"MÉXICO, LA BANALIZACIÓN DE LA BARBARIE Y LA DESTRUCCIÓN DE LA LIBERTAD DE PRENSA"

Resumen

Desde el inicio de su mandato, en el año 2006, el presidente Calderón decidió que la lucha contra el narcotráfico y la violencia organizada en México sería uno de los ejes centrales de su entonces flamante gestión.

La tarea se reveló mucho más dificultosa de lo que parecía a primera vista y ello a pesar de que, en un principio, el gobierno había logrado una serie de triunfos bastante significativos. Un buen número de cabecillas de los grupos de narcotraficantes fue detenido por las fuerzas del orden. Su informe de gobierno reivindica la captura de aproximadamente 50 grandes capos de las organizaciones de criminales y varias decenas de presuntos “lugartenientes” de importancia de todas esas organizaciones.

Sin embargo las cosas no siguieron desarrollándose en la dirección que el gobierno mexicano esperaba. Algunos analistas sostienen la teoría que el descabezamiento de los grandes grupos de narcotraficantes que significó la detención de este medio millar de personas puso en marcha una suerte de proceso de “feudalización” de esas organizaciones que tendieron a reproducirse y a atomizarse en un perverso proceso de democratización del crimen.

La ausencia forzada de los grandes jefes de los “cartels” habría determinado que éstos se fraccionaran, que muchos de los jefes regionales, intermedios, o incluso meramente locales, comenzasen a aspirar al “ascenso” en las complejas y siempre indescifrables jerarquías del mundo criminal. De manera sorprendente, muchos de estos analistas sostienen que, mientras los grandes “capos“ estuvieron libres, ellos mismos eran un elemento de contención y de orden relativo dentro del ejercicio de la violencia que el narco generaba desde hacía décadas en la sociedad mexicana. Pero que, la desaparición (o el debilitamiento relativo) del poder de los jefes “naturales“, desató una desaforada competencia por la construcción y control de cada vez más y más nuevas estructuras del crimen organizado.

Esta explicación, aunque entendible, tiene una serie de elementos que no resultan ser del todo convincentes. En todo caso, el proceso social del que hablamos es de tal complejidad que resulta imprudente, e intelectualmente poco consistente, pronunciarse sobre sus procesos internos de desarrollo. Lo que sí es empíricamente incontrovertible es que en los 12 años trancurridos desde 2006 a la fecha, en México se han registrado más de 110.000 asesinatos de todo tipo. Cualquiera de las cifras anuales de muertos por violencia (por ejemplo, el correspondiente al año 2011, que registra 27.200 homicidios) es equivalente, y a veces supera, las cifras de muertos constatadas en Siria en el último año de guerra civil.

Los efectos de esta situación, que revela claramente que el Estado mexicano no logra enfrentar eficazmente un amplio conjunto de sectores sociales que han decidido desafiar al poder etático e, incluso, logran reemplazarlo en determinados espacios del territorio nacional, por períodos más o menos prolongados, son innumerables.

Ya es evidente que el problema no es el narcotráfico. El llamado “crimen organizado” controla todo tipo de actividades: el tráfico de trabajadores ilegales, la prostitución consentida y la prostitución forzada, la producción de documentos falsificados, el tráfico de esclavos, el contrabando de bienes de importación regulada, los juegos de azar, el trasiego de armas de todo tipo (incluidas militares y sofisticadas), el de materiales y químicos peligrosos, el tráfico de órganos, laboratorios, aeronaves, municiones, dinero para blanquear, etc. etc. Cada uno de estos “rubros” merecería un cuidadoso análisis de cómo el estado mexicano perdió el mando sobre su producción, gestión, contralor y/o prohibición.

Pero en esta nota editorial queremos detenernos especialmente sobre un rubro de actividad muy particular sobre el que, también, el estado mexicano está perdiendo todo control: la prensa y la libertad para ejercer la actividad de prensa.

El martes próximo pasado, en la ciudad de Kiev, Ucrania, en el marco del 64avo. Congreso Mundial de Periódicos de WAN-IFRA, la asociación que, con sede en París y Darmstadt, reune a 18.000 publicaciones y a 15.000 páginas web, de más de 3.000 empresas en 120 países, hizo público un lapidario informe llamado “Una Amenaza de Muerte a la libertad: informe sobre la violencia contra la prensa en México” donde deja claramente al desnudo la insostenible situación en que el crimen organizado ha puesto al conjunto de la prensa mexicana (Ver versiones española e inglesa del Informe en nuestra Sección Documentos de este No. de LETRAS INTERNACIONALES).

No es la primera vez que esta organización (u otras como “Reporteros Sin Fronteras”, por otra parte) se ocupa de la alarmante situación de la prensa en México. Ya el 12 de octubre del año pasado, el Consejo de Administración de WAN-IFRA había señalado, en ocasión de su 63avo. Congreso Mundial, que la situación de la prensa en México se deterioraba rápidamente y le solicitaba al gobierno del Presidente Calderón que tomara urgentemente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los periodistas y de las empresas de prensa.

El Informe mencionado muestra con insólita crudeza las condiciones de absoluta indefensión en la que trabajan la prensa y los periodistas en el entorno de violencia organizada que esbozásemos más arriba, en particular la vulnerabilidad de los medios de prensa que operan a nivel estatal y local.

La omnipotencia de los diferentes caciques del crimen organizado que, o bien infiltran las redacciones de los periódicos, o bien asesinan directamente a los periodistas que se resisten a transformarse en voceros del crimen; la corrupción de infinidad de autoridades estatales y locales que pertenecen al crimen organizado o que se han plegado, por miedo o por dinero, a su voluntad; las ofensivas militares y policiales muchas veces absolutamente desatinadas y carentes de objetivos claros, son algunos de los elementos que han transformado la actividad periodística en un calvario de difícil comunicación y dimensionamiento para quien no esté directamente enfrentado al conflicto.

El Informe mencionado aborda cuatro grandes capítulos que presentan con claridad la gravedad de la situación de la prensa y un último apartado en el que se pretende discernir cuales son las estrechas relaciones existentes entre la peculiar circunstancia de un país que logró democratizar buena parte de sus instituciones pero que parece incapaz de detener la explosión de una violencia incontrolada que hunde sus raíces en un pasado populista y corrupto que se niega a desaparecer.

El primer capítulo del trabajo está destinado a documentar cuidadosamente el incremento sin precedentes de las acciones de violencia ejercidas contra la prensa desde el momento en que el gobierno del presidente Calderón desatase, en el año 2006, la ofensiva contra los jefes de los “cartels” que mencionásemos más arriba. Señala igualmente los impactos directos contra los periodistas (39 asesinados y centenares de emigrados a países vecinos) como resultado de las agresiones directas sufridas por los trabajadores de la prensa y las diferentes formas de reacción que los distintos medios y periodistas han debido desarrollar para sobrevivir como empresas y como personas.

El segundo capítulo presenta elementos de interés para analizar la estrategia de despliegue territorial de la violencia en ese proceso de “feudalización” que algunos analistas entienden pertinente y el hecho de que ese despliegue territorial de los delincentes organizados lleva consigo la necesidad de que estos grupos desarrollen estrategias específicas de “control informativo” sobre los territorios que aspiran a controlar y retirar del ámbito de la soberanía del estado nacional.

El tercer capítulo presenta con detalle la falencia generalizada de la prevención y represión en la lucha contra el crimen de los tres niveles de la Administración gubernamental mexicana (autoridades federales, estatales y municipales).

Por su parte, el cuarto capítulo analiza la aplicación sistemática de la violencia estatal contra los periodistas y las empresas de prensa. Es decir en este apartado WAN-IFRA no se ocupa de las carencias represivas o de lo que las autoridades mexicanas no hacen para defender a los periodistas: en realidad este apartado se ocupa de demostrar cómo es que las autoridades gubernamentales mexicanas agreden, hostigan y asesinan periodistas.

Por último, el Informe vincula esta insostenible situación de la prensa al triste pasado político del país. Los más de 70 años de gobiernos populistas autoritarios del PRI dejaron una herencia de despotismo, irracionalidad y banalización de la corrupción en la sociedad mexicana que son los elementos que subyacen al espeluznante cuadro que el Informe pinta sobre la situación de la prensa en el país.

Si bien es cierto que el control político directo del PRI sobre el aparato del estado se detuvo en las elecciones del año 2000 y que, durante 12 años, gobernó un partido como el PAN cuyas credenciales democráticas y liberales eran bastante más serias que las de su predecesor, no por ello la sociedad mexicana ha podido romper con las perversiones autoritarias cultivadas durante décadas.

Esta última década, durante la cual muchos de los países latinoamericanos se han ido deslizando irresponsablemente hacia la aceptación a-crítica de regímenes populistas que están actuando de manera políticamente impune, debería hacer pensar, a quienes todavía creen en la importancia de la vigencia de las libertades, que lo que está pasando en la prensa mexicana es un posible bosquejo de lo que podría ser, en fin de cuentas, la futura situación de la prensa en otros países de la región.