La Autonomía de Santa Cruz

Resumo

El pasado domingo los habitantes del departamento boliviano de Santa Cruz acudieron a las urnas en el primero de una serie de consultas electorales destinadas a lograr una mayor autonomía frente al gobierno de La Paz por parte de varios departamentos, mas precisamente los que pertenecen al espacio geográfico que se conoce como la “media luna próspera” boliviana (Santa Cruz, Beni y Pando), además de Tarija, desde siempre vinculado al norte argentino. El estatuto de autonomía presentado –al menos en el caso particular que nos concierne- otorgaría a las autoridades regionales competencias propias de una unidad administrativa dentro de un sistema federal, algo inédito en un país latinoamericano de las dimensiones de Bolivia.

La legalidad de estos procesos está puesta en entredicho, y semejantes referendos no son reconocidos como legítimos ni por el gobierno central boliviano ni por la OEA. Sin embargo, el simple hecho de que a pesar de lo anterior dichas consultas se realicen, señala dos factores importantes: a) la imposibilidad del gobierno del Presidente Evo Morales de hacer valer su autoridad en buena parte del territorio que supuestamente gobierna y b) que el uso y abuso de consultas a la ciudadanía como medio legitimador de decisiones políticas materializadas o en vías de materialización, instrumento predilecto del nuevo socialismo latinoamericano , bien puede ser utilizado en su contra.

Ahora bien, ¿qué pretenden las autoridades departamentales de Santa Cruz con dicha medida y qué elementos han propiciado su realización? Podemos responder a esta pregunta con dos tipos de respuesta: las causas puntuales que actúan de desencadenante inmediato de la misma, y el contexto profundo (político, social y económico) que posibilita la relación de causalidad anterior, dado que sería ingenuo insinuar que un movimiento de autodeterminación pudiera surgir espontáneamente de la nada.

¿Qué define la excepcionalidad santacruceña? En lo económico, un modelo agroindustrial independiente de La Paz y en constante desarrollo gracias en buena parte a las inversiones extranjeras y el libre comercio, y que contrasta con la decadencia de actividades tradicionales propias de la Bolivia altiplánica como la minería (actualmente Santa Cruz aporta un 31% del PBI boliviano). En lo político, como se verá a continuación, un completo escepticismo frente al gobierno central boliviano, sobre todo desde el triunfo del MAS (Movimiento al Socialismo). En lo social, una cultura sustancialmente distinta del resto del país, con una población mestiza de aporte guaraní, frente al predominio aymará en los departamentos occidentales (base electoral de Evo Morales). Todos estos elementos se han retroalimentado de forma constante, generando un caldo de cultivo ideal para la gestación de un discurso autonomista policlasista que une a las élites políticas y económicas con el resto de la población, y que finalmente ha estallado en los hechos que presenciamos hoy en día.

Puntualmente, el movimiento autonomista cobra impulso tras tres acontecimientos. Primero, la elección de Evo Morales como Presidente. Segundo, el fuerte papel que está tomando el gobierno en la economía mediante la nacionalización de recursos y una eventual redistribución de tierras. Tercero, la aprobación de una nueva Constitución en noviembre del pasado año; aprobación que bien podría considerarse imposición, puesto que fue votada por mayoría simple y no especial, como se había estipulado previamente, justamente en parte para evitar una potencial descentralización política y económica hacia las autoridades departamentales.

El mapa electoral de las últimas elecciones señala claramente la frontera entre dos formas de entender al país. Evo Morales y su partido MAS arrasan si consideramos a Bolivia como totalidad; pero el proyecto –con perdón de la expresión- moralista- es derrotado en tanto dirigimos la mirada hacia el oriente: de un 66% de apoyo en La Paz, 65% en Cochabamba y 62% en Oruro; se derrumba a un 32% en Santa Cruz y Tarija, un 21% en Pando y 16% en Beni. Dicho de otra forma: Morales gana en una Bolivia -la del altiplano- mientras es ampliamente derrotado en la otra Bolivia –la del llano-. Gobierno y oposición cobran entonces una función de representatividad fuertemente regionalizada. Semejante fenómeno no sería preocupante en un país que haya logrado construir y reproducir una mitología nacional de cohesión exitosamente, y mucho menos si dicho país contara con un régimen federal (por poner un ejemplo ampliamente conocido, la división entre “blue states” y “red states” en EE.UU.). El problema es que Bolivia no cuenta con ninguno de estos dos elementos y, para peor, las medidas tomadas por Morales no hacen más que profundizar las dificultades que suponen la ausencia de las mismas.

Atando los cabos de lo anteriormente expuesto, podría decirse que la “media luna próspera” boliviana percibe dos cosas: el poco beneficio que reciben a cambio de su importante aporte a la economía del país; y la amenaza de que este escenario de “injusticia” se profundice con las políticas adoptadas o prometidas por el actual gobierno. Esto sin olvidar la dimensión étnica del asunto, en un país donde la raza, tristemente, sigue siendo algo tomado con bastante importancia. Destruido el diálogo y los medios legales para solucionar este conflicto de intereses, sólo queda esperar que el movimiento autonomista del oriente boliviano no derive en consecuencias mayores, tanto a un nivel nacional como internacional.

* Estudiante de la Licnciatura en Estudiso Internacionales. Universidad ORT- Uruguay