Posibles consecuencias de las medidas tomadas por Uruguay en las relaciones comerciales entre Uruguay y México

Resumen

La revocación de una concesión otorgada en octubre de 2008 a una empresa mexicana para trasmitir TV satelital está siendo cuestionada. La licencia se revocó tres meses después de otorgada, según resolución del Ministerio de Industria, y por motivo de la no culminación del proceso de la política nacional de telecomunicaciones. 
Más allá de las motivaciones uruguayas para adoptar esta medida, es importante comprender cuatro dimensiones del problema planteado: el marco jurídico al que estamos comprometidos; el valor que tiene el Tratado de Libre Comercio (TLC) con México para Uruguay; las repercusiones que esta medida puede tener en las relaciones comerciales con México, y la imagen que damos al mundo en materia de seguridad de inversión.

Antecedentes y motivaciones para firmar el TLC con México

El TLC fue aprobado a través de la ley 17.766 y está vigente desde Julio del 2004. Tuvo como antecedente la suscripción de México y Uruguay al Acuerdo de Complementación Económica registrada en ALADI como ACE N° 5, firmada en 1999 y con entrada en vigor en el 2001. 
Este acuerdo tuvo una motivación fundamentalmente política para México porque mientras formaba parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, era la primera vez que realizaba un acuerdo comercial con un miembro del MERCOSUR. Para Uruguay, el acuerdo conformaba un adelanto comercial de gran interés y tuvo una motivación principalmente económica.
El TLC con México, registrado en ALADI como ACE N° 60, abarcó todas las temáticas que incorporan los tratados de última generación. Se negoció prácticamente todo el universo arancelario. El TLC se concluyó sobre la base del Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR - México (ACE N° 54), firmado en el 2002. Este acuerdo establecía un marco legal para las relaciones comerciales y cubría las negociaciones bilaterales entre los países del MERCOSUR con México.

Compromisos de Uruguay

A través del TLC, las partes se comprometieron a fortalecer la integración regional, a establecer un marco jurídico que propiciara las condiciones necesarias para el crecimiento del comercio y la inversión, y a ofrecer reglas claras a los agentes económicos. El TLC debía asegurar un marco comercial previsible para el planeamiento de las actividades productivas y de inversiones recíprocas.
Con la entrada en vigor del TLC, “el comercio bilateral se triplicó, al pasar de 135 millones de U$S en 2003 a 423 millones en 2007. En ese período, tanto las exportaciones mexicanas a Uruguay como las importaciones provenientes de dicho país se triplicaron” . Las exportaciones uruguayas a México pasaron de 34 millones en 2003 a 211 millones de US$ en 2007, y 175 millones en 2008 .
Es así que México se ha ubicado como el noveno lugar de destino de las exportaciones uruguayas y el octavo lugar como proveedor, con una diversificación cuantitativa y cualitativa. 
En cuanto al monto de la inversión de las empresas mexicanas en el Uruguay, asciende a 116 millones de US$. Después de la entrada en vigor del TLC, se han concretado diversas inversiones mexicanas sobre todo en sectores de telecomunicaciones, industria láctea, servicios y autopartes.

Repercusiones de la medida uruguaya

Uruguay le quitó una licencia a una empresa extranjera, mientras se la mantiene al resto de las empresas nacionales y a otra empresa extranjera. Por lo tanto, Uruguay le está negando el trato de nación más favorecida a la empresa mexicana, con lo cual se configura un trato discriminatorio, que viola los compromisos esenciales del TLC en materia de inversión de trato justo y equitativo.

Uruguay estaría incumpliendo con el compromiso establecido en el artículo 13-04 en materia de inversión de “otorgar a los inversionistas y a las inversiones de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propias inversiones e inversionistas, o de un país que no sea Parte, en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de las inversiones.” 
La resolución tomada por el Poder Ejecutivo atentaría, de esta forma, contra el marco jurídico y legal que promueve y protege la inversión extranjera, que asegura el provenir de las relaciones comerciales con México.

¿Enfrenta Uruguay riesgos como consecuencia de la medida tomada?

La revocación no solamente violaría el TLC con México. El impacto de esta medida coloca a Uruguay frente a varios riesgos que debilitan las condiciones necesarias para promocionar la inversión extranjera, y hasta pueden terminar ahuyentándola del país. 
En primer lugar, la medida trasmite falta de confianza a los inversionistas mexicanos en Uruguay. En el caso de invertir en Uruguay, los inversores podrían comenzar a cuestionarse en qué área invertir, y cómo hacerlo. En efecto, se asiste a cierta falta de compromiso por parte de Uruguay con relación a las normas jurídicas acordadas también en la ley 16.906 de Promoción y Protección de la Inversión Nacional y Extranjera en el Uruguay. 
A través de los principios y garantías de esta Ley se concede igualdad de admisión y tratamiento de las inversiones de los inversores extranjeros que el de las nacionales. En esta perspectiva, estos han sido violados. 
Además, la imagen que se trasmite no solo afecta el crecimiento de las inversiones ya establecidas en el país sino que también al de las potenciales inversiones de México como también de otros países. 
Perder inversiones significa también perder las ventajas asociadas a las potenciales inversiones como el potencial empleo asociado a la misma, la innovación y el desarrollo que traen consigo y que se difunde en nuestra sociedad.
En segundo lugar, Uruguay corre el riesgo de que el inversor mexicano demande al Estado uruguayo en virtud de los daños y perjuicios sufridos por violar el TLC y porque Uruguay procedió sin dar posibilidad de alegato a la empresa.
Si bien esta posibilidad es relativa, el inversor tiene derecho de hacerlo ya que el marco jurídico del TLC prevé un mecanismo para la solución de controversias en materia de inversión que asegura el igual trato entre inversionistas de las Partes, y asegura el debido proceso legal. 
La posibilidad de un reclamo no solo tendría un costo económico para Uruguay por la posibilidad de un resarcimiento pecuniario al inversor extranjero, sino que podría afectar las relaciones políticas y comerciales entres ambos países. Además, llegar a una situación de este tipo sería inconveniente porque se daría mayor publicidad a las faltas uruguayas ante potenciales inversores extranjeros, dejando demasiado expuesto al país. 
En tercer lugar, existe el riesgo de que México tome represalias en este asunto y violente también el TLC, imponiendo barreras al acceso de su mercado a través de medidas no arancelarias. 
Esto significa que la medida tomada por Uruguay podría repercutir sobre las exportaciones uruguayas de rubros que nada tienen que ver con las telecomunicaciones. Estas podrían ser medidas de naturaleza sanitaria, por ejemplo, sobre productos lácteos o imponiendo restricciones técnicas como sobre la vestimenta o cereales. A su vez, podría por ejemplo impedir la profundización del TLC, esperada con la próxima visita del Presidente Calderón, para aumentar el cupo para la exportación de quesos y textiles locales, o para habilitar el ingreso de carne ovina a México.
Si bien México no ha dado indicios de actuar dentro de esta línea, esta posibilidad debería ser prevista

El impacto de las medidas puede contribuir a cerrar parcialmente un mercado tan significativo como es el mexicano para Uruguay. Esto sería muy grave en momentos donde el proteccionismo esta en alza en el mundo entero.

En definitiva, la previsión de beneficios y consecuencias en el largo plazo deberían guiar las acciones de los países con respecto a estrategias de desarrollo de crecimiento. Los países deberían ser coherentes en su accionar y fieles en sus compromisos. Deberían también analizar cómo las acciones repercuten en las relaciones internacionales y en las economías en su totalidad. 
En este sentido, hay que tener presente que la inversión extranjera es imprescindible para nuestro país, más aún en tiempos de una crisis internacional que amenaza con el auge del proteccionismo comercial y financiero. 
En el campo internacional también se aplica el dicho “no se puede borrar con el codo, lo que se escribió con la mano”. La medida tomada por Uruguay estaría violando el TLC con México, un Tratado que es muy importante para el país. Además, estaría afectando la imagen de Uruguay en cuanto a la inversión extranjera, tornándola menos atractiva. Uruguay todavía está a tiempo de revertir la situación y evitar que se concreten los riesgos aquí analizados.

*Estudiante de la Licenciatura en Estudios Internacionales
FACS - Universidad ORT - Uruguay