Honduras: el quiebre institucional y la reacción internacional

Resumen

El pasado 28 de junio el presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, fue depuesto y expulsado a Costa Rica por las Fuerzas Armadas . Lo sustituyó Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, quien decretó un toque de queda de 48 horas en todo el país.

La reacción internacional ha sido excepcionalmente inmediata y unánime, al punto tal de posibilitar la utilización en esta columna del término “comunidad internacional” sin caer en el simplismo –a veces obligado- en el que incurre habitualmente la prensa. La comunidad internacional ha condenado enérgicamente el hecho al calificarlo como un “golpe de Estado”, al no reconocer el gobierno inconstitucional que se ha impuesto, y al exigir la reposición inmediata del presidente Zelaya.

A nivel regional, el Consejo Permanente de la OEA aprobó la resolución 953 (1700/09) condenando el golpe de Estado y exigiendo el inmediato retorno del presidente Zelaya a sus funciones. Posteriormente, la Asamblea General de la OEA, en una reunión extraordinaria en Washington, aprobó la resolución 1 (XXXVII-E/09) que refuerza la resolución anterior y que amenaza con suspender a Honduras de este organismo regional si no se restituye al presidente Zelaya en un plazo de 72 horas. Otro mecanismo de presión para restituir a Zelaya ha sido la propuesta de José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, de viajar a Honduras junto al mandatario hondureño y otros presidentes de la región.

A su vez, la Reunión de Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericano (SICA), emitió una declaración condenando el golpe de Estado y afirmando que se adoptarán medidas escalonadas de carácter diplomático y comercial hasta que Zelaya sea reintegrado. Entre esas medidas, los mandatarios del SICA decidieron suspender todos los préstamos y desembolsos del Banco Centroamericano de Integración (BCIE) a Honduras, y cancelar todo tipo de reuniones con funcionarios del gobierno de Micheletti.
 
Otros de los tantos organismos regionales lationamericanos, como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Grupo Río y la “Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América” (ALBA) –de la que Honduras es miembro- también condenaron enfáticamente el golpe de Estado. También trascendieron las infaltables y ya clásicas declaraciones de Hugo Chávez y Fidel Castro asignando la responsabilidad del quiebre constitucional hondureño al gobierno de los EE.UU. Aunque en esta ocasión, no insistieron al respecto debido a que el gobierno estadounidense se sumó a las condenas globales.

En la esfera internacional, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución rechazando el golpe de Estado e instando a restituir a Zelaya, y el Secretario General de la organización, Ban Ki-moon, emitió una declaración en la misma línea. A su vez, la Unión Europea y el obsoleto Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados, también emitieron declaraciones de condena.

Resulta evidente entonces, que la respuesta de la comunidad internacional ante la crisis política de Honduras ha sido unánime, inmediata y activa, pues, no sólo se han emitido declaraciones, sino que también se han adoptado algunas medidas concretas de presión económica y diplomática en el ámbito regional.

El golpe de Estado en Honduras ha sido un hecho inconstitucional inequívocamente condenable. Sin embargo, la comunidad internacional ha desconocido en sus declaraciones y resoluciones una sucesión de acontecimientos políticos internos en los últimos meses que explican, en parte, cómo se ha llegado a la situación crítica actual.  

La situación política y económica de Honduras es extremadamente compleja. Es un país que padece una gran debilidad institucional y una situación económica agobiante. Es uno de los países más pobres de Latinoamérica y sus estadísticas en cuanto a gobernabilidad son cada vez menos alentadoras. El retorno de este país a la democracia se produjo en 1981, año en que se aprobó la Constitución actual, a pesar de que fue reformada en numerosas ocasiones.

Desde los incios de 2009 el presidente Zelaya, quien había asumido democráticamente en enero de 2007, planteó la posibilidad de realizar una reforma constitucional, aunque incialmente no explicitó sus objetivos. En marzo, el presidente emitió el decreto PCM-005-2009 con la finalidad de que el Instituto Nacional de Estadística –que tiene similares funciones que el INE de Uruguay – realizara una consulta popular el 28 de junio sobre la posibilidad de incluir una “cuarta urna” para decidir en las elecciones presidenciales de noviembre si se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución. El decreto fue declarado inconstitucional por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Desconociendo el fallo, el gobierno siguió realizando publicidad a favor de la convocatoria. Incluso aprobó un nuevo decreto por el cual se utiliza el término “encuesta nacional” para que el INE pudiese realizar el operativo, a pesar de que el órgano encargado de las elecciones es el Tribunal Electoral. Nuevamente, el órgano del Poder Judicial declaró ilegal la medida.  

El principal obstáculo que enfrentó Zelaya ha sido la Constitución de Honduras y la separación de poderes. La Carta Magna prohibe la reelección presidencial –ni siquiera permite que un individuo sea electo en dos oportunidades presidente-, impide explícitamente en su artículo 374 la reforma de la claúsula mencionada anteriormente y sólo acepta que la reforma constitucional sea realizada por el Congreso Nacional.

A pesar de la claridad de la normativa constitucional, de los fallos de inconstitucionalidad del Poder Judicial y la negativa del Congreso a reformar la Constitución, el Poder Ejecutivo intentó realizar la encuesta hasta las últimas consecuencias. Un nuevo suceso que agravó la situación fue la decisión de Zelaya de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas por negarse a cooperar –siguiendo la normativa constitucional y bajo la orden de la Corte Suprema de Justicia- unos días antes de realizarse la convocatoria. La Corte Suprema declaró ilegal la decisión del Presidente porque solamente el Congreso tiene la facultad de destituir al Jefe de las Fuerzas Armadas.

Esta sucesión de hechos refleja los síntomas de lo que, en una de mis columnas denominé “Epidemia Andina”. Aunque su objetivo nunca se hizo explícito, existe un aparente consenso a nivel político y mediático en Honduras de que el presidente Zelaya quería perpetuarse en el poder utilizando la receta de los países del ALBA, es decir, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar drásticamente la Carta Magna y extender así su mandato.

Al enfrentamiento del Poder Judicial y las Fuerzas Armadas contra el Poder Ejecutivo se sumó definitivamente el Poder Legislativo -unicameral- a través del Congreso Nacional. El 25 de junio, el Congreso discutió la posibilidad de destituir al presidente y creó una Comisión especial que finalmente concluyó que Zelaya desacató las decisiones de los órganos judiciales enumeradas anteriormente y que cometió otras regularidades como la no remisión del Presupuesto General de la República, que debió ser presentado por el Poder Ejecutivo antes del 15 de setiembre de 2008. Una vez depuesto Zelaya, el Congreso votó casi por unanimidad –122 de los 128 diputados votaron a favor- la destitución de Zelaya y la asunción de Micheletti como nuevo presidente.

Frecuentemente, los fenómenos políticos no son blancos ni negros, sino que oscilan entre las diferentes gamas de un nebuloso gris. Lo que la comunidad internacional condenó enfáticamente, fue apoyado por la Corte Suprema de Justicia, las Fuerzas Armadas, el Tribunal Electoral, la Fiscalía General y el Poder Legislativo de Honduras. La mayoría de los miembros del propio partido de Zelaya -el Partido Liberal- también condescendieron el golpe. Incluso, han sido más numerosas las manifestaciones populares a favor de la deposición de Zelaya que las contrarias.

Por lo tanto, esta reacción inconstitucional de la oposición ante un gobierno que intentaba accionar inconstitucionalmente, puede definirse como un golpe de Estado cívico – militar. Un golpe que hasta ahora se ha presentado como un proceso transitorio que, según Micheletti y el Tribunal Electoral, culminará en las elecciones que ya estaban previstas constitucionalmente para noviembre.

Esta contradicción entre la decidida condena internacional y el aparente consenso del régimen político interno de Honduras respaldando lo sucedido, conduce a pensar que la postura de la comunidad internacional ha padecido cierta miopía a la hora de analizar esta crisis institucional.

La respuesta inmediata, firme y concreta de la OEA para defender la democracia en la región será siempre bienvenida. ¿Dónde estaba cuando se fueron produciendo los actos inconstitucionales del gobierno depuesto?

 
Lic. en Estudios Internacionales. 
Universidad ORT - Uruguay