Colombia: Un Estado con renovado perfil

Abstract

Grandes cambios han sido evidenciados por múltiples observadores en el proceso de consolidación estatal colombiano. A su vez, profundas discusiones se han tejido a lo largo del tiempo sobre las posibilidades de comprender al país suramericano bajo el tradicional y europeizado concepto de Estado-nación. Lo cierto de todas esas discusiones y muy a pesar de quienes siguen contrariando algo tan evidente, es que los últimos años de gobierno en Colombia han estado acompañados de interesantes procesos de afianzamiento estatal que, si bien se confunden con aspectos negativos de marcada trascendencia, es oportuno no seguir desconociendo.

Colombia, el país suramericano que celebrará el próximo 07 de agosto sus 192 años de existencia como república independiente, mantuvo una serie de procesos internos durante todo el siglo XIX que impidió su consolidación política durante la época decimonónica. Las guerras civiles se tornaron una constante. Yendo al detalle se contabilizan en más de 45 durante la centuria. A eso debe sumarse la existencia de 9 constituciones durante la misma época, destacándose entre ellas la Ley Fundamental de 1819, aprobada por el Congreso de Angostura y que dio inicio a la República de la Gran Colombia, y la última de ese siglo, escrita y promulgada en 1886. En resumidas cuentas, hubo grandes dificultades para lograr la creación el Estado colombiano, mientras que en Europa y otros lugares del mundo ya se había definido el prototipo comúnmente conocido de Estado-nación.

El siglo XX tampoco fue cosa fácil para un proyecto estatal y de consolidación nacional. Aún con la Constitución de 1886 vigente (ésta duraría hasta 1991 –con sus respectivas reformas-), el país  padeció una constante crisis económica, política y social. Hubo numerosos altibajos a lo largo del siglo y, durante su segunda mitad, se combinó una incansable búsqueda de la paz con la erradicación del narcotráfico, la férrea lucha contra el terrorismo, la reactivación de la producción nacional, la integración económica y la reducción de la pobreza e inequidad en el ingreso.

Ya escrita y puesta en marcha la Carta Magna de 1991 (se cumplen justamente 20 años de ello), el país se ajustó a las exigencias del concierto internacional y emprendió un proceso de consolidación institucional que sólo se rompió mientras actuó en el gobierno Ernesto Samper Pizano, un mandatario que se vio inserto en la dinámica del narcotráfico recibiendo dineros de los carteles de la droga para sacar adelante su campaña política.

La llegada de Andrés Pastrana Arango a la presidencia del país en 1998 abrió el camino a la más profunda reforma y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas del país, por ende, una vía de construcción de la estatalidad prosiguió su marcha. ElPlan Colombia pactado con Estados Unidos fue útil a ese propósito. La reactivación de las relaciones internacionales del país se adelantó mientras gobierno y fuerzas insurgentes intentaban un acercamiento que facilitara el anhelado camino hacia la paz. Pero sólo fue un intento frustrado, pues el episodio de la “silla vacía”(1) mientras se desarrollaban los diálogos para tal efecto -junto con otros hechos- llevó al final de la negociación. La zona de distensión habilitada para negociar con la guerrilla de las FARC se había convertido en un centro de producción y tráfico de drogas que sólo podía controlarse con el retorno de la fuerza pública a la región. El mencionado contexto  abrió el camino a un despertar de la institucionalidad en el país más septentrional de América del Sur.

A la primera magistratura del país arribó Álvaro Uribe Vélez en 2002. Hasta aquel entonces el único de los mandatarios posteriores al Frente Nacional que no tuvo reparos en enfrentar de manera directa a la insurgencia. El líder antioqueño continuó el proceso de fortalecimiento estatal, afianzó la institucionalidad, llevó a que se iniciara un plan de reconversión del Estado para que tuviera la capacidad de forzar la tributación en quienes la evadían y facilitó la presencia de las instituciones en todo el territorio nacional. Sin embargo, el problema de la corrupción en las entidades públicas se convirtió en el lunar de su administración. A pesar de haber ofrecido al elector una lucha férrea contra la corrupción y la politiquería, no logró mucho frente a esos temas.

Hoy gobierna en Colombia Juan Manuel Santos Calderón. Un líder que culmina su primer año en la presidencia con una favorabilidad cercana al 80% (según reporte de Invamer Gallup). Los resultados son evidentes. Importantísimas reformas y leyes aprobadas en el Congreso le están siendo útiles para proseguir con los avances de su predecesor. El fortalecimiento del aparato institucional continúa. A pesar del reclamo constante por parte de opositores frente al tema de la seguridad, que no sienten tan fuerte como en tiempos de Uribe Vélez, el Estado sigue adelante su marcha. Políticamente el hecho más novedoso de los últimos meses es la aprobación del Estatuto Anticorrupción, con el cual se busca hallar, capturar y enjuiciar a los corruptos que día a día desangran el fisco gubernamental.

En América Latina la corrupción sigue involucrando a muchos gobiernos y Colombia no es la excepción. Ésta ha impedido los negocios, afectado la imagen de los Estados y generado excesiva violencia en cada una de sus naciones. Colombia quiere poner punto final a esa fatal enfermedad de las instituciones oficiales; por lo menos el citado Estatuto parece acertar en ese objetivo.

En conjunción con las leyes más recientes que han facilitado el fortalecimiento del Estado colombiano, es condición referirse a los avances económicos de su sistema productivo. Desde 1991 se inició una veloz carrera por insertarse en el sistema productivo liderado por la OCDE desde tres décadas atrás. Su recorrido hoy se asienta en la concreción de varios tratados de libre comercio (vigentes) combinados con múltiples acuerdos de promoción y protección a la inversión foránea y una importante cantidad de acuerdos de alcance parcial con varias economías del mundo. Bajo la premisa shumpetereana de que la liberalización comercial facilita los vínculos políticos entre las democracias, fundamentalmente occidentales, el gobierno nacional trazó el camino de la liberalización para zanjar distancias y diferencias con otros actores del sistema internacional.

Sumado a ello, y como parte final del análisis desarrollado, resulta notable la manera como la administración Santos ha dirigido las relaciones internacionales del país. Sin tener cumplidos doce meses en el poder, es claro el avance alcanzado en términos de vínculos con los Estados latinoamericanos. Un acercamiento directo con Ecuador y Venezuela, a través de su canciller María Ángela Holguín, sirvió para que en dos meses de gobierno ya se hablara de recomposición de relaciones con estas dos importantes naciones bolivarianas. Cabe acá recordar que el diálogo diplomático venía deteriorado desde el 1º de marzo de 2008, día en el que el Ejército de Colombia afectó territorio ecuatoriano, dando de baja al segundo hombre en mando de las FARC.

A los eficientes resultados con los vecinos se agrega que la secretaría de UNASUR terminó ocupada en 2011 por una colombiana y que, casi por decisión unánime (185 votos de 192 posibles), se logró ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el bienio 2011 – 2012. La diplomacia y el entendimiento de las relaciones exteriores son esenciales para que el Estado colombiano logre consolidar el perfil que procura de actor trascendente al interior del grupo de los que aspiran alcanzar importantes estándares de desarrollo. Sobre esa otra premisa trabaja hoy la institucionalidad con centro en Bogotá.

Es importante, entonces clarificar que a pesar de las dificultades que perviven en Colombia, sus debilidades, fallas e imprecisiones institucionales, la última década ha servido para evaluar, reflexionar y planificar novedosos caminos que lo alejan del carácter que durante los años 90 obtuvo. Fue Colombia un prospecto de Estado fallido que, de continuarse con los importantes esfuerzos de hoy, no volverá a acercarse a esa desagradable situación.

(1) Así se conoce al capítulo de la administración Pastrana en el que se dejó al presidente de la república esperando una eventual conversación con el máximo dirigente de la guerrilla de las FARC (el 7 de enero de 1999) en San Vicente del Caguán, en procura de un diálogo firme y sincero que facilitara la estabilidad política y socio-económica del país. Nunca hubo tal, y las probabilidades de una negociación se diluyeron por completo con la ausencia de Manuel Marulanda Vélez, máximo líder del grupo insurgente en esa época.

*Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad EAFIT.  
Actualmente hace parte del grupo de investigación en Estudios Internacionales de la misma universidad y se dedica a temas de política exterior y relaciones internacionales latinoamericanas.