Rio +20: ¿A dónde va el desarrollo? Minería a gran escala en América Latina (parte final)

Abstract

20 años las naciones ricas pensando el Desarrollo;  20 años las naciones pobres defendiendo los recursos; 20 años, sin recursos y sin Desarrollo.

4. Movimientos sociales se resisten a la minería a gran escala en América Latina

Así como se evidencia  la relación entre conflictos mineros y violaciones a los derechos de las personas que cohabitan en zonas con recursos, podemos afirmar que existe una capacidad de organización social, que denuncia y defiende derechos con base en la universalidad (para todos), la inviolabilidad, en la no negociabilidad, en la imprescriptibilidad, en la indivisibilidad y en la irreversibilidad.

Sin embargo esta protesta y resistencia por parte de los ciudadanos que están directamente involucrados en conflictos mineros en América Latina,  presentan problemas de todo tipo que van desde la criminalización de la protesta hasta la expulsión de sus territorios (1) (Gráfico 6).

El cuadro 3 demuestra los casos de criminalización, siendo esta la práctica más reiterada en los países con mayores recursos y también en donde sus poblaciones en buen porcentaje son comunidades étnicas (indígenas).

Cuadro 3.

País	Casos de criminalización
México	1
Nicaragua	1
Colombia	1
Brasil	1
El Salvador	2
Guatemala	3
Perú	7
Ecuador	10

Es importante resaltar que no se trata de una serie de protestas sociales de tipo reaccionario al sistema económico, como fueron los discursos anti-imperialistas de los años 70.  Se trata de justas reclamaciones por la defensa de la Vida y la exigencia a las multinacionales a la extracción responsable; no solo con la naturaleza sino con las comunidades que conviven en ambientes llenos de recursos.   

En este sentido la organización social latinoamericana, se ha ido cuantificando y cualificado especialmente en aquellas regiones / países en donde se presentan más conflictos y a su vez mayor inversión externa al sector minero.  (Cuadro 4)

Cuadro 4. 
Matriz de organizaciones involucradas asuntos mineros según el Observatorio de conflictos Mineros de América Latina y el I Encuentro Nacional Minero, Colombia, 2012 (2)

País	Organizaciones
Colombia (3)	Censat Agua Viva / AICO Pueblo de los Pastos, AIDA, Asentamiento indígena wayuú de Tamaquito II, Asociaciones de Zonas de Reserva Campesina, ASOCOMUNAL (Caldono), Asociación Minga, ASAPAZ, ASOCAMPO, BIOSIGNO, FEDERACIÓN DE MINEROS DEL CHOCO (AFROS), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAMAWARI Pueblo (Awá de Ricaurte Nariño), CEAT (UN) UNIVALLE, Cimarrón, CIMA, Cinep, CODHES, Colectivo C.A.M.P.O, Colectivo S.E.A.T., Comisión de Seguimiento a sentencia 072, CSJ, Consejos Comunitarios del Chocó, Corporación Arco iris, Corporación Compromiso – Bucaramanga, CRIHU (Huila), CRIR (Risaralda), Espacio Regional de Paz del Cauca, Fundación Natura, Gidca, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ, Informe de desarrollo humano PNUD, International Alert, Mesa joven minería, Mesa de Unidad Agraria – MUA, OIA (Antioquia), ONIC, PCN, Pensamiento y Acción Social, PAS, Planeta Paz, Pueblo PASTOS (Nariño), Pueblo Wayuú (GUAJIRA), Pueblo Piaroa de Vichada, Pueblo Nasa de Caquetá, Suippcol, Red de justicia ambiental, Resguardo indígena Wayuú de Provincial.
Ecuador	Acción Ecológica, Pastoral Shuar, Pueblo Shuar Arutam, FICSH, Coordinadora de mujeres Intag, CDNV, Fundación Vientos de Vida
Perú	Grufides, Cooperación, Vima, Conacami
Bolivia	CEPA, CEDIB, Centro Vicente Cañas, SOPE, Ecomujeres
Argentina	Asamblea Patagónica por la vida y el territorio contra el saqueo y la contaminación
Chile	Olca, Conferre, Justicia paz e integralidad de la creación de St Columbano, Defensa del Valle Chalinga, Pastoral Salvaguarda de la creación, OCAS, Consejo Ciudadano Salamanca, Grupo Atacama Limpia

Fuente: Elaboración propia con base en información del Observatorio de Conflictos mineros de América Latina, disponible en http://www.conflictosmineros.net/quienessomos, mayo 2012

El trabajo que adelanta el Observatorio de Conflicto mineros es importante. Sin embargo existe otro cúmulo de organizaciones que realizan un trabajo similar y no hacen parte de él como por ejemplo la Asamblea Popular por el Agua en Argentina y en Colombia, el Consejo Nacional Indígena del Cauca, CRIC.

En Argentina, La Asamblea Popular por el Agua es una iniciativa ciudadana que surgió en el año 2006 como una expresión de rechazo  a los proyectos de la mega minería y por la defensa del agua.  La Asamblea que reúne diferentes sectores sociales de la provincia de Mendoza, logro en junio de 2007 que se sancionara la ley 7722 la cual prohíbe la minería contaminante.  Desde entonces, esta asamblea conformada por un cúmulo de organizaciones sociales y comunitarias de la provincia, trabaja por defender el ambiente libre de minería contaminante por medio de la movilización social, la pedagogía ciudadana entre otras (4).  

En Colombia existen muchos más colectivos y asambleas populares y sociales que de a poco se han ido organizando para debatir y hacer propuestas sobre el impacto y los costos de la mega minería.  El ejemplo más reciente, fue el Primer Encuentro Nacional Territorio, productividad, ambiente y minería, La María- Piendamó, Cauca- Colombia, 27 de abril de 2012, convocado principalmente por el Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC. Este primer encuentro denotó la necesidad apremiante de las comunidades que se resisten a salir de sus territorios o permitir el uso indiscriminado de los recursos, dando paso a la contaminación del ambiente, la desigualdad económica, la ausencia de transparencia institucional entre otras.

Conclusiones del Primer Encuentro Nacional Territorio, productividad, ambiente y minería

a) que la política se orienta en beneficio de favorecer la privatización de empresas públicas mineras y el manejo exclusivo de las transnacionales; siendo declarada como actividad de utilidad pública e interés social lo que habilita un proceso de reforma y transformación del Estado por medio de una locomotora legislativa que facilita la expropiación de tierra e irrespeta el derecho fundamental a la consulta previa. Informando que se han protocolizado 156 procesos de consulta previa en el 2012 referidos a proyectos de inversión donde ha sido característico que su realización se hace desconociendo la participación de las organizaciones regionales.

b) que hay especulación por parte de las compañías en las fases previas a la explotación, y que los recursos que pagan las compañías por concepto de regalías e impuestos sobre la renta, les son devueltos luego en exenciones fiscales y subsidios; facilitados por la corrupción de las instituciones locales, departamentales y nacionales.

c) que se han ejecutado desalojos de comunidades, desplazamientos masivos y pérdida de territorios ancestrales

d) que hay contaminación del aire por las explosiones para extraer el carbón, derrame de sustancias tóxicas, muerte de peces, contaminación de fuentes hídricas, deforestación y erosión de suelos, destrucción de las redes de acueductos comunitarios
Se presentan fenómenos de transformación de las culturas, ruptura del tejido social, pérdida de usos y costumbres, afectación a las economías locales (trueques), invasión de tecnología que afecta a la población joven de los resguardos, llegada de programas asistenciales gubernamentales que afectan la cohesión de los pueblos indígenas, pérdida de medicina tradicional y de sabios indígenas cuidadores del territorio.

f) que la amenaza minera se extiende en la mayoría de los territorios, utilizando nueva tecnología para adelantar las actividades de prospección y exploración en especial sobre territorios ocupados ancestralmente por comunidades indígenas, campesinas y afro descendientes; lo cual produce alteración de usos del suelo y de la productividad de la tierra, y que las empresas transnacionales, por medio de actos de corrupción estatal diseñan planes de ordenamiento territorial de los municipios. También que las zonas entregadas en concesión en territorios indígenas coinciden con sitios sagrados o con sus áreas circundantes. Se denuncia que muchos proyectos de infraestructura vial están al servicio de megaproyectos mineros.

g) Que los conflictos mineros acrecientan la presencia de actores armados, fuerza pública, guerrilla, paramilitares, en particular la creación de unidades militares minero-energéticas especializadas en la custodia y protección de los proyectos y batallones de alta montaña en territorios indígenas; se intensifican los enfrentamientos entre grupos armados que afectan a la población civil con situaciones generadas por explosivos abandonados o minas anti persona.

Fuente: apartes de las conclusiones Generales del Encuentro Nacional de Territorio, Productividad, Ambiente y Minería La María, Piendamó, Cauca, abril 27 de 2012

5. Desarrollo y sustentabilidad

La creciente complejidad de los distintos sistemas sociales y políticos contemporáneos, nos hacen reflexionar nuevamente sobre aquello que parecía claro y resuelto hace 20 años.  Estuvimos en Rio 1992, debatimos ideas rectoras e imaginamos las recetas para conseguir el desarrollo sostenible. En el papel todo parecía quedar claro y de fácil consecución (4).

20 años después nos encontramos de nuevo en Rio (junio, 2012), con algunos deberes inconclusos y en muchos casos con problemas de desarrollo y sostenibilidad agravados.  Entonces, la primera pregunta que se formula, es ¿qué paso en estos 20 años para no haber logrado los objetivos planteados en 1992?  En estos 20 años, se ratifica que la especie humana no es una especie que actúa exclusivamente por intereses económicos; comprobamos lo anterior, porque algunas sociedades humanas conservan su componente espiritual y luchan por ello, lo cual las hace trascender para valorar otra realidad,  que se desconoce al momento de trazar políticas de alcance social  y político para el desarrollo sostenible.  Todos  los pueblos quieren alcanzar este desarrollo sostenible: el problema que sugiere esta premisa, es qué significa estos dos conceptos para ellos y como se realiza una construcción colectiva para lograrlo.

Un ejemplo claro de lo anterior, es la explotación minera en América Latina.

Sin entender esta relación, jamás podrá existir un proyecto minero sin conflictos sociales o políticos. O se realizará dicho proyecto sin que impliquen violaciones a derechos, si esa comunidad tiene antecedentes mineros,  es decir, si históricamente tiene vínculos de ese tipo con su tierra.

Al respecto, es importante trabajar y demostrar que los recursos son necesarios para el crecimiento económico de las naciones, pero que deben existir consensos sociales para el uso de estos y su relación con quienes auténticamente han cuidado de ellos.  Presentamos algunas ideas que sirven para abrir un debate, que seguramente se dará y seguirá después de Rio +20. 

Primer asunto relevante: Confianza en el Estado.  Una de las mayores razones por las cuales las comunidades locales se resisten a convivir con proyectos de mega minería, es por  ausencia de confianza que existe hacia las instituciones del Estado; este es el caso de países como Bolivia o Argentina.  Los indicadores de Percepción de Corrupción (Transparency International, 2011) señalan que la mayoría de países de América Latina registran una percepción media-alta de corrupción en sus instituciones (5). El país en donde los ciudadanos confían y tienen la mejor percepción es Nueva Zelanda que ocupa el primer lugar; el último lugar a nivel mundial lo tiene Somalia.

Gráfico 8.

Fuente: Corruption Perceptions, Index 2011. Disponible en:http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/

 
Existen vacios jurídicos y políticos para confiar en que las instituciones pueden controlar acciones de la mega minería y obrar con transparencia. Los Estados están en la obligación, dado sus mandatos constitucionales, de  generar confianza a las comunidades y bienestar a las naciones.  Esta situación se complejiza aún más, cuando en países como Colombia o Perú, sus gobiernos son llamados de manera informal por las empresas trasnacionales y el sector privado como ‘gobiernos pro-mineros’.  El discurso del presidente Santos en el primer congreso de Minería a Gran escala, que se realizó en Cartagena en febrero de 2012, así lo refleja:  “ Aquí hay todavía espacio –de sobra– para recibir a las grandes casas mineras –y a las junior, por supuesto– que estén dispuestas a trabajar en armonía con el desarrollo de Colombia”.

Segundo asunto relevante: la Generación y distribución de la riqueza, no de la pobreza. 

Los informes de la Consejo Económico para América Latina- CEPAL- 2011, señalan que los índices de pobreza en América Latina han disminuido, como lo presenta el gráfico 9.  Sin embargo estos porcentajes no logran estar por debajo del  diez por mil (10%), cifra que no es comparable con las obtenidas por economías de los países del báltico, la cual está por debajo del 5%.  Con lo anterior, se mantiene premisa, que América Latina es el segundo subcontinente más pobre del planeta, con mayor diversidad y más conflictos sociales.

Gráfico 9.

Fuente: CEPAL, 2010. Recurso Disponible en:http://www.oecd.org/dataoecd/37/60/48157176.pdf

La actividad minera requiere de grandes inversiones; a pesar de la generación de empleo informal (mano de obra no calificada en su mayoría) y la actividad económica que esta deja, es cortoplacista: se produce riqueza en forma rápida y fugaz;   sin embargo, se plantea como problema,  de un lado el retiro o la falta de garantías para la reinversión en  países en dónde se han generado los beneficios para las empresas mineras; y de otro, la percepción social que el boom de la minería  no va más allá del mediano plazo, acentúa la inestabilidad económica de las comunidades en dónde se desarrolla la industria extractiva a gran escala.   

Los complejos contenidos sobre la maximización de las rentas y la consolidación de las inversiones, es un asunto  de la  política macroeconómica de las naciones, que excede a la minería y en algunos casos no se plantea.   Sería un error tener la visión que la minería es tan solo un negocio ilimitado en el tiempo, pues se estaría desconociendo la matriz productiva de muchos pueblos tradicionalmente agrícolas, ganaderos o industriales.  Si el asunto de la mega minería no se percibe como una política de estado, la confianza y la estabilidad nunca hará parte de las bondades de las naciones.

Tercer asunto: Viabilidad Social y Ambiental.  

En la división de Desarrollo Sustentable, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas,  6 países -Colombia, Argentina, Chile, Guatemala, México y Costa Rica-  presentan informe ‘especifico’ sobre las regulaciones jurídicas y socio ambientales de la minería.  Mientras que países con altos índices de inversión minera como Perú, El Salvador, Bolivia y Brasil la actividad minera ‘hace parte de los informes anuales’ por país que archiva la organización (6).

Podría inducir lo anterior, que la necesidad de socializar a nivel regional la legislación y regulación para esta industria es apenas incipiente y que se hace necesario compartir estudios y experiencias para trabajar de manera conjunta sobre este asunto específico.  

Es posible afirmar que los proyectos mineros en América Latina carecen de viabilidad social y ambiental; viabilidad que no se consigue por diversos intereses de tipo económico, sociales, políticos, pero principalmente porque la minería, altera las relaciones del hombre con la tierra. Recordemos que las poblaciones rurales la valoran mucho más allá de lo meramente económico.
Al respeto surge uno de los debates  cruciales y controvertidos como el uso de la energía o el uso del  Agua.

El agua es tal vez es la cuestión más conflictiva cuando se proponen o imponen proyectos mineros de gran envergadura.   Creemos que es  imposible que cuando se demanda un recurso vital como este y se pone el peligro el derecho adquirido, no surjan (7) conflictos.   Entonces se replantean cuestiones como, el valor en el  mercado del agua, sus usos, su propiedad, etc. Pero volvemos al punto de partida,  la relación del  hombre con su tierra, en gran parte depende del agua, de su calidad,  cantidad y de su disponibilidad en el tiempo. En este sentido,   nadie  está dispuesto a poner en juego esta relación sin tener claro y garantizado que sus derechos, no serán vulnerados.  Los estados que pretendan tener proyectos mineros en sus territorios, deben sin lugar a duda tener claridad social, política y jurídica sobre este balance: abastecimiento hídrico pertinente y garantía al derecho fundamental  a este.  

¿Qué esperamos de Rio +20?

Una reconocida periodista Colombiana Marta Ruiz- afirmó en una columna de opinión lo siguiente: “Como si fuera poco, la “buena” noticia que trajo Santos de Asia es que los chinos están interesados en nuestro oro. Y uno no sabe si reír, llorar o salir a incendiar las dragas (…) Anuncio y premonición de los conflictos que va a desatar la minería” (8).

Y no es insolencia. Como sugerimos en este escrito, es indudable que las sociedades contemporáneas necesitan los recursos naturales para mantener la forma de vida que desde la modernidad se ha encausado; sin embargo se hace urgente, necesario y justificable, en el marco de la exigibilidad de los derechos universales de las comunidades que han sostenido relaciones naturales, espirituales y económicas con la tierra llena de recursos, que el uso sea racional y sostenible. 

Son muchas las organizaciones sociales que trabajan por la defensa a la vida y el medio ambiente según lo reporta el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina; en ese sentido es posible hacer algunas sugerencias, de cara a la reunión de Rio+20 durante el mes de junio de 2012 y con el ánimo de visibilizar el debate, eliminar las tasas de violaciones a derechos fundamentales por causas relacionadas a la mega minería y de cara a disminuir las tasas de pobreza e inequidad que manifiestan las comunidades afectadas.

Una cumbre que reafirme y  reconozca los derechos individuales y los derechos de las naciones a hacer uso de sus recursos,  buscando un desarrollo sostenible en el marco de las  realidades culturales, sociales, políticas y económicas propias.

Un espacio en donde se reflexione y se tomen decisiones sobre la promoción de políticas que prioricen la solución de problemas locales o micro regionales, en donde cada comunidad local  pueda decidir qué tipo de desarrollo sostenible quiere y le conviene,  en el marco del respeto a la soberanía y los derechos fundamentales.

Un lugar de apoyo y financiamiento a los acuerdos transversales entre países en vía de desarrollo.  Especialmente en lo concerniente a políticas públicas que atiendan problemáticas comunes como debería ser, el impacto de proyectos de mega minería en territorios étnicos y campesinos.

Un espacio que abogue por la consulta previa, libre y transparente a los pueblos que tradicionalmente han cultivado y cosechado en estas tierras.  Otra  cumbre para la tierra y para quienes habitan en ella.

Referencias:
Conclusiones al Primer Encuentro Nacional Territorio, Producción, Ambiente y Minería, La María, Cauca, Colombia, 27 de abril de 2012. Disponible En: http://www.indepaz.org.co/?p=2028

Corruption Perceptions, Index 2011. Disponible En: http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/

Cumbre para la tierra, programa 21, 14 de junio de 1992, Rio de Janeiro. Disponible En: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=52&ArticleID=49&l=en
Dayton-Johnson, Jeff (2011).  Perspectivas económicas para América Latina, 2011.  Banco Central de la Reserva del Perú, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE-, México D.C.
Declaración de Rió sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, del 14 de junio de 1992.  Disponible En:http://www.pnuma.org/docamb/dr1992.php
Escobar, Arturo (1996).  La invención de tercer mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo, Ed. Norma, Bogotá
González Posso, Camilo (2011).  Renta minera, petróleo y comunidades. Ed. Indepaz, Bogotá
Memorias al I Congreso de Minería a Gran escala, Cartagena de Indias, febrero de 2012. Disponible En: http://www.mineriaagranescala.org/smge/ 
Mingin Intelligence Series (2012). Business News Americas, En: http://www.bnamericas.com/news/mining
Observatorio Latinoamericana de Conflictos Ambientales (2012). Observatorio de conflictos mineros de América Latina, En http://www.olca.cl/oca/index.htm   
Division for Sustainable Development, UN department of economic and social affair, En:http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni_natiinfo_costarica.shtml

(1) Todos los casos que registra el Observatorio sobre desplazamiento forzado están en Colombia.

(2) Las organizaciones políticas, sociales, ambientales y comunitarias que hacen parte de este Observatorio, no representan la totalidad de acciones colectivas que existen y que realizan un seguimiento y denuncia a las actividades mineras en América Latina.

(3) Censat Agua Viva es la única organización colombiana que hace parte del Observatorio; sin embargo existen otras muchas organizaciones que participan en este proceso, las cuales se hicieron presentes en el Primer Encuentro Nacional Territorio, productividad, ambiente y minería, La María- Piendamó, Cauca- Colombia, 27 de abril de 2012

(4) Más información disponible en: http://quienessomosasamblea.blogspot.com/  

(5) La Declaración de Rio/92 fue una declaración de principios a los cuales los estados firmantes se comprometían a mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes del planeta. Por ejemplo el principio 11 “Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo”. Según varios estudios, se ha demostrado que los países latinoamericanos con gran cantidad de recuros naturales como Colombia o Perú, la legislación es inoportuna.

(6) Percepciones de Corrupción de 182 países de todos los continentes, Index 2011 de Transparencia Internacional

(7) Los reportes nacionales que cada país entrega a división de Desarrollo Sustentable, del departamento de asuntos económicos y sociales de Naciones Unidas (búsqueda en Internet, junio 2012)  solo los 6 países mencionados presentan un informe.  No son informes estandarizados pero tienen características comunes como información sobre las políticas y regulaciones internas, situación actual de la minería en cada país, mecanismos de seguimiento y monitoreo, buenas prácticas en el sector. Fuente: http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni_natiinfo_costarica.shtml

(8) Romeo el Agresivo, En: Revista Arcadia, 25 de mayo de 2012.  

 

*Tathiana Montaña es Colombiana, asesora académica del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz (Colombia);  profesora universitaria licenciada en Relaciones Internacionales, con estudios de perfeccionamiento en Desarrollo; Magister en Ciencia Política. Actualmente es candidata a Doctor en Política y Gobierno, mención en Relaciones Internacionales.  Ha publicado libros y artículos en medios nacionales y latinoamericanos sobre asuntos de paz y postconflicto.
José Carlos Pozzoli es Argentino,  politólogo, especialista en Políticas Públicas;  ha sido consultor para el BID y trabajó como asesor de la Comisión de Ambiente de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza; Coordinador General Tercera Conferencia ICID +19 Clima, Sostenibilidad y Desarrollo en Regiones Semi Aridas; Asesor de Gabinete, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Mendoza.