EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA EN EL PERÍODO 1990-2010 - Parte II

Abstract

Frente a la bonanza de comienzos de los 90’, se generó una ceguera generalizada que hizo inevitable el desmoronamiento por el que pasó la economía colombiana en los últimos años de la década. Tal debacle fue la consecuencia de la combinación de distintas circunstancias.

Como primera razón, es importante destacar que no todos los efectos positivos que se dieron a principios de los años noventa fueron consecuencia de las reformas para la apertura económica. En este sentido, el crecimiento del 4,5% anual en los años 1990-1995 del sector de bienes de consumo estuvo sustentado por el mercado nacional. Lo mismo puede decirse del sector industrial, para quien los consumidores nacionales representaron un 5.7% de la demanda necesaria para su crecimiento del 3.6% anual, mientras que las exportaciones representaron sólo un 1.3%. Además, durante el período de mayor crecimiento de la economía se vio un mejor desempeño relativo de sectores no transables (como el de servicios).

Otro factor que a largo plazo devino en causa de la crisis económica fue el alto grado de endeudamiento del sector privado luego de los primeros años de bonanza, resultado de la masiva expansión de préstamos bancarios a baja tasa de interés. Los inversores nacionales, al tener mayor capital para invertir y menos trabas para importar, contribuyeron a que el aumento en las importaciones fuera tal que provocó una revaluación de la moneda y estancamiento de las exportaciones. El crecimiento de las importaciones fue tal que entre 1990 y 1996 vio un salto del 33%, llegando a picos de hasta 1100% entre 1992 y 1993(Federal Research Division, 2007). Incluso sumado a las importaciones, los inversores colombianos se endeudaron a través de la compra de inmuebles y acciones locales (públicas y privadas). Como consecuencia, el valor de los primeros aumentó en un 10% y el precio real de las segundas se multiplicó ocho veces en el lapso de 1990 a 1994(Echavarría, 2001).

Como respuesta a estas nuevas tensiones y respondiendo a sus obligaciones constitucionales, el Estado también se vio involucrado en los procesos previos a la recesión. El objetivo de la Reforma constitucional de 1991, en lo que refería a la función del Estado, era garantizar una transición controlada hacia un sistema de economía de mercado y proveer de apoyo a los sectores sociales más vulnerables tras el período anterior de guerrilla, donde la ausencia de la presencia estatal había impedido un buen desempeño económico (Echavarría, 2001). Sin embargo, las consecuencias de esta expansión de la presencia pública en los municipios no logró esos resultados.

La delegación de funciones a sectores menores de la administración central exigía ir de la transferencia de un 36.5% del presupuesto estatal en 1993 a un 46.5% en 2002. Para ello, y en oposición con la filosofía económica liberal, se llegó a una mayor presencia estatal en la economía. Para recaudar lo necesario para la ejecución de los nuevos programas sociales de educación y salud, se comenzó con el aumento del volumen de empleados públicos y tributación (un aumento de alrededor del 20%). Sin embargo, como no alcanzaba para cubrir todos los gastos se fue dando un aumento en el déficit que se incrementó hasta llegar a ser el mayor de la región con un 5% del PBI en 1998. Para intentar mejorar su situación, el Estado se convirtió en un actor relevante en la economía, en términos de consumidor como de inversor. Así, paso de representar el 11.3% al 20% del total del consumo del mercado en 1997, y un 34.1% de la inversión. Vale destacar como comparación que el promedio en América Latina para el consumo público era del 15% y de inversión de 28,6%(Echavarría, 2001).

Para esta época, ya pasada la mitad de la década, el sector privado había perdido su fuerza y relevancia en la economía colombiana tanto por el endeudamiento como por el desplazamiento al que el sector público lo había forzado. El sostenido crecimiento económico se desaceleró, y frente a la necesidad de ingresos para llevar adelante sus programas el Estado se vio obligado a recurrir a financiación por parte de fuentes menos confiables, nacionales y extranjeras, que cobraban altas tasas de interés.(Echavarría, 2001). Esto, a su vez, lo volvió más involucrado y dependiente de las tendencias internacionales, que lo terminaron llevando a una profunda crisis.

Pero antes de referirnos a este impacto, es necesario destacar el papel del petróleo en la economía colombiana y su participación en los procesos de la época. El hallazgo de nuevas reservas de petróleo en 1993 impulsó un crecimiento de la industria, en parte gracias al ingreso de capitales extranjeros buscando invertir en las plantas. Esto tuvo dos grandes consecuencias. En primer lugar, la apreciación de la moneda nacional en el mercado de cambio internacional y, en segundo lugar, la asociación de Colombia a la red comercial internacional.

Esto se vio reflejado cuando en 1999 Colombia entra en una crisis de tal magnitud que su PBI llega a una caída de -4.3%. Para ello, se combinaron por un lado los factores antes mencionados que debilitaban la economía con el aumento de las tasas de interés a los préstamos del Estado y la revaluación de la moneda (Echavarría, 2001). A su vez, la situación en las economías asiáticas actuó como desencadenante final. Estas economías emergentes se caracterizaban por vincularse principalmente a los sectores especulativos, como el inmobiliario y de bolsa, con inversiones masivas pero sin garantías institucionales de protección sólidas. Los gobiernos de la región buscaron adoptar medidas para aumentar la seguridad de los capitales, que generó una revaluación de la moneda nacional y un posterior incremento de las tasas de interés al que recurrieron inversores con préstamos a corto plazo. A pesar de la vulnerabilidad que esto provocaba para estas economías, en la medida que los inversores confiaban en la protección de su gobierno no hubo desestabilizaciones. Sin embargo, se expandió una desconfianza hacia ellos que generó la fuga de capitales que se expandió al resto de los países subdesarrollados, entre los que obviamente se incluye Colombia(Uribe Medina, 2011).

Pese a esto y las dificultades que implicó durante el año 1999, Colombia comenzó el nuevo siglo con buenos perspectivas de recuperación económica. La principal razón para esto es el tratado que el país firmó con el Fondo Monetario Internacional. La decisión de recurrir al organismo internacional se tomó al ver la necesidad de reforma de la economía para evitar nuevamente los desajustes por los que pasó el país en la década, para lo cual se necesita capital adicional. Es así que el gobierno colombiano se compromete a cumplir las condiciones que el FMI propone a cambio de un préstamo de US$ 2.700 millones. Dichas condiciones apuntan principalmente a un ajuste macroeconómico que requiere recortes del sector público y aumento de la recaudación fiscal. Para ello se privatizan empresas públicas, se aumenta la cantidad de contribuyentes y la edad de jubilación y se reduce el número de empleados del Estado (Giraldo, 2001).

Una vez estudiado la década entera, se puede sostener que entre las principales debilidades de las políticas económicas del gobierno colombiano está la decisión de combinar objetivos de apertura que siguen un lineamiento económico neoliberal con otros de intervención y asistencia estatal. Estas posturas hacen difícil su combinación efectiva e impiden una aplicación profunda que logre buenos resultados para la sociedad o la economía. Por otro lado, para evitar la extrema vulnerabilidad de la economía nacional frente a los acontecimientos en el exterior, una buena propuesta era la contenida en la Reforma financiera de 1999 que propuso un mayor control y supervisión a los capitales extranjeros habilitados para invertir en Colombia (Uribe Medina, 2011).
Proceso 2000 – 2008

En el año 2000, la economía colombiana vivió un crecimiento del 2,9%, que se redujo a 1,4% en 2001 alcanzó un 1,7% en 2002 (Kalmanovitz, 2004).Este tímido crecimiento y leve recuperación del valor de 2001 implicó que la desocupación se mantuviera en niveles alarmantes (de hasta 20%) y nublaran las expectativas de salir del estancamiento. Un cambio necesario para la reactivación económica lo impulsó una reforma legal en 2003, que impuso la reducción de sobresueldos pagos a los trabajadores nocturnos y dominicales. El resultado inmediato fue la salida al mercado laboral del sector que necesitaba compensar este recorte generando un aumento en la demanda de nuevos puestos de trabajo.

Esta nueva demanda de trabajo se combinó con la permanencia de la aceleración de la economía por la recuperación de los socios comerciales extranjeros. Estos a su vez favorecieron la inserción laboral demandada gracias a su interés en los productos transables que ofrecía Colombia, como los industriales, minerales y agrícolas. Lo más relevante en términos del crecimiento económico fue el crecimiento del sector transable. Esto se debe a que, a diferencia de lo ocurrido en la década anterior, su paridad con la demanda de productos no transables implicaron un aumento de las exportaciones e ingreso de capitales nuevos en la economía.Es por estos factores que Colombia llega a representar la mayor tasa de crecimiento del Subcontinente con un 3.6% anual en comparación con el 1.5% de América Latina en su conjunto (Kalmanovitz, 2004).

La continuidad de las reformas aprobadas en 2003 permitió un reducido gasto público, que tuvo como resultado bajas tasas de interés con una función clave en incentivar la inversión del sector privado nacional. Al ver los efectos favorables, el crecimiento de este tipo de inversión alcanzó el 16.2% del PBI, se complementaron las medidas con reducciones de impuestos a las inversiones (llegando a descontar hasta un 30%). Es importante tener en cuenta que esta mejora en la performance de la economía colombiana se fundó en medidas controladas por el Estado. Por lo tanto, se estableció un marco para las inversiones más seguro y menos vulnerable a la volatilidad característica de los inversores que habían sustentado la expansión años antes. De la misma forma, la búsqueda de un mayor ordenamiento en las inversiones produjo que el crecimiento fuera menos pronunciado.

Otro sector importante para el reflote colombiano volvió a ser el primario, especialmente el petrolero. En el ámbito internacional se dio un aumento en la demanda de bienes agrícolas y de hidrocarburos, provocando una mejora en los términos de intercambio colombianos ya que estos eran su fuerte en lo que refiere a exportaciones. Esto significó una ventaja tanto para el sector privado como para el público. El privado aumentó sus ingresos principalmente por las exportaciones agrícolas, ampliando su base de capital para futuras inversiones, mientras que el sector público generó buenos ingresos de la venta de petróleo. Como dato de referencia, vale destacar que entre 2003 y 2008 el precio promedio del petróleo escaló de US$30 a US$100(Kalmanovitz, 2004).
La nueva bonanza permitió que el gobierno disminuyera gradualmente su deuda externa, gracias a la combinación del crecimiento del PBI y revaluación de la moneda por el cambio de valor de los términos de intercambio.

La crisis de 2008 y su impacto

El crecimiento de la economía colombiana se prolongó hasta 2007 y la confianza contribuyó a una gran demanda de préstamos bancarios. Las dificultades se presentaron en 2008, cuando se desencadenó la crisis financiera en el hemisferio norte y sus consecuencias implicaron un decrecimiento para Colombia.

A pesar de esto, el país pudo afrontar los vaivenes externos de mejor manera que en la crisis de 1999. En primer lugar, porque la deuda pública venía disminuyendo paulatinamente. Además, la adopción de medidas anti-cíclicas previas al comienzo de la recesión de 2008 generó que el impacto que sufrió Colombia fuese menos significativo. Por ejemplo, se redujo el gasto público a pesar de atravesar un periodo de crecimiento constante del PBI. Otra razón importante radica en la modificación del tipo de cambio. Mientras que en la década de 1990 era rígida, la adopción de una tasa flexible brindó una mejor adaptación a los cambios financieros globales y evitó un despegue de la inflación (Uribe Medina, 2011). Este cambio de políticas y readaptación de la postura del Estado en relación a su gasto y funciones refleja la culminación de un proceso de análisis y reflexión de las consecuencias padecidas por recesiones anteriores en búsqueda de nuevas y mejores alternativas para evitarlas.

Pero Colombia no logró ser inmune a la crisis y nuevamente el sector petrolero fue clave en ello, principalmente por el déficit de ahorro de sus ingresos. Este sector amplió las dimensiones de la población endeudada gracias al boom previo de préstamos bancarios, que llevaron a que el crecimiento económico potenciado por el comercio exterior se viera mermado. 


Situación actual de la economía y problemas a enfrentar

En 2012 la economía colombiana presentó un crecimiento anual del 4.3% anual, posicionándolo en el puesto 75° en comparación con el resto del mundo según la base de datos de la CIA (CIA, 2013). Sin embargo, aunque no sea una cifra despreciable considerando que las consecuencias de la crisis de 2008 siguen afectando a ciertos países (incluso los más poderosos), hay problemas que Colombia debería afrontar para asegurar un futuro próspero. En este sentido, existe una alta tasa de desempleo que llega al 10% de la población, un porcentaje del 34% de la población que vive bajo la línea de pobreza y una deuda pública que alcanzó el 40% del PBI en 2012 (CIA, 2013).

Una estrategia para superar esta situación puede ser incentivar el comercio. Sin embargo, teniendo en cuenta los estudios del WorldEconomicForum y su “Índice de competitividad”, hay factores importantes que desestimulan la inversión extranjera en la economía nacional.Teniendo este índice como referencia, lo que más dificulta el aumento de nuevos capitales que intervengan en los procesos económicos es la corrupción (calificado como 18 en una escala de 30). En segundo lugar se encuentra la ineficiencia de la burocracia gubernamental con un ranking de 12 en la misma escala.

En tercer lugar aparece la infraestructura, calificándose la colombiana con un 3 en una escala que llega hasta el 7. Además, es destacable la relevancia de la informalidad, que en Colombia alcanza el 40% de la actividad económica y cerca del 60% del empleo. Por su parte, la evasión fiscal es uno de los mayores problemas. Con el fin de mejorar dicho problema, Colombia debería aumentar la flexibilidad del mercado laboral a través de la reducción de impuestos y el costo del empleo. Finalmente, tienen un peso relativo importante la delincuencia. A pesar de que el nivel de inseguridad ha disminuido en los últimos años, se mantiene con un valor de 7.8 en la escala de 30 puntos (World Economic Forum, 2012).