PATERNALIZANDO AL PARAGUAY

Abstract

Como consecuencia de una masacre policial, Fernando Lugo realizó un cambio de gabinete y le otorgó un ministerio clave a la oposición. La movida hostilizó a los aliados pero no conquistó a los contrarios. Entonces el congreso, por acuerdo entre ambos sectores, resolvió destituir al presidente. En Europa se llamaría parlamentarismo; en Paraguay, juicio político; en el Mercosur, golpe de estado. ¿Quién tiene razón?

La alianza que llevó a Lugo al poder se construyó sobre dos pilares: el aparato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el liderazgo carismático del ex sacerdote. El PLRA aportó el piso de votos, los fiscales, el dinero para la campaña y la mayoría de los candidatos, mientras Lugo contribuyó con el plus de votos que, alcanzando el 40%, le otorgaron la presidencia. Pero el jefe de estado jugó a dividir al partido aliado, sub-representándolo en el gabinete y negociando medidas puntuales con líderes del Partido Colorado, el principal de la oposición. La acumulación de humillaciones y resentimientos personales, en una sociedad tradicional como la paraguaya, exigía muñeca política o amortiguadores institucionales. El déficit de ambos terminó en la remoción del presidente.

La primera constatación es que el procedimiento fue constitucional. Según el artículo 225 de la carta magna, el presidente puede ser sometido a juicio político por mal desempeño de sus funciones. La acusación es formulada por la Cámara de Diputados con mayoría de dos tercios, y juzgada por el Senado mediante la misma mayoría. El resultado, en caso de condena, es la separación del cargo. La Corte Suprema de Justicia ratificó luego la constitucionalidad de lo actuado.

El cuestionamiento que realizan los países vecinos se basa en el incumplimiento del debido proceso. Es razonable: 48 horas no parece un plazo apropiado para preparar una defensa. Aunque la letra de la Constitución no haya sido violada, las buenas prácticas procesales lo fueron. Pero a diferencia de Honduras, no hubo intervención de las fuerzas armadas ni deportación anticonstitucional del presidente. Con mínimas diferencias, Fernando Lugo corrió la suerte de Aníbal Ibarra: si por un lado los tiempos fueron más rápidos que en Buenos Aires, por el otro no hubo amenazas a los legisladores ni compra de votos. Y a Jorge Telerman no lo llamaron dictador, sonríe un colega paraguayo pese a no simpatizar con Federico Franco.

Cuando las dos bibliotecas del derecho chocan, desempata la política. La acusación contra Lugo recogió 76 votos contra 1 (uno) en la Cámara de Diputados, y la condena se definió por 39 contra 4 en la de Senadores. Lo que Paraguay enseña va más allá de un caso e ilumina un patrón: el de la inestabilidad de los presidentes sin apoyo partidario. Collor de Melo encarna el antecedente más obvio. Los Francos los suceden: tanto Federico en Paraguay como Itamar en Brasil se apoyaron en la legitimidad formal, otorgada por la Constitución, y política, derivada de haber sido electos con los mismos votos que los presidentes a quienes acompañaron en la boleta.

La acusación contra Lugo se basó en cinco puntos lindantes en el absurdo, algunos tan genéricos como la “creciente inseguridad”. Pero lo que le costó el cargo fue la ruptura de su alianza con el Partido Liberal. Irónicamente, el partido que resistió a la dictadura lo abandonó por dos decisiones que beneficiaron al de Alfredo Stroessner. La primera consistió en mandar la policía a desalojar a los carperos que ocupaban la estancia de Blas Riquelme, un empresario y político colorado; pero esas tierras son en realidad estatales, y están ocupadas ilegalmente por su alegado propietario. En síntesis, el gobierno actuó contra los intereses del Estado y de su propia base social, protegiendo la ilegalidad de los ricos contra la de los pobres. La segunda decisión fue nombrar a Rubén Candia Amarilla, un ex fiscal cercano al anterior presidente colorado, sospechado de corrupción y admirador de la mano dura, como ministro del interior. Considerando estos hechos, describir lo que siguió como un golpe de derecha yerra tanto en el sustantivo como en el adjetivo.

Y sin embargo, los demás miembros del Mercosur decidieron suspender al Paraguay por haber violado la cláusula democrática. Según Santiago Deluca, ex secretario del Tribunal Permanente de Revisión, esa suspensión es ilegal. De acuerdo con el Protocolo de Ouro Preto, los únicos actos jurídicos vinculantes del Mercosur son aquéllos emanados de sus órganos decisorios: el Consejo Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio. Los jefes de estado, aunque participen en sus reuniones, no se encuentran habilitados para tomar decisiones. ¿Cuál es, entonces, la norma que suspendió los derechos de Paraguay como miembro pleno? Ninguna: fue una declaración presidencial, realizada además sin respetar el derecho de defensa y la garantía del debido proceso – faltas que, paradójicamente, se adjudicaron al Paraguay como razón para suspenderlo.

La Cenicienta del Mercosur, el país menos reconocido por su apego al estado de derecho, sufrió en carne propia el desprecio que los poderosos sienten por la ley. El gobierno guaraní acudió ante el Tribunal Permanente de Revisión para cuestionar la juridicidad de la decisión. En una obra maestra de malabarismo político, los cinco miembros del Tribunal evitaron pronunciarse “sobre el cumplimiento o la violación de la normativa Mercosur en relación con la demanda planteada” – y, por lo tanto, dejaron a Paraguay durmiendo afuera. Pero los argumentos de Argentina, Brasil y Uruguay (los demandados) son dignos de nota: negando la competencia del Tribunal, alegan que “la naturaleza de la decisión adoptada (la suspensión) es política, razón por la cual no es necesario realizar un proceso de tipo contradictorio para emitirla”, no se “prevé rito solemne ni formalidades” ni revisión judicial. El juicio también político que destituyó a Lugo, y por el cual su país fue sancionado, tuvo al menos dos horas de contradictorio y la formalidad de 115 votos derrotando a 5 en un congreso popularmente electo. Que el Paraguay respete los procedimientos constitucionales más de lo que sus socios respetan las normas del Mercosur lo dice todo sobre el estado del bloque.