¿ES DEMOCRÁTICA LA VENEZUELA DE CHÁVEZ?

Resumo

El Hugo Chávez Frías que realizó su juramento como Presidente de la República de Venezuela, el 2 de febrero de 1999, después de haber ganado las elecciones por casi 57% de los votos, ciertamente no era el Chávez de la actualidad. Tenía el antecedente de ser un militar golpista que, en 1992, había intentado derrocar al entonces Jefe de Estado Carlos Andrés Pérez, fracasó, fue encarcelado por dos años y luego amnistiado por el Presidente Rafael Caldera.

Poco pesó este antecedente a la hora de enfrentar por vez primera a las urnas, ya que Chávez se presentaba como un anti-elitista y anti-statu quo, que aprovechaba el desprestigio y colapso de los partidos tradicionales, el rechazo de la gente hacia las políticas económicas y sociales y el apoyo de importantes figuras del “establishment” caraqueño.

Además, lucía como un “moderado”. El día antes de la elección de 1998, había asegurado al periodista de Univisión, Jorge Romero, que entregaría el poder a los 5 años o antes; que el Estado ya tenía un canal de TV y que respetaría a todos los demás; que fomentaría las inversiones extranjeras sin traba alguna; y respecto a Cuba le reconoció que era una dictadura, pero que el no se iba a inmiscuir por el principio de la auto-determinación. Y no hizo ninguna mención a su anti-imperialismo ni al socialismo.

El Hugo Chávez actual es un neopopulista, con todos los defectos del populismo histórico: poco respeto por las instituciones, por la representatividad democrática y por la propiedad privada; el líder carismático se comunica directamente con su pueblo; se establece una sociedad cerrada; su retórica es fuertemente antipolítica; y practica el asistencialismo, la movilización popular y el antiimperialismo yanqui.

Ese antiimperialismo es la otra cara de un nacionalismo que asimila su persona con el colectivo nacional. Pero a esas características del populismo histórico latinoamericano, el venezolano le agregó otra: el militarismo.

Militarismo en la forma (su prédica constante “La Fuerza Armada está en el corazón mismo de la revolución”) y en el fondo (la Constitución, en su artículo 328, consagra la participación activa de la Fuerza Armada en el desarrollo nacional). Además, militarizó jurídicamente a la sociedad, creando una Reserva y una Guardia Territorial y así convirtiendo a los ciudadanos mayores de 18 años en potenciales defensores de la revolución bolivariana.

El 17 de julio pasado se publicó en Washington un informe titulado “Concentración y abuso de poder en la Venezuela de Chávez”, elaborado por la ONG Human Rights Watch (HRW). En el mismo se dice que en los últimos 4 años ha crecido el abuso de poder perpetrado por el mandatario Hugo Chávez.

“La acumulación de poder por el Ejecutivo —dice el informe— la remoción de las salvaguardas institucionales y la erosión de garantías, han dado al gobierno de Chávez una carta blanca para intimidar, censurar y perseguir venezolanos que critiquen a su Presidente o a su agenda política”.

También afirma dicho relatorio, que la Asamblea Nacional de mayoría chavista, amplió los poderes de la Presidencia para limitar la libertad de expresión y castigar a sus críticos. Y que la Suprema Corte de Justicia rechazó explícitamente el concepto de separación de poderes e independencia jurídica y se limitó a promover la agenda política chavista.

De acuerdo al informe que estamos comentando, el ejemplo más alarmante de esa escalada de violación a los principios básicos, es el de la Jueza María Lourdes Afiuni. La magistrada había dispuesto, en 2009, la libertad de un empresario crítico del gobierno. Afiuni fue detenida luego de que Chávez criticara vehementemente su decisión y está actualmente en prisión domiciliaria, condenada a 30 años.

HRW cita asimismo el caso del líder antichavista y ex Gobernador de Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, detenido en 2010 después de declarar en el canal de TV privado Globovisión, que el gobierno de Venezuela violaba los derechos humanos y tenía vínculos con el terrorismo y el narcotráfico.

Por otra parte, sabido es que Chávez ha rechazado la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los mecanismos de la OEA para procurar reparar abusos ante la inacción de los tribunales nacionales. Y no sólo eso sino que ahora ha anunciado el retiro de Venezuela de esos organismos.

Con respecto a los medios de difusión, en diciembre de 2010, la mayoría chavista en la Asamblea Nacional modificó la Ley de Responsabilidad Social de 2004 para que las restricciones existentes a la libertad de expresión se apliquen también a Internet. Y agregó nuevas prohibiciones de transmitir mensajes que “fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público”, y le otorgó al organismo de telecomunicaciones controlado por el Ejecutivo, amplios poderes para sancionar.

De la misma manera el gobierno bolivariano ha ampliado la cantidad de medios estatales de comunicación, favorables a Chávez. También ha usado ampliamente sus facultades para emitir cadenas, y es habitual interrumpir la programación para transmitir discursos presidenciales y mensajes que destacan políticas chavistas.
Así, el Presidente suma, en lo que va de año, 75 horas y 20 minutos por cadena nacional (según ONG Monitoreo Ciudadano), más las 9 horas y 49 minutos que Chávez empleó el 13 de enero para presentar las cuentas de su mandato ante el Parlamento y que fueron retransmitidas.

Contrariamente, son perseguidos los medios de comunicación que ofrecen una programación crítica del gobierno. Así el canal de TV más antiguo de Venezuela, RCTV, fue arbitrariamente retirado del aire en 2007. Si bien todavía es habitual que la prensa escrita, Globovisión y algunos otros medios critiquen al gobierno — según HRW— el temor a sufrir represalias lleva a la autocensura.

Cuando HRW dio a conocer su último informe exhaustivo sobre Venezuela en una conferencia de prensa que tuvo lugar en Caracas en 2008, la respuesta del Presidente Chávez fue detener a los representantes de la organización e inmediatamente expulsarlos del país. Según la BBC la divulgación de este último informe, llevará al gobierno de Chávez a acusar a la HRW de estar aliada a la oposición. Y dice la radio británica que, durante la primera semana de campaña, Chávez violó la ley electoral 217 veces.

El 31 de julio —según todas las apariencias— pese a la irregularidad e ilegalidad del trámite, Venezuela se convertirá en un miembro pleno del Mercosur. Por lo tanto estará sujeta a todos los instrumentos jurídicos de ese organismo de integración.

Entre ellos el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático que establece en su artículo 1º: “La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes del presente Protocolo”.

¿Entenderán los demás Estados del Mercosur que en Venezuela se da la plena vigencia de las instituciones democráticas? Si deciden que sí, la credibilidad del Mercosur sufrirá otro golpe mortal.

Pero si opinan que no ¿Se valdrán del Protocolo para aplicar el mismo rigor que a Paraguay?

En las actuales circunstancias, nadie me puede reprochar si expreso mi convencido escepticismo y mi pena por la institucionalidad regional.

Sobre el autor

Escritor, Periodista, Analista Internacional, Ex Embajador.