Chile is good for you (1)

Abstract

Poco se habla en el extranjero de las grietas persistentes del dinamismo económico chileno, que hasta hace poco había beneficiado de títulos imaginativos como milagro, jaguares y otras apelaciones quizá más serias –aunque no tanto- tales como la de pertenecer al club de los países ricos de la OCDE. Muchas de estas apelaciones son anecdóticas, y harán sonreír a más de un país de la región que conocieron fenómenos similares –el milagro de los generales brasileños en los 70, la década argentina de los 90- y que luego vieron estas ilusiones desvanecerse de forma precipitada. 

La verdad es que la sociedad chilena ha vivido durante muchos años en una autocomplacencia relativa al modelo heredado del régimen Pinochet y perpetuado en sus fundamentos por las coaliciones de centro-izquierda de la Concertación. El modelo chileno fue caracterizado –y celebrado- por una estabilidad y crecimiento casi constantes de los indicadores sociales y de riqueza, tales como el PIB, la inflación, el nivel de deuda y la reducción drástica de las tasas de pobreza extrema. 

La expansión de las políticas sociales de un Estado que había sido jibarizado por los Chicago Boys a principios de los ochenta, permitió mejorar las condiciones de vida de los quintiles más necesitados de una población que a la salida de la dictadura contaba con 40% de pobres. Quizá el caso más emblemático de la acción social de los gobiernos de centro-izquierda, en la medida en que se refería a la integridad del ser humano, fue la instauración del plan AUGE (Salud) que instauró una cobertura médica obligatoria y gratuita de un pool de 300 enfermedades graves, algo inédito y en franca oposición a los fundamentales del modelo de la dictadura. 

La multiplicación de programas de acceso a la vivienda, el mejoramiento de la cobertura de prestaciones sociales varias y la instauración de programas de pensiones mínimas para los sectores más desfavorecidos de la población, tales como indigentes y amas de casa, fueron las ultimas adiciones de un sistema que se quería cada vez más alejado de la ortodoxia económica neo- monetarista y que velaba porque el Estado conservase una capacidad de intervención en el desarrollo del modelo capitalista local. 

Este panorama extremadamente favorable del país en relación a sus vecinos ha permitido a los chilenos acariciar un desarrollo económico estadístico, pronosticado para el 2018: por ese entonces, el país habrá de alcanzar el nivel de riqueza per cápita de los países mediterráneos de la UE. Esta realidad de las cifras económicas ha contribuido a la propagación de una euforia colectiva que ha sido sabiamente orquestada por medios escritos y electrónicos vinculados a los círculos políticos y económicos que se beneficiaron en estos últimos treinta años de la bonanzaaquí mencionada. 

La instauración de un servicio de promoción de Chile en el extranjero, en ciudades emblemáticas como Buenos Aires, Nueva York y Paris y la reorganización anunciada del servicio diplomático, postergada por más de dos décadas, se han inscrito en esta dinámica expansiva. El último episodio de esta tirada de buenas nuevas fue el rescate de los 33 mineros, con un presidente itinerante por el mundo en condiciones insuperables.

Esta historia oficial repetida a voces y celebrada en el extranjero no nos permite, sin embargo, entender la abrupta caída de popularidad y legitimidad de la clase política en su conjunto, ni la hipermovilización de actores sociales en todos los frentes en el transcurso de este último año –ecologistas, estudiantes, profesores y sindicatos de trabajadores- en un país que se había caracterizado históricamente por su afección al orden, y en estas últimas décadas, por un consenso en torno a la autoridad incontestada de las instituciones. 

Una contra-historia de movilizaciones sociales de este periodo que acabamos de describir y su rol en la denuncia de las grietas profundas del sistema de desarrollo chileno debería entonces arrojar luces sobre los vicios estructurales que han minado la gobernabilidad de la presidencia de Sebastián Piñera. 

Lo que comenzó como una manifestación más de la federación de estudiantes universitarios públicos (CONFECH) se propagó al conjunto de los actores de la enseñanza superior, para luego llegar a los secundarios, profesorado, y asociaciones de padres. Este conjunto heteróclito de actores denunció un secreto a voces, es decir, la profunda injusticia del sistema educativo chileno, con altos costos económicos y un acceso muy asimétrico a la educación de calidad. 

A diferencia de los años 1960, en los cuales la educación superior chilena era exigente en sus estándares pero limitada en su llegada al conjunto de la sociedad, la liberalización de la educación superior iniciada por José Piñera, ministro de educación de Pinochet y hermano ofuscado del presidente actual, multiplicó varias veces la oferta educativa. Ésta se convirtió en un negocio lucrativo y generó una serie de instituciones catalogadas de universidades de pizarrón, en las cuales proliferaron carreras con y sin acreditación, sin control de los efectivos y con una pobre adecuación de los currículos académicos a las necesidades sociales y económicas del mercado. El resultado de treinta años de aplicación de este modelo es un acceso a la educación para un segmento importante de la población que vio cumplido su sueño de promoción por el cartón, pero que no accedió por ello a una promoción social real basada en condiciones laborales mejoradas y en un estatuto social superior al de partida. 

Es así como proliferaron ingenieros comerciales, periodistas y abogados, provenientes de nuevas clases medias endeudadas por el extenso –y controvertido- sistema de crédito al consumo chileno (2), que se vieron en la imposibilidad de obtener salarios acordes con su profesión, y que vinieron a engrosar las filas de los profesionales mal pagados o trabajando en labores indirectamente o simplemente no relacionadas a su profesión.   

La revocación pura y simple de las bases del modelo ha sido el caballo de batalla de esta coalición heterogénea y sin precedentes de actores, que exige una educación universitaria pública, gratuita y de calidad. Lejos de los debates teóricos respecto al costo efectivo de la educación –incluso las sociedades escandinavas hacen pagar ésta indirectamente a través de una canasta impositiva más amplia- las demandas tuvieron éxito y apoyo ciudadano masivo en la medida en que apelaban al sentido común. Estas mostraron la incapacidad de los gobiernos sucesivos de quebrar con el molde ideológico que imposibilitaba una mayor conciencia de las demandas de la ciudadanía y, en el ámbito económico, una redistribución del ingreso indispensable para las ambiciones de desarrollo chilenas. 

El caso de la educación ha sido un avatar más de otras demandas ciudadanas tales como el medio ambiente, que fue sacrificado de manera metódica por el régimen Pinochet, y que constituye quizá uno de los aspectos menos conocidos en el extranjero de la herencia autoritaria. El desarrollo urbano caótico de los ochenta y noventa, la deforestación del bosque nativo en las regiones más australes del país y la ausencia de estándares internacionales de contaminación fueron así partes constitutivas de la realidad con la cual debieron cohabitar los ciudadanos del país durante décadas. Esta situación llegó sin embargo a un punto de quiebre con la oposición a grandes proyectos hidroeléctricos (HydroAysén), pero también con la multiplicación de demandas ciudadanas en relación a la gestión de los espacios públicos en Santiago y regiones. 

Otro capítulo importante de este despertar ciudadano ha sido la cuestión del crédito al consumo, que ha constituido un instrumento de desarrollo particularmente perverso, en la medida en que penalizó a los consumidores limitando las atribuciones de los entes reguladores y multiplicando las condiciones abusivas en dirección de los clientes de las mayores casas comerciales del país. 

Independientemente del tema del que hablemos, lo importante de estas movilizaciones ha sido el vehicular un temario ya no de país en aras al desarrollo, pero el de una sociedad desarrollada y empoderada. 

El acceso del país a la OCDE en enero del 2010 generó, en este sentido, un nuevo nivel de exigencia al comparar el país con los estándares de este grupo selecto de países. El gobierno actual ciertamente no es el único responsable de esta acumulación de frustraciones a nivel de la ciudadanía – la Concertación ha sido tanto o más culpable- pero ha sido incompetente en su incapacidad para apreciar los condicionantes de esta crisis. Esto se ha debido en gran parte a la composición de los equipos políticos y técnicos, muchos de ellos con intereses creados en los sectores afectados por estas controversias, pero asimismo a una matriz ideológica heredada de think tanks comprometidos con la herencia autoritaria y en cuya composición han participado antiguos funcionarios del régimen Pinochet. La participación activa del centro Libertad y Desarrollo ha sido en este sentido clave a la hora de evaluar y proponer soluciones a estas inquietudes ciudadanas, pero estas han sido saldadas por un fracaso rotundo y el alejamiento progresivo de sus representantes en el gobierno. 

Sebastián Piñera ha sido ciertamente responsable de la composición de sus equipos, así como de perpetuar esta visión maniqueista entre Estado y Mercado. Pero lo ha sido menos de llevar una coalición de partidos de derechas desorganizada e ideológicamente comprometida con los años militares. Frente a estas presiones centrifugas y centrípetas. ¿qué opciones quedan para una salida airosa de este conflicto?  Por lo pronto la calle y los grupos movilizados tienen todas las de ganar, con la caída del equipo de gobierno y la multiplicación de tensiones en su seno, que de hecho marcan un profundo quiebre generacional entre los políticos de los años de luchas políticas históricas y otra generación simplemente comprometida con que el país acceda a un desarrollo razonable y equilibrado, lo que en el caso chileno no es mucho pedir.

(1) Titulo de la campana publicitaria del gobierno chileno para la promoción del país en el extranjero.

(2) A principios del mes de junio de 2011 la Contraloria chilena puso en evidencia en un informe exhaustivo las deficiencias y delitos asociados a la promoción del crédito de una de las mayores casas de consumo y crédito del país, La Polar.

 

*Doctor en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de Paris. 
Master en Política Comparada en Sciences-Po Paris y 
Master en Estudios Post-soviéticos del Programa IMARS (European University of Saint-Petersbourg/Berkeley). 
Actualmente es maestro de conferencias de la 
Universidad Americana-IES Paris y Sciences-Po Paris