POLÍTICA, MORAL Y REELECCIONISMO

Resumen

“Todos los intentos por apaciguar a los nazis entre 1934 y 1939
 mediante diversos acuerdos y pactos eran moralmente
 inaceptables y políticamente absurdos, dañinos y peligrosos”.

Primer Ministro Vladimir Putin

La afirmación del poderoso Primer Ministro ruso, durante la celebración de los 70 años de iniciada la Segunda Guerra mundial, plantea dos problemas de diferente magnitud. Desde el punto de vista histórico intenta equiparar el pacto Molotov - von Ribbentrop con el Acuerdo de Munich, lo cual no es una operación del todo admisible desde el punto de vista intelectual. El Pacto germano soviético se llevó a cabo con un “animus” claramente cooperador. La URSS pretendió, por un breve período, sacar efectivamente partido de ese pacto. Munich, en cambio, fue un Acuerdo en el que los países occidentales de entonces intentaban, con genuina preocupación, aplacar al nazismo y/o ganar tiempo, si es que no iba a ser posible evitar la guerra.

El segundo problema de la declaración de Putin es de otra envergadura y tiene que ver con el siempre peligroso intento de relacionar la política con la moral. Hoy “suena” muy bien interpelar éticamente las decisiones políticas que favorecieron a Hitler en su momento: otra cosa era entre los años 1934 y 1939.

Esta reflexión introductoria viene a colación porque, casi en el mismo momento que Putin hacía esa declaración, en Colombia, la Cámara de Representantes de ese país aprobaba, con un margen mínimo, un proyecto que permitirá al Presidente Álvaro Uribe continuar adelante con la idea de reelegirse por un tercer mandato. Es evidente que los acontecimientos evocados por Putin nada tienen que ver con lo sucedido, casi simultáneamente, en el Parlamento colombiano: evocan acontecimientos trágicos y de una escala mundial que no guardan correlación alguna con la modesta dimensión que posee la votación del legislativo de Colombia.

Sin embargo, hay, en el fondo, una lejana pero poderosa línea teórica de articulación entre ambos temas que permite relacionar (que no equiparar) ambos acontecimientos. Y ella puede expresarse así: ¿Hasta donde, en determinada coyuntura, una decisión política que parece ser la más “realista” de las decisiones no termina siendo, en el mediano plazo, la más inadecuada y desatinada de las soluciones.

El Presidente Uribe tiene, en este momento casi un 70 % de aprobación de la ciudadanía. Su partido y la coalición que se ha generado en torno a éste (el partido de la U) gozan también de amplia popularidad. Hacía mucho tiempo que la población colombiana no tenía la sensación de tener un presidente tan eficiente en el combate a la narco-guerrilla de las FARC y un primer mandatario tan respetado internacionalmente y tan enérgico en la gestión de la cosa pública a pesar de que ya cumplió unos cuantos años en la presidencia.

Más aún, Colombia,  aunque no pueda decirse que esté internacionalmente “rodeada”, está ciertamente presionada fuertemente por dos vecinos, Venezuela y Ecuador, cuyos líderes autoritarios hace tiempo han abandonado todo prurito en la violación de la legalidad y dejado de lado todo intento de siquiera guardar las formas que habrían de tener dos gobiernos pretendidamente democráticos. Es más: atacan verbalmente al presidente Uribe en forma reiterada y colaboran, ciertamente no de manera verbal, con las FARC.

Todos estos argumentos, más muchos otros que no tienen lugar aquí, tienden a hacer aparecer casi como “natural” que el tercer mandato del Presidente Uribe deba de llevarse a cabo. Por lo general, en los sistemas democráticos, el ejercicio del poder desgasta y debilita a los titulares del Ejecutivo. Pero este no ha sido el caso: el presidente Uribe sigue siendo tan o más popular y poderoso que cuando inició su primer mandato.

Y es aquí donde la situación se complica. Uno de los elementos fundamentales que asegura la vitalidad de todo sistema democrático, en cualquier contexto político nacional o internacional, es el principio de la alternancia en el poder, alternancia de partidos, y alternancia de personas en el poder.

Pero resulta que, esta nueva reelección, parece que “el pueblo la pide”. Y la pide al punto que quizás sea difícil imaginar quien pudiese ostentar la Presidencia de la República si no es el Sr. Álvaro Uribe. Pero el problema es que también “el pueblo pide”… más autoritarismo en Venezuela, más control de la prensa en Argentina, más desconocimiento de la voluntad política de la provincia de Santa Cruz en Bolivia o más permanencia de Correa en la presidencia de Ecuador. En otros términos: un gobierno democrático responde ante la ciudadanía y sus representantes electos responden ante el clamor de “la opinión pública”.

En realidad, si volvemos a la historia, y limitándonos al caso de Colombia, quizás las cosas no sean tan obvias como parecen y el camino “realista” en la coyuntura actual sea, potencialmente, una amenaza en el mediano plazo para la democracia colombiana.

En primer lugar, cabe consignar que, aunque ya aprobada en el Senado, la legislación que autorizaría el referéndum fue aprobada, después de un durísimo debate de 12 horas, por 85 votos a favor, 5 en contra y 76 abstenciones. Es decir que, en términos de representación política, 81 voluntades elegidas por la soberanía popular no votaron por la posibilidad de la reelección. En esa votación parece haber habido alguna que otra irregularidad: 5 diputados del partido Cambio Radical, “se pasaron” al Partido de la U a último momento, por lo que la validez de su voto fue fuertemente cuestionada por la oposición y la cuestión la zanjó, “in extremis” el Presidente de la Cámara autorizándolos a votar. La cosa es opinable, pero no deja de sorprender que, sin esos 5 votos, la iniciativa corría serios riesgos de no ser aprobada.

Pero la democracia colombiana tiene (o debería tener) otras instancias de contralor si estuviésemos ante un simple “dérapage” populista. El proyecto todavía requiere del visto bueno de la Corte Constitucional que podría declarar inconstitucional la iniciativa. Ésto, sin embargo, tiene sus bemoles: el 27 de marzo de este año el “Financial Times” publicaba: ”Six of the Constitutional Court´s nine magistrates have been replaced, a move that has drawn criticism from human right groups who say the president is weakening democratic institutions”.

Está también, como posible garantía, la Suprema Corte de Justicia que, por lo pronto,  acaba de librar, a través de su Sala de penal, orden de captura del congresista y vicepresidente del Partido Conservador, Alirio Villamizar, acusado de delito de concusión y enriquecimiento ilìcito por un trueque en el cual el gobierno habría pagado con notarías el apoyo parlamentario al proyecto de reelección presidencial (“La Nación” de Bogotá, 2/9/09). Según un ex Superintendente de Notariado y Registro serían unos 30 congresistas los que recibieron, a nombre de allegados, otras tantas notarías.

En otras palabras: aunque el pueblo colombiano “pida”, como efectivamente parece pedir, la reelección del presidente Uribe y aunque la gestión de éste último pueda ser muy aplaudida, hay fronteras que no pueden ser traspasadas dentro de un régimen democrático por más que el “realismo” indique lo contrario.

Y no es una cuestión de “moral” como lo planteó Putin, ni una cuestión de “principios” abstractos; es una cuestión de consecuencias políticas prácticas y concretas más allá del corto plazo y de la coyuntura. En Munich, las potencias occidentales cruzaron una frontera que no debieron cruzar, con la convicción de que “el realismo” coyuntural era la mejor brújula ante una situación internacional, en ese momento, ya prácticamente infernal. Las consecuencias, pocos años después, sabemos cuales fueron.

Desde una óptica “realista”, hoy todo parece indicar que la reelección de Uribe es el camino adecuado para Colombia. Nada es menos claro que esa aparente evidencia. Sobretodo si pensamos en el mañana, en la lucha que todavía todos los colombianos (y no un hombre providencial) tienen que llevar adelante contra las FARC, en la consolidación futura que toda la ciudadanía colombiana debe exigirle a su democracia.

El Presidente del gobierno español, Felipe González, expresó hace décadas (cuando la dicotomía tenía más sentido), una frase particularmente feliz que todavía se recuerda: “…el déficit fiscal no es ni de derechas ni de izquierdas…”. Creo que conviene recordar, también, que el uso de la opinión pública para detener la necesaria alternancia democrática en el poder, el uso de la opinión pública para forzar los mandatos constitucionales, el uso de la opinión pública para debilitar los controles de los poderes del Estado sobre el Ejecutivo tampoco es, ni de derecha, ni de izquierda (aunque esta oposición tenga cada vez menos sentido en el mundo de hoy) y ese camino conduce, tarde o temprano, a alguna versión del autoritarismo.

Nada sería más triste, para quienes hemos aplaudido muchas veces las decisiones del Presidente Uribe enfrentando a sus desaforados vecinos, verlo avenido a los mismos métodos que ellos.