“BRASIL: ESCÁNDALO SOBRE EL ESCÁNDALO”

Resumo

El Supremo Tribunal Federal (STF) del Brasil acaba de decidir, en el día de ayer, que al menos 12 de los más de 25 políticos corruptos condenados en el juicio más escandaloso de la historia política brasileña (llamado “El Mensalão”) podían pasar un proceso de “revisión” de algunas de las penas a las que ese mismo órgano supremo de la Magistratura los había condenado en el mencionado juicio.

Con esta decisión, incluso los personajes claves y responsables principales del esquema de corrupción que construyó el presidente durante su primer gobierno (el condenado José Dirceu, ex Ministro Jefe de la Casa Civil de la Presidencia, el también condenado Delúbio Soares, ex Tesorero del PT o el Presidente de la Cámara João Paulo Cunha, también integrante del PT) darán un primer paso hacia la impunidad. Por lo pronto los delitos por los que han sido condenados se están tornando “excarcelables” a medida que el STF modifica (y seguramente continuará modificando) los criterios jurídicos aplicados en el juicio que culminó el año pasado. Aunque todavía es algo temprano para entender la compleja trama urdida para cortocircuitar la sentencia del STF (puesto que la decisión tiene apenas una semana de tomada) todo hace pensar que el principio de la “cosa juzgada” es algo que la justicia brasileña no toma en consideración.

Para comprender este terrible desenlace, que acaba con todas las esperanzas de aquellos ciudadanos brasileños que creyeron, durante un corto tiempo, que la justicia de su país había conseguido una insólita independencia frente a la omnipotencia de los políticos, es necesario reconstruir al menos las grandes líneas de un intricado y barroco camino especialmente construido para sortear una de las pocas decisiones de la Justicia que se ha enfrentado a la clase política brasileña.

El escándalo comenzó a ser expuesto al público por la prensa ya en el año 2005 y, luego de miles de interrogatorios, investigaciones, confrontaciones de testigos, etc., con un legajo que supera los 40.00o folios, el Supremo Tribunal Federal, condenó a más de 30 personas a distintas penas, muchas de las cuales eran largas penas de prisión.

Además que de que el Mensalão constituía una novedad y una esperanza, porque sometía, finalmente, a algún político corrupto a la Justicia (en un país donde siempre se dijo que sólo van presos los integrantes de “las 3 p” - (pobres, prostitutas y “pretos”)-, el proceso era importante porque, en gran medida, el STF que procedió a condenar a los integrantes de este esquema de corrupción, había sido en parte designado durante el gobierno del Presidente Lula e incluso Dilma Rousseff. Ello generó la impresión en el público, y en la ciudadanía, que, efectivamente, el Poder Judicial del Brasil comenzaba a comportarse como el Poder Judicial de un país desarrollado, donde reinaba la Ley y el Estado de Derecho, y no como una oficina jurisdiccional dependiente del Poder Ejecutivo de una republiqueta. Especialmente importante en la generación de esa sensación de cambio y transformación del perfil del Poder Judicial, fue la actitud, particularmente digna y destacable, del entonces Presidente del Tribunal, y relator del juicio, el Juez Joaquim Barboza.

Acabado el proceso y emitidas las sentencias, en cualquier país del mundo el paso siguiente hubiese sido que, si estaban agotadas todas las instancias que permitiesen interponer recursos, las sentencias fuesen ejecutoriadas de acuerdo a lo ordenado por el máximo órgano del Poder Judicial y que aquellos reos que hubiesen recibido penas de cárcel, fuesen a la cárcel, y aquellos que hubiesen recibido otro tipo de sanciones, cumpliesen con ellas. Hasta donde estamos informados, ninguno de los condenados en el “Mensalão” ha cumplido ningún tipo de pena hasta la fecha pero, si esto no es cierto, lo que sí es seguro es que, de ahora en adelante, no habrá pena significativa alguna para los supuestamente encauzados y que todas las actuaciones anteriores se están transformando vertiginosamente en una triste puesta en escena.

El mecanismo por el cual se echó por tierra todo el juicio resulta difícil de entender para quien no tenga alguna información, por mínima que sea, sobre el incalificable funcionamiento del sistema político brasileño. El mecanismo utilizado fue la jubilación de dos integrantes del STF como herramienta para echar por tierra las sentencias ya emitidas.

En otros términos, fueron sustituidos dos de los magistrados que habían participado en la mencionada sentencia y dos nuevos jueces, Teori Zavaski y Roberto Barroso, tomaron el lugar de aquellos que se acogieron a la jubilación por haber llegado a la edad legal máxima de 75 años.

Esta vez Dilma y Lula no se equivocaron: nombraron dos jueces verdaderamente “confiables”. Como si el conjunto del proceso, y las sentencias que de éste se derivaron, no hubiesen sido decisiones legítimas del Órgano STF, los dos nuevos jueces recientemente integrados entendieron que las penas aplicadas por el organismo en el pasado a los encauzados eran demasiado pesadas y que ellos dos entendían, ahora, que, de haber sido integrantes del STF cuando este se expidió, su voto hubiese sido diferente al voto que, en su momento, pronunciaron los jueces actuantes.

Y han sido estos dos nuevos jueces recientemente designados los que han defendido con el mayor énfasis –(y, cabría agregar, sin el mayor escrúpulo)-que se les conceda a esos condenados el “beneficio” de una revisión del proceso. Para que el lector no se pierda: de lo que estamos hablando es de que dos nuevos integrantes del STF, que no lo integraban cuando éste oportunamente se pronunció, oponen “ex-post” lo que no puede ser más que su opinión personal puesto que no eran integrantes del órgano cuando éste se expidió.

Que tengan una opinión personal divergente de la de sus predecesores ello no constituye algo sorprendente ni irregular. Lo que escapa a nuestro entendimiento es que el STF se avenga a reconsiderar las penas aplicadas (y probablemente, como veremos, el conjunto del juicio).

No somos juristas y no conocemos en profundidad el ordenamiento jurídico brasileño pero no se nos podrá convencer que la iniciativa de los nuevos jueces recientemente integrados pueda primar sobre la decisión previa tomada por el Supremo Tribunal Federal.

El tecnicismo jurídico utilizado por estos dos “nuevos” jueces, a quienes se han sumando prestamente tres más de los antiguos integrantes del STF, reivindican la vigencia de un artículo del antiguo reglamento del Supremo Tribunal Federal que establecía la validez de un mecanismo llamado “embargo infringente” por medio del cual se podía solicitar una revisión del juicio cuando los condenados cuentan con cuatro de los votos a favor y que los otros 7 integrantes del Tribunal votaron en contra o se abstuvieran.

Ante este planteo de los dos nuevos jueces recién nombrados, más los tres antiguos integrantes (se cuenta con un total de cinco miembros del Tribunal que están a favor de la revisión del “Mensalão”) se han elevado las voces de cinco de los integrantes del STF que estuvieron en contra de la validez de “embargo infringente”, alegando que el mencionado reglamento está derogado y que fue sustituido por la nueva Constitución de 1988 que regula de nueva cuenta el conjunto de los procedimientos que rigen la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal. No sorprenderá a nadie que el juez Joaquim Barboza forme parte de aquellos que no sostienen la revisión del proceso. En otros términos, el STF estaba ante “un empate” y sólo faltaba emitirse un último voto.

El detalle que no queda claro es porque razón uno de los integrantes del Tribunal, el juez Celso de Mello, no había hecho explícito su voto hasta el día de ayer. Es obvio que era el “voto del desempate” pero generalmente, al menos en las tradiciones jurídicas que conocemos, las votaciones de esta trascendencia se basan, al menos por principio, en la igualdad de condiciones de los votantes, pero, evidentemente estos detalles no son de recibo en la cultura jurídica brasileña.

En todo caso, sea cual fuese la razón, el juez Celso de Mello, que la prensa llama “o decano da corte” se expresó, ¡oh sorpresa! a favor de la revisión del proceso. La votación queda, por lo tanto, 6 a 5 a favor de la revisión del juicio del “Mensalão”. “Le “Mensalão” est mort, Vive le “Mensalão”.

A partir de este momento, y aunque el gobierno nunca lo reconocerá ante la opinión pública, todo el proceso comenzará de nuevo pero ahora para “limpiar” a los antiguos condenados del PT y sus partidos afines. Brillantes amaneceres se insinúan no sólo para esos 12 condenados a prisión más significativos políticamente. En realidad todos los involucrados en el esquema de corrupción más grande de la historia del Brasil tienen, ahora, la posibilidad de rehabilitarse.

En el nuevo contexto creado, quizás, también para los demás, aquellos “peones” menos conocidos y con penas menores, podrán solicitar la reconsideración de sus condenas. No es necesario ser jurista para darse cuenta que sus abogados respectivos podrían también solicitar la revisión de sus penas. En ese caso, el juicio podría prolongarse largamente. Eso si, siempre que la izquierda siga en el poder, porque si no gana el PT, el “decano da corte” va a llegar a la edad legal de jubilación y toda esta fantochada podría empezar de vuelta ante el ingreso de un nuevo juez que, seguramente, de haber sido integrante de STF, hubiese votado diferente que Celso de Mello.