HAYEK, LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD EN AMÉRICA LATINA

Resumen

“Nothing is more wonderful than
the art of being free, but nothing is harder
to learn how to use than freedom.”

― Alexis de Tocqueville, “La democracia en América”.

Desde las últimas décadas del siglo pasado, sobre todo a partir del final de la Guerra Fría, ha habido en Occidente un consenso general en cuanto a que la democracia es el mejor de los sistemas políticos o, si se quiere ser preciso, el “menos malo” de los que están al alcance de nuestras sociedades.

Así, la mayoría de los países se jactan de tener elecciones periódicas, de mantener una división formal de poderes y de respetar a grandes rasgos las estipulaciones constitucionales. No obstante, hay dos aspectos que están siendo incorrectamente tratados por muchos gobiernos contemporáneos, particularmente los de América Latina, lo que explica en parte el actual deterioro de las instituciones liberales en esos países. Ellos son los siguientes: la distinción entre la simple democracia procedimental y el Estado de Derecho, por un lado; y el rol del régimen democrático, como medio para resolver los conflictos sociales y asegurar la libertad individual y no como fin en sí mismo.

La importancia del “contenido” de la democracia

Comencemos por el primer problema. De acuerdo con F. A. Hayek, una de las características distintivas de un país libre, en contraposición a uno autoritario, es la existencia en aquel de un Estado de Derecho. Esto significa que en todas sus acciones el Estado está sometido a normas fijas y conocidas con anterioridad, las cuales permiten a cada individuo tener una idea de cómo la autoridad utilizará sus poderes coercitivos y en base a ello organizará su propio funcionamiento. Estas normas formales no se dirigen a necesidades o deseos particulares, sino que sirven de instrumentos para la consecución de los distintos fines individuales sin referencia a tiempo, lugar o persona. De esta manera, teniendo claras las reglas de juego, el individuo es libre de perseguir sus propios objetivos con la seguridad de que los poderes coercitivos del Estado no se usarán de manera deliberada para frustrar sus esfuerzos.

A su vez, debe destacarse que la idea de que el legislador posee un poder ilimitado puede verse como resultado del gobierno democrático y la soberanía popular, y cobra relevancia con la creencia habitual en que el Estado de Derecho estará a salvo si todos los actos del Estado están autorizados por la legislación.

Lo que esta postura no toma en cuenta es que ello sólo garantiza que dichos actos sean legales en sentido jurídico, pero no que el uso de los poderes coercitivos del Estado esté limitado por normas preestablecidas. Por ello, el Estado de Derecho implica un límite al alcance de la legislación, de manera que la democracia no actúe bajo la forma de un autoritarismo encubierto. Un país en donde se tienda a gobernar “a decretazo” y de acuerdo las circunstancias de cada caso, como Argentina o Venezuela, puede considerarse ante todo un populismo autoritario, incluso si en su seno funciona una institucionalidad que aparenta pertenecer a un régimen democrático.

Democracia: ¿“fin último” o un simple mecanismo?

Ahora pasemos al segundo aspecto. Hayek ve la democracia como un método de gobierno que funciona a través de la regla de la mayoría, para determinar las decisiones de gobierno y permitir la renovación de los gobernantes sin que medie la violencia. La democracia, más que un fin en sí mismo, puede considerarse como un medio para proteger la paz interna y la libertad individual. Dicho sistema puede evitar que el poder se transforme en arbitrario, pero no lo logra por el simple hecho de existir. No debe olvidarse que un gobierno donde prime una mayoría demasiado doctrinaria puede llegar a ser igual o más opresivo que la peor dictadura. La discusión, entonces, no gira en torno a la democracia versus el autoritarismo, sino al conflicto entre libertad individual y colectivismo. Este último, a diferencia del individualismo, no reconoce las esferas autónomas dentro de las cuales los fines de cada individuo son supremos, por lo que se aboca a la organización deliberada de los esfuerzos de la sociedad en pro del llamado “bien común”, un concepto potencialmente totalitario. No hay que reflexionar demasiado para darse cuenta que no existe tal cosa, sino tan sólo una jerarquía de fines en la que están incluidos los de todos los individuos. En última instancia, podría decirse que, cuando los gobernantes eligen dirigirse a un objetivo en particular, están imponiendo su propia escala de valores al conjunto de la sociedad. La libertad, así concebida, sería el estar sujeto a la ley y no a la voluntad discrecional de otro.

En este sentido, es relevante mencionar que tanto en la Declaración de Independencia como la Constitución de Estados Unidos, documentos inspiradores de la Constituciones latinoamericanas, no se menciona en ningún momento la palabra “democracia”. Los Padres Fundadores eran conscientes de los peligros que acarreaba la posible “tiranía de las mayorías”, por lo que los ciudadanos recibieron escaso poder para elegir a las autoridades federales. En cambio, lo que sí buscaban a través de estos actos era asegurarle a los ciudadanos los derechos fundamentales que había identificado John Locke: los derechos a la vida, libertad y propiedad. Así, la Constitución estableció reglas claras y ejecutables que limitaran la acción del Estado a las tareas que le fueron concedidas por los individuos, de manera que tanto gobernantes como gobernados quedaran regidos bajo la ley y se colocaran bajo el marco del Estado de Derecho. No se trataba de defender el derecho a una participación activa y continua en el poder colectivo, sino de la independencia privada y las garantías para su disfrute.

Claves para el desarrollo futuro de la democracia

Al analizar los dos aspectos que, en general, tienden a olvidar los gobernantes de este continente con respecto a la democracia, vemos que la batalla contra los autoritarismos no debe basarse en la simple defensa de la democracia “per se”, sino en la de su variante moderna, la democracia liberal. Ese sistema en el que los individuos consienten en ser gobernados bajo la promesa que sus derechos individuales serán protegidos constitucionalmente, estableciéndose una división de poderes que limita la autoridad de los gobernantes, y donde existe un libre mercado en el que la función de producción recae principalmente en la sociedad civil.

Al contrario de lo que creen muchos detractores, hay una interconexión fuerte entre la política y la economía; el capitalismo competitivo, el tipo de organización económica que resulta en libertad económica, también promueve la libertad política. Esto es así porque la libertad política implica la ausencia de coerción a un hombre por sus semejantes, y la preservación de la libertad requiere la eliminación de la concentración de poder que genera la organización de la actividad económica cuando está en las manos de la autoridad política. Permite, por lo tanto, que la fuerza económica arbitre como un control al poder político en lugar de reforzarlo. En este sistema, el gobierno sigue siendo esencial tanto como un foro para determinar las reglas de juego como para actuar de árbitro para interpretar y hacer cumplir las reglas elegidas.

Con esto se pretende resaltar la distinción entre democracia procedimental, en donde se cumplen todas las reglas y requisitos formales estándares, y la democracia liberal. De considerar el primero de los términos como suficiente, regímenes autoritarios como el de Maduro en Venezuela serían considerados democráticos, sin preocuparse de las vulneraciones de la separación de poderes o la libertad de prensa. No ha de sorprender, entonces, que la Carta Democrática de la OEA catalogue a dicho régimen como democrático, o incluso los mandatarios del continente hayan reconocido la asunción de su contraparte venezolana sin cuestionarlo. En cambio, la democracia liberal está basada en la regla de la mayoría con respeto al derecho de las minorías, siendo un sistema limitado por la ley, y que limita, a su vez, el poder del ejercicio del gobierno. A medida que un gobierno va sobrepasando los límites, tanto jurídicos como razonables, en su creciente órbita de acción, pierden relevancia y necesidad las instancias democráticas. Esto se explica porque a pesar de que la democracia sea el mejor método para acordar sobre las cuestiones generales para actuar en sociedad, los planes detallados para implementar la acción de gobierno están siempre en manos de expertos del aparato público, lo que requiere de una concepción coherente que no admite demasiada deliberación.

La libertad y la democracia pueden y deben ser compatibles entre sí, pero requiere trabajo, tanto en el campo de las acciones como de las ideas. Al final, está en manos de los individuos decidir si quieren engañarse a sí mismos o eligen tomar en sus manos las riendas de su propio destino.
 

Sobre el autor

Estudiante de la Licenciatura
en Estudios Internacionales
Universidad ORT – Uruguay.