Primer crisis institucional en Paraguay para el flamante Presidente

Abstract

Como informábamos en Letras Internacionales Nº 35, el pasado 15 de agosto se produjo un cambio histórico en Paraguay al asumir Fernando Lugo como Presidente de la República. De esta manera, el ex obispo católico del partido Alianza Patriótica por el Cambio (APC) dejó atrás más de seis décadas de hegemonía del Partido Colorado, para comenzar con lo que ha denominado “un nuevo Paraguay”.

A pesar de que solamente han transcurrido dos semanas de su mandato, el nuevo Presidente ya se encuentra enfrascado en una fuerte polémica con el Poder Legislativo que bien podría significar la primera crisis institucional que deba afrontar su gobierno. Por ende, parece conveniente profundizar brevemente en esta temática para entender sus razones y algunas de sus posibles implicancias.

Aunque el partido APC ha vencido claramente al Partido Colorado en las urnas -40,8% de los votos para Fernando Lugo, frente al 30,7% de la candidata colorada Blanca Ovelar- la actual disputa que convive en el Congreso tiene sus raíces fundamentalmente en la legalidad del juramento de un senador del partido opositor, más particularmente, del ex Presidente Nicanor Duarte Frutos (2003-2008).

Recordemos que, en Paraguay, el Poder Legislativo está conformado por la Cámara de Senadores –con 45 miembros electos a escala nacional- y la Cámara de Diputados –con 80 miembros electos por circunscripción territorial conforme el número de habitantes por departamento-. Ambas cámaras se eligen por elecciones en listas cerradas cada cinco años, simultáneamente a la elección del Presidente, con excepción de los senadores vitalicios. El artículo número 189 de la Constitución de la República de 1992 establece que “los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpable. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto”.

Entonces, conforme a la Carta Magna, al ex Presidente Duarte Frutos corresponde ocupar la banca en el Congreso como senador vitalicio. Sin embargo, la controversia se circunscribe a la intención de Duarte de prestar juramento como senador activo –esto es, con voz y voto-, habiendo obtenido los votos necesarios para ello como cabeza de la lista más votada en los comicios de abril.

La semana pasada, Duarte juró como senador ante el presidente del Senado y del Congreso Nacional, Enrique González Quintana, del partido UNACE (Unión Nacional de Ciudadanos Éticos) liderado por el Gral. retirado Lino Oviedo. Cabe destacar que, para tomar juramento, la Constitución requiere un quórum reglamentario de la mitad más uno de los legisladores para cada una de las cámaras, lo cual no se cumplió para el caso en cuestión. 

Los opositores frustraron el tercer intento de juramento en el Congreso, en cuanto declararon inválida la ceremonia y ratificaron a su suplente, Jorge Céspedes, en el cargo. Este juramento fue rechazado por todos los partidos que integran el oficialismo, además del centroderechista Patria Querida (cuarto partido más votado con 2,37% de los votos) y un sector del propio Partido Colorado.

Este impedimento se debe a que, para acceder a la banca, en el nuevo Congreso el 1º de julio pasado, el ex Presidente debería haber renunciado a la presidencia, lo cual realizó el 23 de junio aunque la oposición se negó a aceptar la dimisión y concedió el escaño a un suplente por considerar irregular su candidatura. El Congreso nunca aceptó la renuncia en tanto argumenta que la Constitución le prohíbe al presidente ejercer otro cargo simultáneo, así como haberse postulado al cargo de senador cuando todavía era jefe de Estado.

Asimismo, la oposición considera que Duarte quiere escudarse en los fueros para no ser llevado a los tribunales ante eventuales denuncias de corrupción, en tanto el ex Presidente fue investigado recientemente por la fiscalía por sospecha de corrupción, sin llegar a ser imputado. Duarte rebatió este fundamento en tanto la Constitución ya le provee tales fueros en su condición de senador vitalicio, argumentando que aspira a continuar su carrera política y liderar la oposición desde el Congreso.

No obstante, la polémica se agrava desde que la Corte Suprema de Justicia habilitara a Duarte a ejercer el cargo para el que fue electo. El presidente en ejercicio de la Justicia Electoral, Juan Manuel Morales –en tanto el titular Rafael Dendia se encuentra en el extranjero- , ratificó que el Presidente saliente debe jurar como senador activo. Entonces, el país se encuentra en un enredo jurídico sin precedente, porque a pesar de ser considerada inconstitucional la candidatura de Duarte al Congreso, ha sido avalada por la Justicia. Ante esto, el ministro del Interior Rafael Filizzola aseguró que Nicanor Duarte logró que la Justicia convalidara su candidatura gracias al control que todavía ostenta su partido sobre los magistrados. 

El conflicto ha paralizado las labores legislativas desde el miércoles de la semana pasada y amenaza con entorpecer la aprobación de leyes clave para el nuevo Gobierno, a pocos días de la presentación del presupuesto 2009 y en espera de la aprobación de créditos y donaciones, o la aprobación de nuevos funcionarios "claves" como el presidente del Banco Central y los consejeros de las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá que el país comparte con Brasil y Argentina –este último punto considerado entre las temáticas prioritarias del nuevo Gobierno.

Sumado a esto, el Presidente Fernando Lugo sostuvo que la crisis desatada pone en riesgo la “gobernabilidad” del país, en tanto también implica la mayoría parlamentaria en peligro. A pocos días de las negociaciones que significaron la mayoría en el Congreso para el oficialismo, -a través de la denominada “Alianza Nacional” efectuada por los partidos que sustentan a Lugo-, la UNACE se ha apartado de este acuerdo con su apoyo a Duarte en la disputa en cuestión. 

En la tabla a continuación podemos observar esquemáticamente la división parlamentaria por partido político, brindando una visión más clara respecto al número de escaños opositores, del partido de gobierno (oficialistas) o aquellos incluidos en la mencionada alianza. Como puede observarse, tanto el oficialismo como la oposición pueden alcanzar la mayoría parlamentaria dependiendo de quien consiga el apoyo del partido UNACE.

Diputados

Alianza PPQ 4
PUNACE 15
Alianza Total 19

Oficialista

MPT 1
PDP 1
PLRA 29
Oficialista Total 31

Oposición ANR 30
Oposición Total 30

Diputados Total 80

Senadores

Alianza PPQ 4
PUNACE 9
Alianza Total 13

Oficialista

MPT 1
PDP 1
PLRA 14
PPS 1
Oficialista Total 17
Oposición ANR 15

Oposición Total 15
Sin voto Vitalicios 1
Sin voto Total 1

Senadores Total 46

ANR: Asociación Nacional Republicana Partido Colorado 
PLRA: Partido liberal Radical Auténtico
PPQ: Partido Patria Querida 
PPS: Partido País Solidario 
PUNACE: Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos 
PDP: Partido Democrático Progresista 
MPT: Movimiento Popular Tekojoja

Ante este conflicto, el pasado día 28 el Presidente Lugo mencionó la posibilidad de convocar a consulta popular en caso de que persista la crisis en el Parlamento. Lugo recordó a los legisladores que “…fueron electos por el pueblo y que, por lo tanto, éste es el que decidirá su futuro en el caso de que no cumplan con sus deberes”.

Claramente, con poco peso parlamentario relativo y elegido por una coalición heteróclita, Lugo se enfrenta a una serie de barreras que encontrará como consecuencia de la permanencia del Partido Colorado en el poder por 61 años –durante los cuales ha logrado entramar una telaraña a lo largo y ancho de la burocracia estatal paraguaya, de la que se ha tornado imposible distinguir su extensión y alcance. Ante esto cabe la pregunta hasta dónde el Partido Colorado ha efectivamente perdido la hegemonía y, para calar un poco más hondo, hasta dónde llegará su influencia directa e indirecta en el transcurso del nuevo mandato y en las aspiraciones por construir un Paraguay diferente.

* Lic. en Estudios Internacionales. 
FACS. ORT- Uruguay