HUNGRÍA INTERPELA A EUROPA

Resumo

Europa está preocupada por la situación en Rumania donde su primer ministro ha tomado recientemente una serie de medidas institucionales a fuerza de decreto, lo que para algunos se constituye en un virtual estado de suspensión constitucional. El problema, que de por sí preocupa, adquiere un cariz más inquietante dado que se suma —en esa misma región del continente— al caso húngaro, que la Unión Europea todavía está procesando (y digiriendo, se diría).

Hungría está gobernada desde el 2010 por el partido Fidesz (Alianza de Jóvenes Demócratas). Fidesz se autoconsidera un partido de centro derecha aunque el ejercicio mismo del gobierno parece aproximarlo al extremismo de derecha, juicio solo posible de relativizar dado que en ese extremo del espectro político existe la peor de las pesadillas, un partido declaradamente xenófobo y antisemita como el Jobbik (Movimiento para una Hungría Mejor). En las elecciones del 25 de abril de 2010, Fidesz obtiene más de dos tercios de los escaños del Parlamento. A pesar de que obtuvo un 53% de votos, un peculiar régimen electoral, donde coexisten escaños electos por representación proporcional y otros por circunscripciones uninominales, le permitió alcanzar esa mayoría parlamentaria que no reconoce antecedentes desde la caída del comunismo. Tamaña mayoría le permite a Fidesz gobernar en solitario, incluyendo el hecho de poder legislar a nivel de Constitución. El Partido Socialista cayó al 19% desde una votación del 43% en el 2006. El mencionado partido de extrema derecha obtuvo un 17%, creciendo respecto a aquella elección en la que no había ni siquiera alcanzado la barrera el 5%, en un hecho que reconoce casos similares por toda Europa.

El gobierno húngaro del primer ministro Viktor Orban fue adoptando merced a la abrumadora mayoría una serie de medidas de corte nacionalista, talante conservador y naturaleza autoritaria, todos instrumentos de lo que se concibe como un proceso de refundación del país, según propias palabras de Orban. La primera llamada de atención fue a pocos días de asumir el gobierno cuando se despacha con una legislación que otorga la nacionalidad húngara a todos los que puedan probar sus orígenes maggiares sin que pierdan por ello la nacionalidad que tuvieran en la actualidad. Se calcula en tres millones la cantidad de habitantes del centro y este europeo que podrían acceder a la nacionalidad húngara y que hoy viven en los territorios que pertenecieron a Hungría antes de la Primera Guerra Mundial. Esa especie de apelación a la “Gran Hungría” no cayó en gracia en los países vecinos que tuvieron la sensación de estar frente a los primeros pasos de una futura reivindicación territorial basada en fronteras étnicas, lo que parece retrotraerse a épocas desagradables. Aunque se estuviera ante una hipótesis improbable, también es cierto que la medida pintó de cuerpo entero al gobierno húngaro.

Luego se acumularon un conjunto de leyes verdaderamente preocupantes. Entre las más alarmantes se encuentra aquella que limita fuertemente la libertad de prensa. A una autoridad nacional dependiente del gobierno se le faculta para sancionar a los medios de comunicación que publiquen información “no equilibrada”, “parcial” u ofensiva para la “dignidad humana”, términos suficientemente amplios como para que quepan, como se advirtió, todo lo que le pueda molestar al gobierno. A continuación se redacta una nueva constitución (catalogada de “antediluviana”) que contiene normas, entre otras, como la restricción del derecho al voto de aquellos con “capacidades mentales limitadas”, la intangibilidad de la vida desde la fecundación (está vigente la ley que despenaliza el aborto dentro de las 12 semanas) y la consideración de la unión entre el hombre y la mujer como la única posible. Asimismo, se legisló concediendo reconocimiento exclusivamente a sólo catorce iglesias (cristianas y la judía), haciendo perder el estatus de tales a credos como el musulmán, budista, hinduista, adventistas y baptistas, los que deberán volver a tramitar su reconocimiento luego de cumplir ciertos requisitos e, inconcebiblemente, someterse a la aprobación —o no, quizá— del Parlamento. También se estableció la pena de prisión para las personas que vivan en la calle y que no quieran pernoctar en los centros de atención. Paradójicamente, los centros existentes no tienen la capacidad de recibirlos a todos. En un uso de la historia con objetivos políticos, se declaró inocente al pueblo húngaro de los crímenes cometidos por el Estado entre la ocupación nazi en 1944 y el fin del comunismo en 1990 y, peor aún, se consideró por ley al Partido Socialista como el heredero del régimen comunista. El Partido Socialista efectivamente fue fundado por militantes del Partido Socialista Obrero Húngaro, el partido único durante el período comunista, aunque evolucionó hacia la social democracia y se desprendió de los sectores más duros. De cualquier manera, llevar a términos normativos lo que debería estar radicado únicamente en la dialéctica política, habla de una intención avasalladora hacia quienes justamente son la oposición al gobierno. Por otro lado, la nueva Constitución limitó la capacidad del Tribunal Constitucional al enajenarle de sus competencias la de controlar asuntos presupuestales, casualmente poco tiempo después que el Tribunal había invalidado una medida económica del Ejecutivo. Más tarde se afectó la independencia del Banco Central cambiando la composición del directorio al añadirle delegados directos del gobierno. El último intento de controlar al Banco fue la creación de una figura institucional por encima de la autoridad bancocentralista de una única persona designada por el Ejecutivo. Entre tanto, los agravios proferidos al presidente del Banco Central procurando su renuncia rayaron la grosería, seguramente provocada por la desesperación de quedarse con un cargo que al regirse por otros plazos de ejercicio estará en funciones hasta avanzado el 2013. En una afectación de la independencia del Poder Judicial, se rebajó la edad de retiro obligatorio de los magistrados de los 70 a los 62 años. Esto provocó que muchos magistrados tuvieran que dejar sus puestos, los que fueron cubiertos con fieles al gobierno. Como remate, se modificó la legislación electoral y se cambiaron las circunscripciones de tal manera que el que podría ser beneficiado sería el partido de gobierno. Más allá de que efectivamente esto es lo que termine sucediendo, utilizar las mayorías para cambiar las reglas electorales a medida no es ético. En síntesis, las medidas —mencionadas deliberadamente sin pausa— son una catarata de normas arbitrarias que apuntan a la concentración de poder.

A partir del mismo comienzo del actual gobierno húngaro, la Unión Europea ha expresado por parte de diversos voceros su preocupación por la calidad de la democracia en Hungría, sin alcanzar el punto de cuestionar al régimen mismo como antidemocrático. Probablemente, como sostuvo el líder de los socialistas europeos, es duro para la Unión Europea tener que admitir que se cuenta con un estado no democrático como uno de sus miembros. Algunas voces del Parlamento europeo fueron muy críticas, como la del popular Daniel Cohn Bendit —“Dany el rojo” en el Mayo del 68— quien llegó a acusar a Orban de ir “en la misma dirección de Chávez, Castro y todos esos regímenes totalitarios y autoritarios”.

Cada medida adoptada por el gobierno maggiar reforzaba las críticas por su autoritarismo al tiempo de acrecentarlas hacia la misma Comisión Europea por lo que comenzaba a entenderse como un perfil demasiado bajo en el tema. Se especulaba que la Comisión pretendía manejarse con pies de plomo para no aumentar los problemas económicos de Hungría que, pese a no pertenecer a la Zona Euro, su quiebre podía terminar afectándola. La explicación no alcanzaba a satisfacer porque se sostenía que de este modo sólo se “alimentaba a las fieras”. Los críticos a la Comisión Europea por su lentitud en encarar la cuestión húngara destacaban que la Unión Europea no es solo una unión comercial sino que antes que cualquier otra cosa es una unidad política basada en determinados valores, que los Tratados reconocen y que Hungría desconoce. Hungría había ingresado a la Unión el 1º de mayo de 2004 y algunos entendidos han afirmado que en las condiciones actuales el país maggiar no hubiera podido ingresar. Pero el problema es que ya está adentro.

Finalmente la Comisión Europea inicia en enero de este año un procedimiento de infracción para que Budapest rectifique sus rumbos so pena de ser sancionada si no lo hace en consonancia con el Tratado de la Unión Europea. Al mismo tiempo, sin ligarlas explícitamente, inicia una serie de medidas de carácter financiero suspendiendo contactos que se iban a llevar a cabo para conceder nuevos créditos y aumentando las presiones para la reducción del déficit a los estándares que la Unión determina para sus miembros ante las dudas de que lo estuvieran “maquillando”. La reacción del primer ministro Orban fue destemplada comparando a Bruselas con la Viena de los Habsburgo o la Moscú soviética al grito de “¡No seremos una colonia!”. Fuera de los micrófonos, el gobierno promete realizar los cambios requeridos.

Sin embargo, la clave del proceso radica en los asuntos por los que Bruselas abrió el proceso infraccional. Estos fueron: la afectación de la independencia del Banco Central, la ley que adelanta la jubilación de los jueces y por la afectación de la autonomía de la autoridad de protección de datos. Ninguno de los asuntos refiere a aspectos netamente deontológicos como los que emanan del Tratado de la Unión Europea, modificados hace bien poco en el 2007 por el Tratado de Lisboa y ratificados naturalmente por Hungría. En el mencionado Tratado se puede leer:

“La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres” (Artículo 2).

“A propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión, el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2” (Artículo 7).

Es cierto que las objeciones planteadas por la Comisión Europea fueron respecto a temas más concretos y por lo tanto más factibles de comprobar su violación así como sus enmiendas. Sin embargo, la ausencia a referirse concretamente a aspectos flagrantemente violatorios de los derechos humanos esenciales es cuestionable. En abril la Comisión Europea cierra el proceso de infracción respecto al asunto del Banco Central, luego de algunos cambios del gobierno húngaro en la legislación que a juicio de la Comisión fueron suficientes. Respecto a la edad jubilatoria de los jueces y la protección de datos, la Comisión entendió que Budapest no había adoptado las medidas del caso y pasó el asunto al Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo.

Toda la Unión Europea, su esencia, su vocación, el espíritu bajo el cual se creó y se extendió en un continente que vivió dos guerras mundiales y la dominación comunista, es puesta en el banquillo ante las señales que ofrece o deja de ofrecer ante un país que notoriamente rompe con los fundamentos de la Unión. La Unión ya había actuado en el 2000 cuando en Holanda asume un gobierno cuya coalición estaba integrada por un partido de inspiración nazi, pero que ni siquiera alcanzó a tomar tantas medidas cuestionables ni duro tanto como para generarle un problema mayor a la propia Unión. Quizá se esté esperando que los resultados electorales de 2014 le saquen el problema. Las encuestas parecen indicar un descenso pronunciado de la popularidad del gobierno húngaro, cuya explicación se encuentra en los problemas económicos y en los nuevos impuestos. Aunque la solución puede no ser tal si los extremistas de derecha confirman en las urnas lo que las crecientes intenciones de voto parecen pronosticar.

Mientras tanto por toda Hungría se desarrollan homenajes a Horthy, el gobernante húngaro que se alió a Hitler y es el responsable del asesinato de al menos 400.000 judíos.

Sobre el autor

Licenciado en Ciencia Política.
Universidad de la República.