La saga de las retenciones en Argentina (guía practica)

Resumen

El tema de las retenciones a las principales commodities agrícolas que se producen en la República Argentina, ha adquirido desde el pasado 11 de marzo un alto nivel de atención en los medios, derivado principalmente del paro que el sector agropecuario decidió el día 12 de marzo, como forma de protesta ante el nuevo esquema impositivo.

Parece prudente, dada la gravedad de la situación y el nivel de conflicto alcanzado, entender desde el punto de vista teórico, cual es el reclamo del sector agropecuario. Puntualmente el siguiente artículo esta focalizado en el complejo sojero, pero el análisis es válido también para las principales commodities agrícolas: maíz, trigo y girasol.

Por definición, las retenciones o detracciones (como las denominamos en Uruguay) son un impuesto que se aplica a las exportaciones, es decir, que el Estado establece una tasa (porcentaje) o monto fijo por cada unidad exportada del bien pasible de tal impuesto.

Los principales motivos para que un gobierno establezca retenciones son básicamente tres:

1. con el objetivo de aumentar y mejorar la recaudación fiscal.
2. como forma de estimular la exportación de bienes con mayor valor agregado dentro de la misma cadena productiva.
3. como instrumento de control de la inflación.

Las retenciones no son un impuesto nuevo en la Argentina. Se han aplicado desde hace décadas con distintos niveles de tasa y con alguno o algunos de los objetivos citados anteriormente.

Desde el retorno a la democracia han sido varios los gobiernos que han aplicado este impuesto, comenzando por el gobierno de Raúl Alfonsin, que llegó a imponer niveles de retención similares a los que existen hoy en día.

Durante la década del 90, con una situación fiscal más sólida (al menos en los primeros años), las retenciones en el complejo sojero fueron reducidas hasta llegar a un nivel de 3,5 % para la exportación del poroto de soja, mientras que los subproductos de la soja (harina y aceite) no estaban gravados. En este caso, el objetivo de la retención, era desincentivar la exportación de poroto de soja (sin valor agregado), para promover la exportación de los subproductos, que se encontraban en el siguiente paso de la cadena productiva.

Este esquema de retención se mantuvo hasta comienzos del año 2002, no tanto porque la situación fiscal del gobierno de De la Rúa fuera sólida (que obviamente no lo era), sino porque los precios del complejo sojero venían de una lenta recuperación, luego de la crisis asiática de 1998. Esta baja en los precios se sumaba a que la mayoría de productores agropecuarios se encontraban en una situación bastante crítica, con alto endeudamiento y bajos márgenes.

Al comenzar el año 2002, en el medio de un país al borde del colapso, el gobierno de Eduardo Duhalde, toma varias medidas drásticas: devaluación, pesificación, default y restablecimiento de las retenciones, elevando la alícuota de la exportación de soja del 3,5 % al 23,5 %, mientras que los subproductos pasaban de no pagar retenciones a una tasa del 20 %.

Si bien se mantenía el diferencial del 3,5 %, en este caso el objetivo del gobierno era otro: mejorar los niveles de recaudación de un país en quiebra, y si bien el campo en las condiciones previas a la caída del gobierno de De la Rúa no hubiese podido afrontar este nuevo impuesto, es cierto que medidas como la pesificación y la devaluación, mejoraron notoriamente su situación, licuando sus pasivos y abaratando los costos de producción local en pesos.

Este esquema de retenciones es el que recibe la administración Kirchner en mayo del 2003 y que mantendrá durante buena parte de su gestión. Recién en el último año de su gobierno, y frente a precios récords en el complejo sojero, es que se comienzan a incrementar las tasas de retención pasando del 23,5 % al 27,5 % (enero 2007), hasta alcanzar el 35 % poco tiempo antes de dejar el gobierno.

Cuales fueron los motivos de estos aumentos? La necesidad de financiar el alto nivel de gasto público pre-electoral, manteniendo al mismo tiempo un superávit fiscal, que en los hechos es prácticamente debido a los ingresos en concepto de retenciones (impuesto que no es coparticipable, es decir, que no se distribuye con las provincias).

Si bien los sectores agropecuarios nunca aceptaron de buen grado todas estas últimas subas, al mismo tiempo los aumentos constantes del precio de la soja en los mercados internacionales, compensaban las nuevas tasas de retención, permitiendo al productor mantener un nivel razonable de rentabilidad.

¿Qué es lo que ocurre el 11 de marzo que provoca esta reacción del sector agropecuario? La imposición de retenciones móviles o variables, que en los hechos significa que las futuras y posibles subas del precio de la soja en el mercado internacional serán absorbidas de forma casi total por el estado, a través de un impuesto mayor.

Es decir, le eliminaron al productor toda expectativa de mejora en sus márgenes por posibles subas en el futuro, eliminando a su vez una herramienta indispensable de todo mercado agrícola, como son los mercados locales de futuros, que pierden su razón de ser, en la medida en que el precio que recibe el productor se encuentra topeado por el estado.

Simultáneamente, los costos de producción continúan en constante aumento, por la suba de los fertilizantes, fletes, salarios, etc. Es decir, el mensaje de Poder Ejecutivo con la medida tomada es: hasta acá llegó tu ganancia, de aquí en mas será igual o menor.

¿Cómo se sale de esta situación? Se podría redactar un tratado sobre las posibles salidas, y será tema que analizaremos en las próximas semanas, pero viendo y entendiendo la posición de las distintas agrupaciones rurales argentinas, la salida parece ser una sola: volver al sistema anterior de retenciones al 35 %. De momento, esta alternativa parece difícil y distante, pero con más de 20 días de conflicto, no debe ser una opción a descartar por parte del gobierno.

Profesor de Comercio Internacional. FACS - ORT