CONTEXTO DE LAMPEDUSA

Abstract

Detrás del sistemático ataque del Partido Republicano, secuestrado por el Tea Party, contra la reforma sanitaria de Barack Obama, reside la percibida amenaza de la inmigración sobre la imaginada y mítica esencia nacional de Estados Unidos. Ante la contumaz atracción del país en el resto del planeta poco pueden hacer medidas restrictivas para disuadir la inmigración. Lo más que se puede intentar es su canalización y subsecuente legalización. Mientras tanto, la polémica del sistema de salud (y detrás de ella la amenaza inmigratoria, aunque no es la única causa) se cierne como una cimitarra sobre la convivencia y la cohesión nacional, hasta el extremo de hacer ingobernable el país y sumirlo en la suspensión de pagos.

Al otro lado del océano, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, fue silbado a su arribada a la islita de Lampedusa, como protesta por la inoperante conducta de la Unión Europea ante las oleadas de las trágicas y frustradas arribadas de inmigrantes a las costas italianas. Aunque la protesta se hacía extensiva al primer ministro italiano Enrico Letta y a la comisaria de Interior Cecilia Malstroem, los protestantes en rigor se equivocaban de objetivo. La UE no es la causante de la impotencia en evitar ese pertinaz movimiento. Los culpables son los mismos gobiernos soberanos que desde los ambiciosos logros de integración profunda que se apuntaban con el Tratado de Maastricht se han resistido a dar unos nuevos “pasos osados”, como se prometía desde la Declaración Schuman de 1950. Hay una línea roja que en las capitales europeas no se está dispuesto a pasar.

El problema reside en que todavía las competencias de inmigración y fronteras están ancladas firmemente en los sectores inamovibles del antiguo tercer pilar de la UE, ahora bautizado como “Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia”. Aunque lenta, pero tenazmente, muchas competencias antes bajo el yugo de la unanimidad han sido traspasadas al área comunitaria y cuyas decisiones se pueden ya tomar por mayoría cualificada, el paso crucial se resiste.

Desde 1957, con la aprobación del Tratado de Roma que fundó la Comunidad Económica Europea y EUROATOM, el cambio decisivo con respecto a la modestia de la agenda de la Comunidad del Carbón y el Acero (CECA) de 1952, como resultado de la oferta de Schuman leyendo el guión de Jean Monnet, el corazón de la integración europea ha estado centrado en el funcionamiento del Mercado Común. La sublimación del Tratado de Roma, en este terreno, tuvo que esperar a la aprobación del Acta Unica de 1986. Las columnas fundamentales de lo que sería conocido luego como el Mercado Unico eran cuatro libertades de movimiento.

La primera, fácil de entender, es la libre circulación de bienes, con el desmantelamiento de las barreras arancelarias y físicas; la segunda está centrada en la circulación de capital, operación bastante fácil, ya que estaba impelida por los activos intereses económicos y empresariales; la tercera era la desaparición de las limitaciones a la libre disponibilidad de los servicios.

La cuarta sigue siendo la más difícil: la libre circulación de las personas. Si este aspecto está regulado y garantizado por los tratados en el contexto interior y está anclado en el terreno comunitario (primer pilar), el trasvase de ciudadanos a través de las fronteras exteriores está formalmente sujeto a las decisiones soberanas de los estados. Inmigración, visados, asilo y cualquier dimensión de control de fronteras son monopolio de los gobiernos y solamente el Consejo, mediante decisiones unánimes, puede emitir legislación efectiva.

De ahí que los gobiernos se aprovechen de su carencia de competencia y echen la culpa a las instituciones de la UE, atizando a la opinión pública contra los entes supranacionales, como la Comisión, y también el Parlamento, por la ausencia de regulaciones colectivas y la dependencia de decisiones y medios puramente nacionales. Esconden cómodamente el hecho de que con decisiones conjuntamente soberanas el problema por lo menos se encararía de una forma más eficaz. Se deben “comunitarizar” las atribuciones de orden interior.

Pero los gobiernos se resisten en hacer desaparecer un chivo expiatorio. Lo que funciona mal es la UE, y las instituciones (Comisión, Parlamento, Consejo, Tribunal) se dibujan como lejanas e inaccesibles. En lugar de acudir a remedios de urgencia como el envío de unos cuantos navíos adicionales (en la operación llamada irónicamente “Mare Nostrum”) a vigilar la zona entre Túnez, Sicilia y Malta, Italia debiera liderar y ser arropada por sus socios más potentes y cercanos (Francia, España, y también el Reino Unido) y establecer una flota de vigilancia que no reduzca sus funciones a la interdicción de embarcaciones repletas de emigrantes desesperados, sino a la efectiva regulación del tráfico en el Mediterráneo.

Es más, los mismos gobiernos, quizá también con la cooperación de Estados Unidos y otras potencias extra mediterráneas, debieran presionar a los países emisores de la emigración incontrolada para que ejercieran una soberanía más eficaz. De no contar con medios propios, la ayuda debiera consistir en unos planes de desarrollo ambiciosos para cortar el problema de raíz.

En fin, si estas alternativas no son viables, en ambos contextos del mundo desarrollado, Estados Unidos y Europa, no queda más remedio que asumir la responsabilidad del papel de imán atractivo y adoptar planes de acogida, adaptación e integración social a la nueva residencia. No queda más alternativa que plegarse a los cantos de sirena de los Tea Party europeos, liderados por Le Pen, respaldados por toda clase de asistencias populistas.

Estos tristes incidentes han venido a ser todavía más dramatizados por la vergonzosa expulsión en Francia de una niña de origen kosovar (aunque nacida en Italia) Leonarda Dibrani, de 15 años, fue sumariamente detenida en un viaje cultural de su escuela y junto a su madre y hermanos enviada por vía aérea a la población de Mitrovica, donde su familia romaní (gitana) había vivido en el pasado. Técnicamente apátrida, el comportamiento de su padre no encajaba con las reglas sociales francesas, con el resultado de que el ministro del Interior Manuel Valls decretó la deportación, con el resultado de protestas generalizadas.

Este nuevo capítulo de aplicación de las leyes nacionales de los países de la UE recuerdan las serias tensiones de las sociedades que atribuyen a diversas dimensiones de la inmigración (legal e indocumentada) las causas de los problemas económicos y de índole de criminalidad. Durante la administración de Nicolas Sarkozy, el gobierno francés ordenó el cierre de la frontera con Italia, en violación del acuerdo de Schengen, es para frenar el éxodo de inmigrantes del norte de Africa que utilizarían el territorio italiano como simple zona de paso para adherirse a las comunidades magrebíes firmemente establecidas en territorio galo. Esta decisión provocó la firme advertencia de la Unión Europea, que recordaba la anterior recriminación cuando el mismo Sarkozy ordenó la deportación en masa de romaníes, sin importarle que eran ciudadanos rumanos, y por lo tanto libres de residir y circular en todo el territorio de la UE. Bruselas se contentó con una promesa de mejor comportamiento en el futuro del gobierno de Paris.

Los avisos y las rectificaciones no han servido de nada. El gobierno francés se siente amenazado por los votos del sector conservador que oscilan hacia la ultraderecha de Le Pen. Aunque el presidente Hollande ha ofrecido a Leonarda regresar a Francia (sin su familia), el mal ya está hecho: se está mandado un mensaje preocupante de cebarse en grupos desprotegidos y culparlos de los problemas económicos y sociales.

Mientras tanto, el Partido Republicano y el Tea Party que lo ha secuestrado han tenido que rectificar en su obcecación por oponerse al “Obamacare”, pero eso no quiere decir que no lo intenten de nuevo. Hay que frenar la inmigración y su coste económico-social. Está por ver si algunos gobiernos europeos continuarán cayendo en la trampa de aplacar el racismo y la discriminación con medidas populistas más propias de los años 30.

Sobre el autor

Jean Monnet Professor “ad personam”,
Director of the European Union Center
University of Miami
jroy@Miami.edu
www.as.miami.edu/eucenter