España y Portugal en lucha por el mercado de telefonía móvil brasileño

Resumo

En junio de 1494, hace ya 516 años, los reyes de Castilla y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas, el cual buscaba establecer un reparto de las zonas de conquista del entonces Nuevo Mundo. El objetivo primario del tratado era establecer un marco jurídico al proceso de expansión colonial de las principales potencias europeas de la época, en virtud de las potenciales riquezas a ser descubiertas por sus respectivos exploradores.

Como resultado de dicho tratado y de las posteriores consecuencias del mismo, los límites de la expansión territorial tanto portuguesa como española, se fueron modificando por casi tres siglos, con las consecuencias que dichos cambios tuvieron en la posterior formación de varios de los actuales países de nuestro continente, en especial el Brasil.

El tiempo ha pasado, pero la actual batalla entre las principales empresas telefónicas de España y Portugal hace recordar los tiempos de la conquista de América. Es que Telefónica de España (TE) y Portugal Telecom (PT) vienen sosteniendo desde hace varios meses un duro enfrentamiento por el control de Vivo, compañía que actualmente es el líder de la telefonía móvil brasileña.

Las dos empresas son hasta el momento aliadas y socias en Vivo, pero el creciente desarrollo del mercado de telefonía móvil en Brasil y las buenas perspectivas de crecimiento económico de dicho país, han sido motivos más que suficientes para que Telefónica de España evaluara expandir sus operaciones en el país norteño buscando tener el control mayoritario de Vivo y desplazando de esa forma a su par portuguesa.

El proceso de compra no ha sido sencillo en absoluto. Telefónica en primera instancia realizó en mayo una oferta a PT de 5.700 millones de euros por el control del paquete accionario de Vivo que se encuentra en manos de la empresa portuguesa, pero, la dirección de PT ni siquiera llegó a someter la misma a la junta de accionistas.

Luego de fuertes cruces en los medios entre los principales referentes de ambas compañías,  Telefónica elevó su oferta original hasta los 6.500 millones de euros y presiones mediante logró que el consejo de PT sometiera la propuesta de compra a la junta de accionistas, la cual aprobó por una absoluta mayoría de 73,9 % el proceso de venta.

No obstante, y aquí empiezan a aparecer las inevitables referencias coloniales, el Estado Portugués hace uso de la "acción de oro" que posee en PT y veta el proceso de venta alegando motivos de seguridad jurídica e indicando que la posesión de Vivo por parte de PT tiene un interés estratégico para Portugal, con lo cual deja a Telefónica sin nada y a los accionistas de PT con menos aún.

Así como en 1494 la mediación del Papa Alejandro VI fue central en la firma del mismo, en la actualidad Telefónica de España recurre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) para determinar si el veto aplicado por el estado portugués se encuentra dentro del marco legal vigente.

Al respecto, el TUE declara ilegal el veto de Portugal y señala que la seguridad jurídica "solo puede invocarse en caso de que exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad", ordenando a Portugal a acatar la sentencia "a la mayor brevedad".

La novela entre ambas partes ha continuado hasta nuestros días y el sábado pasado venció el plazo que Telefónica había dado a PT para aceptar una nueva oferta, en este caso, se trata de la oferta final por 7.150 millones de euros.

Frente a tal vencimiento, y a la falta de respuesta por parte de PT, el divorcio entre las partes se torna inevitable, pero difícil de resolver, ya que los estatutos de la sociedad que las unen indican que la ruptura entre ambos solamente es posible de mutuo acuerdo.

Curiosamente, en caso de que no lleguen a un acuerdo, nuevamente la resolución del conflicto se dará fuera de la península ibérica, ya que el contrato original entre las partes prevé que ambas empresas se enfrentarán en Amsterdam en un arbitraje sujeto a la ley holandesa, bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) situada en Francia.

Frente a tal estado de conflicto entre ambas compañías y sus respectivos gobiernos, a lo que suma la resolución del TUE en Bruselas, el probable arbitraje en Holanda y las reglas de la francesa CCI, resta preguntarse finalmente: ¿qué opinan los brasileños al respecto?.

De la lectura del largo proceso de negociación y de disputa por Vivo, en ningún momento surgen referencias o consultas fundadas al gobierno brasileño. Se puede argumentar que Brasil nada tiene que ver al respecto y que se trata de una disputa entre dos empresas europeas por el control de su acciones en una filial brasileña, pero en un análisis más frío y distante del proceso las similitudes entre esta situación y la vivida hace 516 años, donde desde Roma los representantes de las casas reales europeas se repartían el Nuevo Mundo, no dejan de ser menores.

Coordinador Académico Adjunto
Departamento de Estudios Internacionales
FACS - ORT Uruguay
Lic. En Estudios Internacionales, MBA