UNA GUERRA COMERCIAL NO TAN FRÍA

Resumen

Luego de meses de una telenovela con giros imprevistos (y no tanto), el frío enfrentamiento y juego de influencia entre Rusia y la Unión Europea se ha transformado en una mini guerra económica.

En julio pasado, venciendo las reticencias de varios Estados miembro (entre ellos Italia y Alemania) los representantes europeos lograron acordar la imposición de medidas económicas a Rusia, sus empresas y varios de sus hombres de negocios (muchos de ellos amigos personales del propio Vladimir Putin).

El pasaje a medidas denominadas de Fase 3 (con corte económico-comercial) solamente fue posible luego del atentado contra el avión de Malaysia Airlines ocurrido el pasado mes de julio y del que se acusa a grupos separatistas ucranianos “apoyados” por Rusia. Como resultado del mismo, las voces europeas a favor de un “castigo serio” a Rusia se hicieron más fuertes y las presiones internas lograron que las reticencias de algunos países fueran dejadas de lado.

Las medidas elegidas por los representantes europeos van desde restricciones en el acceso a los mercados de capital, el embargo a las importaciones de armas, material relacionado con ellas y bienes de uso dual (militar y no militar), así como restricciones comerciales específicas para Crimea y Sebastopol.

La reticencia de algunos países europeos a la aplicación de medidas de Fase 3 respondía al temor de represalias, las que tendrían diversas consecuencias económicas en los miembros de la UE. Ese temor demostró ser muy fundado cuando el pasado 6 de agosto Rusia decidió implementar un embargo – por un año- sobre las importaciones de productos agrícolas prevenientes de la Unión Europea (así como de Estados Unidos, Canadá, Australia y Noruega, todos ellos países que adoptaron medidas en contra de Rusia luego de la anexión de Crimea).

El embargo afecta especialmente a frutas, verduras, carnes y lácteos, todos ellos productos de particular relevancia para países como Polonia, Francia, Holanda, España, y Alemania entre otros. Con exportaciones agrícolas a Rusia cercanas a los 12.000 millones de euros, la preocupación de los productores europeos (que en muchos casos han adaptado las características de su producción a los requerimientos del consumidor ruso) no demoró en manifestarse y todas las autoridades comunitarias debieron salir a asegurarles que el impacto de la prohibición rusa sería tomado en consideración y que medidas específicas de contención serían implementadas.

Las preocupaciones de los productores europeos se acrecentaron aún más cuando ciertos países agro-exportadores comenzaron a aprovechar el espacio “perdido” por los productos de la UE para aumentar sus cifras de negocios (algunos de forma mucho más evidente que otros). Cuando en setiembre pasado una misión empresarial argentina, encabezada por su Ministra de Industrias se hizo presente en Rusia para cerrar nuevos acuerdos de negocios, las quejas por el impacto de las sanciones en la UE y la “deslealtad” con la que otros países aprovechaban la situación para mejorar sus exportaciones llegaron al propio Parlamento Europeo, con algunos eurodiputados hablando de la “ridiculez” de aplicar sanciones a Rusia con consecuencias negativas para los propios europeos, más que para los ciudadanos rusos (que gracias a la sustitución de mercados de origen solamente debieron pasar por unas pocas semanas de precios altos y cierta escasez de productos frescos).

En Bruselas, la prensa recogía información respecto a las expresiones de molestia manifestadas por las autoridades europeas a varios países del Cono Sur respecto a su actitud poco comprometida con la crisis en Ucrania y la “mala fe” con la que se aprovechaban de una situación originada en un intento de desestabilización de un país soberano.

Estos “rezongos”, negados por los países supuestamente involucrados, tuvieron una importante función publicitaria a la interna de la Unión Europea. Pero, además de las manifestaciones políticas se hacía necesario demostrar con hechos concretos que la Unión Europea estaba preparada para proteger a sus productores de los efectos colaterales de sus decisiones en materia de política exterior.

Por ello la Comisión Europea anunció, tempranamente en agosto, la implementación de un plan de ayuda consistente en volcar 125 millones de euros para la “retirada del mercado” de los productos afectados por las sanciones rusas (evitando así una depreciación de los precios que perdure en el tiempo).

Esta primera medida, autorizada por la Política Agrícola Común de la UE (PAC) que prevé mecanismos para casos de emergencia, se agotó en los primeros días de “disponibilidad”, entre acusaciones de abusos en la asignación de los fondos. Por ello la UE debió implementar un nuevo paquete de medidas, anunciado el pasado 29 de setiembre, consistente en ayudas por un monto de 165 millones de euros.

A fin de no repetir los errores cometidos con el primer paquete, estas nuevas ayudas estarán limitadas por país (por ejemplo, solamente serán elegibles aquellos países que tengan probados antecedentes de exportación a Rusia de cierto producto) y no podrán sumarse a las ya cobradas a través del paquete de agosto.

Pero a pesar de estas medidas, muchas asociaciones de productores comienzan a reclamar otras acciones, como la introducción de subsidios a las exportaciones para encontrar alternativas al mercado ruso.

Si el aumento de la demanda en el mercado ruso representa una oportunidad para los exportadores uruguayos, la afectación de la oferta y los precios en el mercado europeo (especialmente para productos exportados por el país como algunas frutas) representa un eventual peligro para el país. Más aún, el riesgo de utilizar el embargo ruso como “argumento” para introducir medidas de apoyo a la agricultura deberá ser monitoreado con atención, especialmente con vistas a la asunción de una nueva Comisión Europea, con un potencial Comisario de Agricultura irlandés (país tradicionalmente demandante de proteccionismo en el sector).

La llegada del invierno europeo y los riesgos de una decisión rusa de suspender el envío de gas a varios países europeos (dependientes del mismo no sólo a nivel industrial sino para calefaccionar sus hogares) reaviva el debate en Europa y crecen los llamados a “reconsiderar” las sanciones a Rusia. En ese sentido, las discusiones trilaterales (UE/Ucrania/Rusia) que se vienen llevando adelante para intentar encontrar una solución a la crisis en Ucrania y lo que suceda con el cese al fuego acordado para las zonas aún en conflicto, serán fundamentales para determinar el futuro de esta mini guerra comercial.
 

*Université Paris I, Panthéon-Sorbonne.