Guatemala: PRESIDENTE ACUSADO DE ORDENAR ASESINATOS

Abstract

Guatemala se enfrenta a una crisis de gobernabilidad tras la publicación de un video que acusa directamente al presidente Álvaro Colom de haber avalado una saga de asesinatos. “Si usted está viendo este video es porque yo, Rodrigo Rosenberg Marzano, fui asesinado por el Secretario privado de la Presidencia Gustavo Alejos y su socio Gregorio Valdez (empresario vinculado al Gobierno), con la aprobación del señor Alvaro Colom y de (la primera dama) Sandra de Colom”.

Así comienza la grabación que el prestigioso abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg dejó antes de ser asesinado el pasado domingo 11 de mayo. “La razón por la que estoy muerto, es porque hasta el último momento fui abogado del empresario Khalil Musa y su hija Marjorie Musa” –ambos asesinados a tiros el pasado 14 de abril.

Según el testimonio del fallecido abogado, Musa, quien había sido nombrado miembro de la Junta Directiva del Banco de Desarrollo Rural (Banrural -institución bancaria de capital mixto) - fue asesinado, junto con su hija, en el mes de marzo pasado, por negarse a encubrir negocios ilegales y millonarios de dicho Banco que van desde lavado de dinero hasta desvío de fondos públicos a programas inexistentes o financiación de empresas utilizadas por el narcotráfico.

En el mencionado video, Rosenberg establece que la principal amenaza que recibió fue del Secretario privado del Presidente: “Directamente Gustavo Alejos me advirtió que si yo seguía en este proceso de decir qué había pasado con Don Khalil Musa y su hija Marjorie Musa, él se iba a encargar que yo no siguiera hablando”.

Sin embargo, el Gobierno de Guatemala declara al respecto que “...condena categóricamente la utilización malintencionada y con fines de conspiración que algunos sectores están haciendo de estos lamentables hechos, con el propósito de crear una situación de zozobra e inestabilidad política en el país” , argumento no demasiado convincente ya que podemos considerarlo familiar en la región.

De ahora en más restan diversas investigaciones, sucesivamente, del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de determinar si existen elementos suficientes para seguir un procedimiento contra los funcionarios mencionados en la denuncia de Rodrigo Rosenberg. De iniciarse la causa se trasladará al Poder Legislativo, donde se investigará hasta llegar a un informe que decida sobre el futuro de la inmunidad de los acusados, independientemente de lo que la vía penal decida a posteriori.

No obstante, más allá de la importancia de este hecho "per se", lo cierto es que el mismo trae a la luz algunas temáticas de extrema relevancia en la política interna de Guatemala. Por un lado se constata que es realmente posible que el mecanismo de echar mano a crímenes organizados como mecanismos de encubrimiento de actividades ilícitas, incluso por parte de la más alta esfera gubernamental, actividad en la que Guatemala se destáco hace décadas, siga estando vigente.

Desde la década de los 60s, y durante las múltiples dictaduras militares que asolaron al país, el asesinato como herramienta política había sacado carta de ciudadanìa en Guatemala. Con la llegada de la democracia, parece que poco ha cambiado al respecto. Peor aún, sigue constatándose que el incremento del crimen organizado en aquél país se encuentra directamente vinculado con la debilidad del sistema judicial, cuyo accionar claramente dependiente del poder político es duramente cuestionado.

Con semejante pasado, es evidente que el hecho de que los que estén acusados se encuentren en el corazón del Poder Ejecutivo no garantiza en absoluto la menor transparencia del proceso, en un país donde sus ciudadanos no confían ni en la policia, ni en el Poder Judicial ni, menos aún, en las Fuerzas Armadas. Para prueba, ya empieza a aparecer "un botón": violando las más elementales normas de ética política, el Presidente Álvaro Colom no ha tenido mejor idea que mantener varias reuniones con la Fiscal a cargo de las averiguaciones y con el Fiscal General Amílcar Velásquez Zárate. Ello sólo ha aumentado las interrogantes acerca de la más que improbable imparcialidad del Ministerio Público.

Por esta razón, varios sectores ciudadanos -(entre los que se encuentra la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, quien, también en su momento, hubo de reconocer el carácter novelesco y no real de muchos de los supuestos "testimonios" incluídos en el libro que le valió el mencionado Premio)- se han manifestado a favor de la separación temporal del cargo de aquellos funcionarios supuestamente implicados. Naturalmente el Presidente Álvaro Colom ha negado esta posibilidad.

Visto desde fuera, lo cierto es que el incidente es de extrema gravedad. En primer lugar porque ni los acusados ni los acusadores, ni los defensores de las víctimas ni los partidarios de los victimarios generan ningún tipo de credibilidad. Guatemala está enferma de violencia desde hace décadas y eso no parece siquiera mejorar.. Enferma de violencia cotidiana e interpersonal, enferma de racismo en una sociedad que es una suerte de "apartheid" no declarada donde las mayorías indígenas están a la merced de la sociedad criolla; está enferma de violencia política y ahora, se ha contagiado con nuevas modalidades de anomias sociales "postmodernass"-(narcotráfico, tráfico ilegal de armas. "maras") que no han hecho más que aumentar la violencia en dicha sociedad.

Con pesar, debemos reconocer que el editorial del número anterior de "Letras Internacionales", “La nueva demokracia en América Latina” estaba pintando con acierto la triste realidad de estos nuevos regímenes "demokráticos" que se han instalando en América Latina. Pese a quien pese la existencia de una democracia cabal es absolutamenete incompatible con la ausencia de libertad de prensa, de circulación, de credo religioso, de libre expresión y asociacion, etc. Pese a quien pese la democracia es inexistente, por más elecciones que se realicen, si hay partido único y/o no hay verdaderas alternativas de elección para el ciudadano, o los partidos están capturados por corporaciones sindicales o empresariales que sólo funcionan en la lógica de la defensa de intereses sectoriales. Pese a quien pese no hay democracia si el Poder Legislativo no es capaz de enfrentar al Ejecutivo gracias a mayorías oficialistas aplastantes o al servilismo de los diputados y si no hay un Poder Judicial realmente autónomo del poder político.

Este lamentable acontecimiento peculiar que se ha presentado en Guatemala, nos lleva, nuevamente, a preguntarnos hasta cuando muchos países de América Latina continuarán recurriendo a los más espúreos procedimientos para esquivarle el bulto a la definitiva aceptación de una cultura democrática liberal, único expediente para que la democracia política sea, finalmente, una realidad.

 
Lic. en Estudios Internacionales. 
Universidad ORT - Uruguay