MÉXICO, COMO SIEMPRE, "POPULISMO CONTRA PUEBLO"

Resumen

“Una gran parte de la población sigue encerrada en la jaula de la melancolía, (…). El priísmo es una enfermedad política y muchos mexicanos son portadores del virus.”(…) “En México (…) creció una cultura política que definió un carácter nacional sumergido en la desidia, la zozobra, el relajo, el sentimentalismo, el resentimiento y la evasión. En esta cultura no había espacio para la dignidad. El pueblo era definido como una masa de indios agachados y de pelados albureros. En esta cultura cantinflesca (donde) no cabía la dignidad democrática (se) legitimó al autoritarismo nacionalista del que surgió esa patología, ese morbo melancólico que engendró el régimen de la revolución institucionalizada”
ROGER BARTRA

“La Jaula Abierta”
Noviembre 2011

I.- Situación General

La prensa internacional ha hecho amplio eco a la desaparición y presumible ejecución de 43 normalistas rurales provenientes del poblado de Ayotzinapan, Guerrero, cuando manifestaban en la ciudad de Iguala, en el mismo Estado. Quizás menos conocida para los lectores sea otra matanza que se llevó a cabo unos días previos en Tlatlaya, Estado de México, de 22 personas, hasta donde se sabe inocentes de todo crimen, en manos de elementos del ejército mexicano.

Los casos de Iguala y Tlatlaya "son las peores atrocidades que hemos visto en México en años, pero no se trata de incidentes aislados", dijo José Miguel Vivanco Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. El Director Ejecutivo Vivanco es muy joven o está mal informado.

La historia del PRI y del régimen populista mexicano es la historia de, cómo mínimo, cuarenta años de un autoritarismo sangriento, sólo superado en el mundo, eso sí, por los totalitarismos comunistas stalinistas-maoistas, los nazi-fascistas o los regímenes dictatoriales militares que pulularon en América Latina.

La memoria popular cotidiana de la ciudadanía mexicana indica claramente que, arrancando por la monumental (e incomensurada hasta hoy) masacre de Tlatelolco en 1968 (era necesario “preservar la imagen de México” porque venían las Olimpíadas para lo cual los soldados ametrallaron a mansalva a miles de estudiantes), siguiendo por la muerte sistemática, año tras año, de periodistas que colocan a México en el top más peligroso del ranking americano de la organización Reporteros Sin Fronteras (“México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas; las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado –incluso de las autoridades corruptas– son cosa de todos los días. Este clima de miedo, junto con la impunidad que prevalece, genera autocensura, perjudicial para la libertad de información”. http://es.rsf.org/report-mexico,184.html), o las más de 5000 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en los últimos años, o las muchas centenas de asesinatos masivos llevados a cabo en los Estados del Norte del país, el régimen priísta ha sido históricamente uno de los más represivos.

Un solo ejemplo más del año 2010. En agosto de ese año, 72 trabajadores migrantes fueron acribillados en San Fernando, estado de Tamaulipas, presumiblemente por los narco-traficantes de la banda de Los Zetas. Cuatro años después sólo 12 cadáveres han sido identificados.

Y podríamos terminar disgustando al lector con una macabra enumeración de muertos, fosas comunes, asesinatos masivos, arreglos de cuentas entre facciones políticas, sindicales, amaneceres en los pueblos con cadáveres colgando de los puentes, traficantes de vidas humanas, de armas, de drogas y de todo lo que sea posible imaginar.

Así que, lo que sí es pertinente de lo que denuncia recientemente Human Rights Watch, es que “…no son incidentes aislados…”, aunque estén muy lejos de ser “las peores atrocidades”.

Como sucede casi de rutina, el gobierno mexicano es sistemáticamente reticente a investigar. En el caso que nos interesa ahora, por reciente y actual, las autoridades llevaron a cabo investigaciones tardías y, hasta ahora, ineficaces sobre las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero y sobre el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México. Human Rights Watch denuncia que, en el caso de Tlatlaya, los ministerios públicos estatales procuraron encubrir la actuación de militares obteniendo testimonios coaccionados de las testigos de los hechos.

No solamente las procuradurías estatales no colaboran ni intentan aclarar lo acontecido: “Por el contrario, estos homicidios y desapariciones forzadas reflejan un patrón más amplio de abusos y son en buena medida consecuencia del persistente fracaso de las autoridades mexicanas para abordar este problema” (HRW). La situación no es muy distinta en lo referente a la Procuraduría a nivel federal. “No obstante, la respuesta inicial de la Procuraduría General de la República (PGR) a estos casos ha estado marcada por demoras significativas”. (HRW)

II.- Los dos casos recientes (en base a Informe de Human Rights Watch)

A.- En el caso de Iguala, las autoridades iniciaron la investigación 10 días después de que los estudiantes desaparecieran.

“Estas demoras inexcusables han dañado fuertemente la credibilidad de la PGR y han generado una presión creciente para que este organismo muestre resultados”, sostuvo Vivanco. “Pero sería un grave error que la PGR pasara de hacer poco o nada sobre estos casos a apurarse a llegar a conclusiones infundadas para dar respuestas sin sustento a los casos”.

En Iguala, cerca de 30 miembros de la policía municipal abrieron fuego sin previo aviso el 26 de septiembre contra tres autobuses que llevaban aproximadamente 90 normalistas de Ayotzinapa, hiriendo a más de 15 estudiantes, incluido uno que recibió un disparo en la cabeza y se encuentra en estado vegetativo. Durante este incidente y uno posterior en el cual personas no identificadas dispararon en contra de los estudiantes y otros civiles, seis personas perdieron la vida.

Los estudiantes estaban regresando luego de haber tomado autobuses en Iguala con el propósito de viajar al Distrito Federal para participar en las manifestaciones conmemorativas del 2 de octubre, aniversario de la ya mencionada matanza de Tlatelolco.

Los policías ordenaron a los estudiantes del tercer autobús que bajaran y los golpearon y los obligaron a punta de pistola a acostarse al costado del camino, dijeron testigos a Human Rights Watch. Luego, los policías obligaron a los estudiantes a subir a por lo menos tres autos de la policía, en los cuales se los llevaron. Aún se desconoce el paradero de 43 estudiantes.

Las autoridades federales y estatales no intervinieron para proteger a los estudiantes, a pesar de que grupos locales de derechos humanos alertaron al gobierno del estado sobre los incidentes en el momento que estaba ocurriendo, y los autobuses fueron parados a 100 metros de una base militar.

Más de 50 personas han sido detenidas y más de 20 han sido consignadas por su presunta participación en los hechos en Iguala. En sus sucesivas conferencias de prensa, el Procurador General de la Nación no ha aportado más que obviedades o generalidades salvo en lo que concierne a la evidente connivencia entre las autoridades municipales de Iguala que aparecen comprometidas y el gobernador de Guerrero (que ya comienza a “desaparecer” del caso) con el grupo del crimen organizado “Guerreros Unidos”, con el que hay una notoria complicidad. Es de hacer notar que en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos han aparecido varias fosas comunes de cuya existencia no se tenía conocimiento. Y se han encontrado cadáveres, calcinados algunos, en bolsas arrojadas a un río, otros que no coinciden con los desaparecidos. Todo indica que en los alrededores de Iguala están asentadas muchas fosas comunes o enterraderos de cadáveres de los que no se tenía el menor conocimiento.

B.- En el episodio de Tlatlaya, la PGR tardó tres meses en intervenir.
Los militares mataron a 22 personas que se encontraban dentro de una bodega vacía el 30 de junio. Según testigos y un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al menos 12 de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente.

Fiscales detuvieron a dos de las tres testigos, las golpearon, asfixiaron repetidamente con una bolsa y amenazaron con abusar sexualmente para forzarlas a confesar que tenían vínculos con las personas asesinadas en los incidentes y a señalar que los militares no eran responsables de los asesinatos, determinó la CNDH. Una tercera testigo, quien vio cómo los militares ejecutaban a su hija, también fue amenazada y maltratada. Además, policías obligaron a las tres testigos a firmar documentos, cuyo contenido no pudieron leer.

Durante semanas, la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobernador del Estado de México, y el Procurador General de Justicia del Estado de México sostuvieron la versión oficial, según la cual las personas ejecutadas habían muerto en un enfrentamiento y los militares habían actuado de forma adecuada.

La PGR sólo intervino en la investigación de las presuntas ejecuciones tres meses después, luego de que la revista Esquire publicara el 17 de septiembre una entrevista a una de las testigos con su versión de los hechos.

El 25 de septiembre detuvieron a 24 soldados y un teniente que presuntamente participaron en los incidentes, y consignó a ocho de ellos por violaciones a la disciplina militar. El 30 de septiembre, la PGR consignó a siete soldados y al teniente de “ejercicio indebido del servicio público”. Tres de ellos además fueron acusados de “abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo”.

C.- En febrero de 2013, Human Rights Watch publicó un informe titulado "Los desaparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada", donde se documentan 149 casos de desapariciones forzadas en los cuales existe evidencia convincente de la participación de agentes de todas las fuerzas de seguridad en los hechos, cometidos durante el gobierno de Felipe Calderón. Nadie ha sido condenado en estos casos de desaparición forzada ni en ningún otro cometido después de 2006, según información oficial. Estamos a fines de 2014 y la situación es la reseñada.

III.- De la naturaleza del régimen mexicano

El 11/10/1990, la Revista “Vuelta” organizó, bajo el título “La experiencia de la libertad”, una serie de eventos televisivos en México donde concurrieron un buen número de intelectuales y periodistas. En la última entrega del ciclo (ciclo organizado, conviene precisarlo, en homenaje a la caída del Muro de Berlín y el desmantelamiento del comunismo del bloque soviético), Mario Vargas Llosa pronunció su conocida expresión: “El PRI es la dictadura perfecta”. (Ver https://www.youtube.com/watch?v=rvHQIn21HJQ)

Las anécdotas a próposito de esa caracterización, más bien imprecisa y algo efectista, los conflictos que ella desató entre Vargas Llosa, Octavio Paz y Enrique Krauze, entre otros, no son de particular interés aquí. Lo que conviene retener en esta nota editorial era que Vargas Llosa estaba utilizando un lenguaje equivocado para designar un estado de cosas brutalmente autoritario pero que no podía ser llamado “dictadura”. De lo que Vargas Llosa hablaba era de un régimen populista y, como tal, brutalmente autoritario, como acaban de demostrar los acontecimientos hoy tratados por toda la prensa mundial.

Nada de esto es nuevo. Ni siquiera la denominación que usamos que, quizás, lo único que aporta es una cierta precisión.

El proceso de enquistamiento del populismo en México se relaciona con la historia posterior a la Revolución de 1910 en ese país. Si bien durante el siglo XIX, desde la Independencia hasta la caída de Porfirio Díaz, México padeció, por períodos, los clásicos procesos de caudillismo y autoritarismo que caracterizaron a toda América Latina, también es cierto que la lucha contra la ocupación francesa y el intento imperial de Maximiliano de Austria le dan a la historia mexicana de ese período una marcada originalidad.

Entre otras, destaca el papel de Benito Juárez, en más de un sentido fundador y punto de partida del poderoso pensamiento liberal del México decimonónico, probablemente uno de los más significativos de América Latina.

En un ya clásico y descollante texto (“México. A Biography of Power. A History of Modern México, 1810-1996”, 1997, HarperCollins, NY.), Enrique Krauze da cuenta del paulatino proceso de distorsión y adulteración del liberalismo juarista a lo largo del extenso período porfiriano que terminará capturado por el positivismo (como sucedió en el Brasil, por ejemplo). Así y todo, tal era la fuerza del pensamiento liberal en México que la propia Revolución estallará como una reivindicación liberal y democrática en la voz de su primer líder y “Apóstol de la democracia”, Francisco I. Madero.

Al mismo tiempo Krauze explica cómo, algo más tarde, asesinado Madero, el régimen populista emergido de la Revolución del 10 reinventará e impondrá por la fuerza una historia antiliberal y autoritaria destinada a borrar el origen liberal y democrático de la Revolución y publicitará un relato caudillesco, autoritario, sanguinario, revanchista y antidemocrático que será la base de la tragedia populista mexicana hasta la fecha.

El populismo mexicano se instauró, entonces, como la peor de las salidas políticas posibles a la Revolución iniciada en 1910. Luego de casi 20 años de guerra civil, la idea de construir una “solución política” que terminase con la hobbesiana “guerra de todos contra todos” que reinaba, se abre camino y se echan las bases del populismo mexicano. En lugar de intentar continuar en el camino de algunos tibios intentos de construir instituciones jurídicas civilizadas (como lo intenta Carranza), la solución para “detener la Revolución” tomará la forma de la construcción de un enorme aparato-partido corporativo, vertical y prácticamente único que se erigió en “El conductor” de la siempre castigada sociedad civil mexicana.

La vigencia de este Leviatán populista va, al menos, de 1929 a la fecha. El nacimiento del Partido Nacional Revolucionario (PNR), en 1929 bajo Calles, luego su mutación, en 1938, en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) de Cárdenas y, finalmente, a partir de 1946, se verá emerger el increíble nombre de “Partido Revolucionario Institucional o PRI” que refleja, en su semántica intrínsecamente contradictoria, el carácter particularmente perverso (“la revolución institucionalizada”) del régimen que describe Roger Bartra en nuestro acápite. Como se sabe, el PRI perderá las elecciones en el 2000 y, sorprendentemente, cederá el poder, permitiendo una alternancia política pacífica sorpresiva, luego del larguísimo período de autoritarismo populista resumido. Sin embargo, en 2012, el primer “tele-presidente” de México como acaba de bautizarlo Juan Villoro (redesquintopoder.com/villoro-reinodeoz/) asume el poder con la ya añeja tradición populista del PRI sobre sus esmirriados hombros.

A diferencia de los recientes neo-populismos de circunstancia que nos aquejan hoy en América Latina, desde que fracasó el retorno de la democracia (chavismos, kirchnerismos, “correísmos”, “orteguismos” y otros populismos parvenus), el populismo mexicano tiene más de 80 años cumplidos y es bastante “mayor” que el también sobreviviente peronismo. A diferencia de éste, el populismo mexicano en ocho décadas transformó a México en una sociedad altamente desigual, a la vez tradicional-campesina por un lado y moderna y razonablemente avanzada por el otro, al punto que es la socia comercial principal de los EE.UU. en la actualidad.

Sin embargo, aunque el PRI fue un actor clave en la construcción de México que se visualiza a sí mismo como “moderno”, nada de democráticamente muy rescatable hay en este desempeño histórico político.

Comparte las características de muchos populismos (corrupción generalizada, carencias fundamentales en el funcionamiento del Estado de derecho, pervivencia de modalidades particularmente inciviles de manejo del Estado con la sociedad civil y una larguísima lista de problemas para gerenciar democráticamente al país) que están y siguen presentes en México. En la última década, el crimen organizado, que está destruyendo sectores enteros de la sociedad, es un proceso que, sin dudas, guarda relación con la raigambre populista del México post-revolucionario. Esto se ha transformado en una patología dentro de la patología política mexicana en la medida en que la élite política del país está en proceso de imbricación con los sectores sociales del crimen organizado.

El ejemplo mexicano y sus probables derroteros son relevantes porque es el único caso, en América Latina, en el que el populismo se ha entronizado en “régimen”. Si, en otros casos, el populismo puede concebirse como meras “formas de hacer política”, “procesos de transición”, “coyunturas fundacionales”, o “intervenciones” populistas, en México el populismo se instaló como un verdadero régimen político cuya estabilidad/permanencia descansa (no en las instituciones del Estado de derecho) en las reglas consuetudinarias no escritas de la clase política “revolucionaria” emergente de la Revolución mexicana.

La multiplicación de autoritarismos populistas a lo largo y a lo ancho de América Latina (y también más allá, pero eso no nos compete aquí) y el evidente retroceso de las formas democráticas republicanas, liberales y representativas nos obligan a vigilar al régimen mexicano con particular atención.

N. de Editorialista

En el momento de la redacción de esta nota, el régimen de Peña Nieto ha optado por detener y acusar de delincuencia organizada, motín, terrorismo y tentativa de homicidio a 11 estudiantes manifestantes detenidos en el desalojo del Zócalo de la Capital. No han tenido acceso a otro abogado que un defensor de oficio y ya han sido trasladados a cárceles de alta seguridad, sin juicio alguno, en Veracruz, los hombres, y en Nayarit, las mujeres.