro entiende que la vuelta a la energía nuclear es un mal necesario. A pesar de que en el mediano y largo plazo se hayan propuesto objetivos ambiciosos, con respecto a la utilización de las energías renovables, la necesidad de energía barata, segura y estable es inmediata. Sin ella, la viabilidad de las nuevas políticas monetarias se vería comprometida.

Para que Shinzo Abe logre implementar esta agenda energética sin perder el fuerte apoyo popular que posee, deberá ser capaz, junto con los principales actores de la industria nuclear, de reconstruir la confianza del público en las centrales. Además, se tendrá que ser franco con respecto a los vínculos existentes entre la energía nuclear y la prosperidad económica, ya que éste es un problema que no solamente refiere al crecimiento del mercado, sino de preservar la capacidad de producción en sectores industriales claves de la economía. Aún con todo esto, el Primer Ministro encontrará difícil responder a las reclamaciones de la comunidad empresarial sin perder apoyo público y capital político.

La Autoridad de Regulación Nuclear, una organización independiente creada en septiembre de 2012 en respuesta a la crisis de Fukushima para garantizar la seguridad nuclear del país, jugará un papel fundamental para recobrar la confianza del público. De este organismo dependerá el determinar si las plantas inactivas cumplen con los estándares de seguridad para que posteriormente vuelvan a funcionamiento.

A diferencia de la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial (NISA), que junto con la Comisión Japonesa de Seguridad Nuclear (NSC) fueron ambas disueltas en 2012 a razón de su deficiente desempeño, la NRA no es una institución dependiente del Ministerio de Economía, Comercio e Industria. La dependencia del Ministerio de Comercio, el cual apoya y promueve abiertamente el uso de la energía atómica, fue considerada por muchos como un elemento significativo a la hora de explicar el inadecuado sistema de seguridad que desembocó en el accidente de Fukushima.

La NRA deberá perfilarse como una institución especializada y competente que sea autónoma de cualquier interés político, económico o de otro tipo. Tendrá que tener la autoridad legal, la capacidad técnica, los recursos humanos y financieros necesarios para desempeñar sus funciones. Resumiendo, que sea capaz de representar las preocupaciones de los ciudadanos sobre la seguridad nuclear, mostrando que las operaciones en las plantas japonesas se controlan de manera satisfactoria.

 

Christopher Batista es estudiante de la Licenciatura en Estudios Internacionales
Universidad ORT - Uruguay

Published

2014-07-17

Issue

Section

Política internacional