LA INTERVENCIÓN DEL INDEC - Aportes teóricos al estudio de un caso

Abstract

La intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos en la República Argentina, ocurrida a mediados de la primera década de nuestro siglo, motivó un documentado libro del periodista Gustavo Noriega titulado "INDEC: Historia íntima de una estafa" y publicado en 2010.

Transcurridos casi seis años del inicio de esa nueva y compleja etapa en un tipo de institución clave para el funcionamiento económico y social de cualquier democracia moderna, Estefanía Canalda aporta otra mirada para mostrar los densos debates teóricos subyacentes en ese polémico proceso que tuvo su inicio durante el gobierno del ex presidente argentino Néstor Kirchner y se prolongó en el de Cristina Fernández de Kirchner.

La posmodernidad, explica Ernest Gellner, parecería estar “a favor del relativismo, y hostil a la idea de una verdad única, objetiva, exclusiva, externa o trascendente. La verdad es elusiva, polimorfa, interna, subjetiva” (1994, 38). El positivismo, gran enemigo de la posmodernidad, “significaría una creencia en la existencia y validez de hechos objetivos, y sobre todo en la posibilidad de explicar tales hechos por medio de una teoría objetiva y verificable, no ligada esencialmente a ninguna cultura, observador y talante” (op. cit., 40).

Es difícil defender que las condiciones culturales, históricas, ideológicas del individuo y de los colectivos no condicionen sus formas de ver y estudiar el mundo. Pero, aun considerando las falencias que describe Noriega en el INDEC previo a la intervención, no parece que todos los trabajadores de la institución tuvieran las mismas posturas o intereses políticos. Así, mientras se puede discutir cómo la ideología propia de una profesión determinada o incluso de la ciencia en general influyen en la metodología de trabajo y en la confianza que se deposita en los datos obtenidos, no se puede atribuir livianamente una “agenda” política a los procedimientos del INDEC en su etapa previa a la intervención.

La situación en que el perfil de los individuos influye notoriamente en el trabajo general de una institución es cuando la inmensa mayoría de ellos responde a posiciones e intereses políticos (no profesionales) concretos, como ocurrió en el INDEC luego de la intervención. Antes del 2006 ó 2007, podemos inferir que había cierto equilibrio dentro del instituto. Aunque adhiriéramos a la hipótesis de Néstor Kirchner de que había “funcionarios importantes” que trabajaban “para favorecer a los tenedores de bonos indexados que más cobran cuanto más alto es el índice de precios al consumidor” (Noriega, 2010, 124) —afirmación que nunca culminó en denuncias concretas—, esos funcionarios inexorablemente habrían tenido que convivir con trabajadores honestos que, más tarde o más temprano, terminarían denunciando la manipulación de los datos, o las falencias de los procedimientos de medición. Incluso en el improbable caso de que todos los funcionarios tuvieran las características descritas por el ex presidente, al ser las metodologías y datos recabados de acceso público, todo podría haber sido contrastado y desacreditado por técnicos externos al INDEC.

El propio argumento del oficialismo plantea una de las claves de la desconfianza en las nuevas cifras del instituto: si la metodología previa no era “inocente”, ¿qué podemos esperar de una que se deriva de la colonización explícita, violenta, por parte del gobierno de la institución que la genera? La desconfianza de la objetividad científica es productiva cuando conduce a que se revean e interpelen procedimientos naturalizados. El debate social sobre temas como la estadística enriquece la vida pública, la vuelve más democrática. Sacar a la luz los procesos mediante los cuales se elaboran los índices que vemos continuamente en los medios es positivo.
La respuesta del oficialismo a la pretendida desconfianza de la objetividad fue, sin embargo, la opuesta: implementar una política de “puertas cerradas” en el INDEC. A su vez, se desplazó a la inmensa mayoría de los técnicos capacitados y con trayectoria, con lo que la crítica a la metodología de trabajo surgía, por lo general, de personas cuyo currículum tenía más que ver con la militancia que con la economía. “Vinieron dispuestos a negar la regla de tres simple”, cuenta un testigo de la intervención (op. cit., 274).

Aquí es relevante recordar algunas fechas y observar cierto recrudecimiento del proceso de adulteración profunda de las informaciones ofrecidas por el INDEC:

Si durante 2006 [Guillermo] Moreno intentó por todos los medios afectar el índice [de precios al consumo], procurando averiguar comercios y productos para presionar sobre ellos, con el cambio de año la táctica fue otra. Harto de lidiar con técnicos respetuosos de las leyes y con orgullo profesional, Moreno se retiró de la escena visible, no sin antes instalar dentro del instituto a una persona de su confianza. En enero de 2007, con el arribo de Beatriz Paglieri, comienza lo que se conoce como la intervención. En los siguientes seis meses se procedería a la adulteración de los índices modificando el ingreso de varios de los insumos. (2010, 77-79)

De acuerdo a la posición del oficialismo, la neutralidad en el ámbito científico —al igual que en los demás— es una “falacia”, entre otras razones porque todo sujeto está marcado por significaciones culturales que se imprimen en él, y que muchas veces se expresan de manera inconsciente. Esta postura se enuncia en el discurso de Claudio Comari, director de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Durante la intervención. Comari arremete contra el “mito de la construcción ‘neutral’ del conocimiento llevado adelante por ‘neutrales’ profesionales sin intereses ni ideología (…) que producían indicadores ‘neutros’ de forma ‘neutra’ para bien de la comunidad” (op. cit., 196). Por su parte, Ernest Gellner describe esta concepción del sujeto:

Si [los sentimientos, pensamientos y sensaciones del sujeto] se engendran a partir de significados impuestos sobre el material crudo inidentificable y rudimentario, y el significado viene en paquetes culturales que se contradicen a sí mismos, entonces no hay tal certeza ni lugar de descanso dentro de nosotros. (…) Tenemos que desconfiar de nuestra subjetividad tanto como de las antiguas pretensiones de conocer al ‘otro’ (1994, 39).

A la posición de Comari, Noriega responde que “si se va a desafiar el consenso establecido (…) se necesitan demostraciones concretas, con datos y una fundamentación clara y precisa” (2010, 207). La metodología por la cual se calculaban los índices estadísticos antes de la intervención era pública, y se podía por tanto debatir y cuestionar. Además, la ideología de los técnicos implicados en el cálculo es irrelevante si la metodología y los datos están a disposición de cualquiera que pretenda discutirlos. “Había un uso democrático de la información y esa práctica se limitó”, expresa Noriega (op. cit., 199).

Quizás tengan alguna validez las críticas de Comari referidas a los elementos que mide el INDEC a la hora de determinar la pobreza. “En el momento en que se iba a desmontar toda la estructura estatal, se iba a destrozar la educación, destrozar la salud, toda esa parte se ocultaba porque sólo se medía cuánta plata tenía la gente en el bolsillo” (op. cit., 203). Pero si la inquietud del oficialismo era meramente técnica, metodológica, se podría haber impulsado un debate público o haberse medido la pobreza empleando y contrastando índices distintos.

La inadecuación de cualquier índice estadístico para dar una visión acabada, objetiva, incontestable de la realidad, es obvia. Pero, si ése fuera el problema, alcanzaría con obtener diversos índices que se complementaran, ayudando a crear un panorama cada vez más preciso. Como escribe Michael Lynch, “puede haber más de una descripción verdadera de la realidad” (2005, 60). En la intervención del INDEC hay una renuncia a intentar conocer la realidad, muchas veces desde el argumento de la imposibilidad del acceso a los “hechos”.

Ante este argumento, Lynch responde que “la búsqueda de la verdad siempre es indirecta”: “al afirmar que la verdad es una meta valiosa, estamos diciendo que deberíamos (…) adoptar medidas, métodos y hábitos de investigación fidedignos o probablemente conducentes a creencias verdaderas” (op. cit., 28-29). El acceso a la realidad, aunque sea siempre incompleto y sesgado, se vincula a la búsqueda de evidencias o indicios. Es, como dice el autor, indirecto. En el caso de las nuevas cifras del INDEC, todos los indicios —la experiencia cotidiana siendo el más claro— apuntaban a que eran falsas. La renuncia a la búsqueda de la verdad se materializó en la “ceguera” con respecto a la evidencia empírica.

Es sencillamente un error pensar que, para reconocer si nuestras creencias son verdaderas (incluso objetivamente verdaderas), precisamos tener algún tipo de contacto directo misterioso con los hechos ‘en sí mismos’. Reconocemos lo verdadero y lo falso indirectamente al reconocer lo que podríamos denominar los signos de verdad o falsedad, esto es, al reconocer lo que está y lo que no está justificado (op. cit., 43).

De las posturas que caracterizaron a los discursos del oficialismo sobre la crisis del INDEC, ésta es una de las más dañinas. La verdad, a todas luces, dejó de considerarse la meta de las estadísticas oficiales. Pero, ¿puede la estadística tener otro objetivo que no sea la creación de un panorama certero de la realidad? Y si, como ocurrió, su fin fuera disimular problemas económicos o ahorrarle dinero al Estado, ¿podríamos seguir llamándola estadística?

Noriega afirma que la “idea de subordinar el conocimiento y las cifras a una conveniencia política quedó en evidencia cuando se desató la epidemia de gripe porcina, unos días antes de las elecciones legislativas de julio de 2009” (2010, 245-246). Ante la divergencia entre la cifra de enfermos publicada antes y la publicada después de las elecciones, Cristina Fernández salió a decir que “era una información que no debía darse”, esgrimiendo el argumento de la responsabilidad del gobierno de no generar pánico (op. cit., 246).

Esta afirmación es similar a la noción de “fraude patriótico” con la que algunos justificaban los índices adulterados del INDEC, en tanto la “utilidad” —que determina unilateralmente el gobierno— pasa a ser más importante que la verdad. Esto recuerda a las advertencias que hacía John Stuart Mill sobre el silenciamiento del debate público bajo la excusa de que la postura defendida por el gobierno, fuera o no verdadera, tenía “importancia social”:

En la época presente (…) la exigencia de una opinión a ser protegida contra los ataques públicos se apoya, más que en su verdad, en su importancia social. Hay, se alega, ciertas creencias tan sutiles, por no decir indispensables, al bienestar, que el Gobierno está tan obligado a mantenerlas como a proteger cualquiera de los otros intereses de la sociedad. En caso de tal necesidad y que tan directamente entra en el orden de su deber, puede haber algo, se dice, que no sea la infalibilidad que justifique y hasta obligue al Gobierno a actuar según su propia opinión (…). También se arguye con frecuencia, y con más frecuencia se piensa, que sólo los hombres malvados desean debilitar estas saludables creencias; y no puede ser malo, se piensa, reprimir a estos hombres y prohibir lo que sólo ellos desean practicar. Esta manera de pensar hace de las limitaciones impuestas a la discusión no una cuestión de la verdad, sino de utilidad a las doctrinas, y se lisonjea de escapar, por este medio, a la responsabilidad de reclamar el carácter de juez infalible de las opiniones. Pero los que así se satisfacen no piensan que la presunción de infalibilidad no ha hecho más que cambiar de sitio. La utilidad de una opinión es en sí misma materia opinable, tan discutible como la opinión misma, y exige, con la misma fuerza que ella, una discusión (1997, 83).

Por otra parte, las diferentes posturas del kirchnerismo se contradicen entre sí. En la justificación del avasallamiento del INDEC, como ya hemos visto, emplea las armas de la posmodernidad. Sin embargo, hay infinidad de ejemplos de concepciones universalistas en su discurso y su accionar, como la importancia fundamental que le concede a los derechos humanos.

Como apuntan Noriega (2010), Eagleton (1998), Gellner (1994) y Lynch (2005) algunos postulados del posmodernismo resultan contradictorios con la idea de cambio social:
Su relativismo cultural (…), su escepticismo, pragmatismo y localismo, su disgusto por las ideas de solidaridad y organización disciplinada, su falta de una teoría adecuada de la participación política: todo eso pesa fuertemente contra él. Al enfrentar a sus antagonistas políticos, la izquierda (…) tiene necesidad de una ética fuerte e incluso de fundamentos antropológicos (Eagleton, 1998, 198).

Por su parte, Noriega afirma que parece “por lo menos curiosa una estadística que pretenda tener raigambre popular y que al mismo tiempo sea menos sensible para medir pobrezas y necesidades” (2010, 197). Hay dos vertientes de contradicción flagrante del gobierno con las posturas de izquierda que defiende. Una es la negación de los niveles reales de marginalidad y pobreza. Como escribe Martín Caparrós,

No es extraño que se preocupen tanto por los medios quienes creen en la palabra más que en la vida misma, quienes creen que alcanza con decir que no hay inflación para que no haya inflación, con decir que hay muchos menos pobres para que haya muchos menos (op. cit., 249-250).
La implementación de cualquier cambio social comienza con el conocimiento de la sociedad que se pretende cambiar. Porque, como afirma Lynch, lo “que importa para la verdad es el modo de ser del mundo, no lo que creemos sobre el mundo” (2005, 25).

Aún si asumimos que el gobierno tiene las cifras reales, despojar a otros de su uso (por ejemplo, a sociólogos, politólogos, etnógrafos e historiadores) implica no solo un empobrecimiento de la cultura general del país, sino también un cercenamiento de investigaciones que podrían servir como base de nuevos cambios. El conocimiento de la situación estadística real de un país jamás puede estar reservado a la esfera de un gobierno particular. Como plantea Noriega, el INDEC debería estar “libre de tutelas políticas” y ser “confiable y sólido técnicamente” (2010, 284), puesto que es una herramienta pública.

La otra contradicción con las políticas de izquierda, la más deplorable, son los actos de violencia ejercidos contra los trabajadores del INDEC. La adulteración del IPC tuvo una especie de efecto dominó que fue progresivamente contaminando todas las mediciones. A medida que la adulteración se multiplicaba, el maltrato se agravaba y los trabajadores se iban rebelando, algunos más sutil, otros más abiertamente.

El libro de Noriega desborda de ejemplos de “claras venganzas de índole patronal: son trabajadores sancionados por haber ejercido el derecho de huelga, por desobedecer órdenes, por haberse manifestado públicamente o, peor aún, por haber colaborado con la justicia” (op. cit., 217). Como nos recuerda Lynch, es fundamental “estar abierto a la posibilidad de que tus creencias estén equivocadas” (2005, 17). Lo que se procuró con la intervención del INDEC fue expulsar o amedrentar a todo el que pudiera exponer sus “equivocaciones”. Los procedimientos y las bases de datos se volvieron “secreto de estado”.

Noriega recuerda que “la adulteración del índice realizada en la Argentina tiene como único antecedente una intervención realizada en el Chile de Pinochet” (2010, 135). Después del golpe de setiembre de 1973 contra Salvador Allende, “la dictadura pinochetista forzó los índices para abajo, de manera de disimular el crecimiento inflacionario y poner un techo a las actualizaciones salariales”. Importa señalar que “a diferencia de lo que hizo la intervención en el INDEC, la dictadura chilena conservó las planillas originales, con lo cual posteriormente se pudo reconstruir el IPC adulterado” (Noriega, 2010, 136)

Pero, como afirma el autor, “la falta de repercusión del caso chileno y el escándalo continuo que se dio en la Argentina de los Kirchner indican que la adulteración de las estadísticas sólo puede ser llevada a cabo con éxito con un fuerte silenciamiento de la sociedad” (Noriega, 2010, 137).
 

Bibliografía
EAGLETON, Terry (1998). Las ilusiones del posmodernismo. Buenos Aires: Paidós.
GELLNER, Ernest (1994). Posmodernismo, razón y religión. Barcelona: Paidós.
LYNCH, Michael (2005). La importancia de la verdad para una cultura pública decente. Barcelona: Paidós.
MILL, John Stuart (1997). Sobre la libertad. Madrid: Alianza Editorial.
NORIEGA, Gustavo (2010). INDEC. Historia íntima de una estafa. Buenos Aires: Sudamericana.

Sobre la autora

Estudiante de la Licenciatura de Comunicación Periodística, Facultad de Comunicación y Diseño - Universidad ORT Uruguay